Som Grau o cómo una generación de diseñadores quedó atrapada entre dos sistemas

La plataforma Som Grau ha reabierto un conflicto que lleva años enquistado en el diseño español: el de miles de profesionales formados antes del Plan Bolonia que hoy ven limitada su carrera por no disponer de una equivalencia clara con el grado universitario. No se trata de un malentendido individual ni de un simple debate académico. Detrás hay décadas de indefinición institucional, cambios legislativos, sentencias y transiciones mal resueltas que han dejado a una parte del sector en una posición de desventaja objetiva frente a generaciones posteriores. Descarga el manifiesto o únete al grupo de WhatsApp o cuenta de Instagram.

La aparición de Som Grau ha devuelto al primer plano un problema que el sector conoce desde hace años, pero que nunca ha terminado de afrontar de verdad. La plataforma, nacida en Catalunya, reclama una solución para los diseñadores gráficos formados antes de la implantación del Plan Bolonia, muchos de ellos con más de veinte años de experiencia profesional y, sin embargo, sin una equivalencia académica clara respecto al actual grado universitario. Lo que denuncian no es una cuestión simbólica ni una batalla por el prestigio del título. Hablan de algo mucho más concreto: dificultades para acceder a la docencia, para presentarse a determinadas convocatorias públicas, para competir en licitaciones o para hacer valer académicamente una trayectoria que en el mercado sí ha sido reconocida durante décadas.

Un problema que viene de lejos

El problema no nace de una mala decisión personal ni de una elección equivocada de estudios. Tiene detrás una larga cadena de déficits estructurales, vacilaciones administrativas y reformas educativas incompletas. En Catalunya, uno de los puntos de origen está en el encaje histórico de la Llotja y de las escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos dentro del sistema educativo. Ya en 1981, con el traspaso de la Llotja a la Conselleria d’Ensenyament, aparece una tensión de fondo: cómo ubicar una institución singular, con una tradición propia y una lógica pedagógica que no encajaba del todo ni en la formación profesional clásica ni en la universidad.

Durante los años noventa esa indefinición se hizo especialmente visible. La administración fue encadenando intentos, rectificaciones y soluciones provisionales. En 1990 se hablaba de implementar el plan experimental de 1984, pero finalmente se recomendó seguir con el viejo Plan del 63 a la espera de la LOGSE. En 1992 el claustro rechazó la implantación de ciclos formativos tal y como se planteaban, precisamente porque entendía que no respondían bien a la naturaleza de estos estudios. En 1993 la dirección de la Llotja elaboró un plan para alcanzar el nivel de escuela superior, aprovechando las posibilidades que abría la LOGSE. En 1995 ese plan fue presentado a la administración, pero quedó frenado hasta que arrancaran los ciclos. Y en 1996 la situación desembocó incluso en una huelga ante el inmovilismo y la incertidumbre institucional. No eran episodios aislados. Eran síntomas de una misma incapacidad: la de dotar a los estudios de diseño de una estructura estable y reconocible.

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Mientras tanto, otros itinerarios sí fueron encontrando vías de consolidación. Algunas escuelas privadas alcanzaron el nivel superior mediante acuerdos con universidades. Y ese punto es clave, porque ahí empieza a dibujarse uno de los agravios que hoy denuncia Som Grau. Profesionales de una misma generación, con recorridos formativos en muchos casos equiparables, no tuvieron luego las mismas oportunidades de adaptación académica. Unos pudieron acceder a procesos de retitulación o transición; otros, no.

Con la llegada de los años 2000 parecía que el sistema avanzaba hacia un cierto reconocimiento superior de estos estudios. En 2002 convivían los ciclos con los estudios superiores de diseño no universitarios. En 2003 nacía por ley el Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya, un paso importante para ordenar la profesión. Pero el gran punto de inflexión llegó en 2009, con la aprobación del real decreto que ordenaba las enseñanzas artísticas superiores en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. A partir de ahí empezó a instalarse de forma mucho más visible el lenguaje del grado y del postgrado en diseño.

Para muchos titulados anteriores, aquel momento marcó una ruptura. Sus estudios, que históricamente habían tenido una consideración alta en términos profesionales y que durante años habían servido para trabajar, dirigir equipos o asumir responsabilidades, quedaban de pronto por debajo del nuevo lenguaje académico. La herida se hizo todavía más profunda en 2012, cuando el Tribunal Supremo anuló las expresiones “de grado” y “graduado o graduada” aplicadas a estas enseñanzas artísticas superiores. La consecuencia jurídica era clara: una escuela artística superior no podía otorgar un grado universitario. A partir de ahí quedó fijada una distinción que todavía hoy tiene efectos prácticos. Una cosa era el grado universitario y otra el título superior de enseñanzas artísticas, aunque ambos pudieran compartir nivel en ciertos marcos de equivalencia. Sobre el papel, el sistema quedaba ordenado. En la práctica, dejaba sin resolver qué pasaba con quienes venían de atrás.

El coste de una transición mal resuelta

Ese vacío no fue corregido con una solución razonable para los titulados pre-Bolonia. Al contrario. Entre 2010 y los años posteriores a las sentencias hubo bastante confusión en centros, folletos y documentos. Y cuando la situación jurídica se aclaró, lo hizo sin una vía clara de adaptación general para quienes ya estaban en activo. El resultado fue que muchos profesionales tuvieron que asumir personalmente el coste de la transición. En 2017, por ejemplo, un titulado en diseño que quisiera obtener además un grado universitario podía verse obligado a cursar casi tres años más, porque las convalidaciones reconocían pocos créditos y no reducían de forma sustancial el recorrido hasta los 240 ECTS. Es decir, la puerta no estaba cerrada del todo, pero sí diseñada de una manera poco realista para personas con carrera profesional, responsabilidades familiares y años de trabajo acumulado.

A eso se añadió otro problema de fondo: la diferencia entre reconocimiento profesional y reconocimiento académico. Ya en 2014, una modificación legal relativa al colegio profesional catalán admitía de hecho que había diseñadores con trayectorias largas y posiciones de responsabilidad que no podían colegiarse por no disponer de la titulación universitaria exigida, pese a que llevaban años ejerciendo la profesión. Más adelante, la jurisprudencia dejó claro además que la habilitación profesional para colegiación no equivalía a la titulación académica requerida para acceder a la función pública. Es decir, aunque el sector pudiera reconocer a un profesional como plenamente válido, la administración podía seguir dejándolo fuera si la convocatoria exigía una credencial concreta.

Ese es el núcleo del conflicto. No estamos ante una generación que pida privilegios retrospectivos ni una convalidación automática por antigüedad. Lo que reclama este colectivo es que se reconozca que el sistema descargó sobre ellos el coste de una transición mal resuelta. Que quienes estudiaron diseño gráfico antes de que existiera un grado universitario oficial no deberían quedar penalizados décadas después por una arquitectura académica que entonces no estaba disponible en los mismos términos. Y que si otros ámbitos, como magisterio, turismo, biblioteconomía o graduado social, tuvieron procesos de adaptación, resulta legítimo preguntarse por qué el diseño quedó fuera.

Lo más incómodo de todo es que este conflicto no cayó del cielo ni apareció de repente. Hace años que estaba ahí. Ya hubo advertencias, manifiestos, voces del sector y señales suficientes para entender que la transición hacia Bolonia podía dejar fuera a una parte importante de la profesión. Pero se prefirió mirar hacia otra parte. Quizá porque era un asunto árido. Quizá porque no daba titulares brillantes. Quizá porque exigía sentarse a discutir con la Administración, con las universidades y con los responsables políticos en lugar de limitarse a celebrar el diseño como si todo estuviera resuelto.

El resultado es que una generación ha tenido que organizarse por su cuenta para reclamar algo que debería haber sido una prioridad colectiva. Mientras se multiplicaban premios, festivales, encuentros, capitalidades, congresos y estructuras de representación, este problema seguía en un segundo plano. Y esa es probablemente la parte más reprobable de todo este asunto. El diseño lleva años reclamando reconocimiento institucional, peso económico y centralidad cultural. Pero no puede pedir todo eso mientras deja fuera a una parte sustancial de sus propios profesionales. Menos épica sectorial y más soluciones concretas. Menos ceremonias de autocelebración y más presión para abrir vías de equiparación académica justas, viables y adaptadas a la realidad de quienes sostuvieron la profesión mucho antes de que el diseño empezara a hablar el idioma universitario que hoy se da por hecho.

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