Recuerdo cuando alguien intentó explicarme, en un pasillo del Ayuntamiento de Madrid, algunas lógicas de la Ley de Contratación de Servicios Públicos (LCSP). La explicación se desarrolló en un formato para dummies lo cual fue muy útil.
Así es como funciona: la LCSP históricamente se basaba en un modelo básico de contratación, similar a comprar tornillos. En esta situación, la Administración puede especificar cuántos tornillos necesita, sus características como tamaño, rosca y aleación. Como resultado, todas las empresas que participen proporcionarán el mismo tipo de tornillo, y el contrato se adjudicará al proveedor que ofrezca el precio más bajo o que asuma otros costos adicionales, como la distribución o el almacenamiento, en lo que se conoce como “mejoras”.
Es importante destacar que este enfoque se ha mantenido por inercia a lo largo del tiempo. Además, gran parte de la complejidad legal y burocrática en el proceso de licitación se centra en prevenir abusos, corrupción y malas prácticas, lo que lleva a desconfiar de las valoraciones subjetivas. Esto puede llevar a la creencia errónea de que un logotipo que cuesta 10 es mejor que uno que cuesta 12. Cuando se añade automatización o falta de conocimiento sobre el producto en cuestión, un mal logotipo que vale 10 puede considerarse mejor que un buen logotipo que vale 12.
Avancemos hasta 2017. Ese año se aprobó una nueva LCSP que cambió el enfoque de la contratación pública de servicios. Se empezó a ver como una inversión estratégica para la Administración y la sociedad, en lugar de una mera burocracia en el gasto público. Esta ley hace hincapié en la protección de las PYMES, en la contratación socialmente responsable y, en particular, en el artículo 145, el precio se vincula directamente a criterios de rentabilidad y eficacia.
Volviendo a Madrid, el Acuerdo Marco del Ayuntamiento está en constante evolución, como debería ser, aunque en este momento desconozco su dirección e intención actuales. Para abordar una brecha que podría permitir malas prácticas en el Acuerdo Marco de 2018, se llevó a cabo una licitación que obligaba a los estudios, profesionales y agencias ganadores a volver a competir cada vez que se presentaba una solicitud, esta vez solo en términos de precio y sin límite mínimo. Lo que ocurrió a continuación sorprendió al Ayuntamiento, pero solo a él: los descuentos superiores al 50% se volvieron algo común.
La licitación actual mantiene la eliminación mediante un jurado; si no se alcanza un mínimo de calidad, no se avanza a la oferta económica. Sin embargo, si se obtiene un aprobado justo en la siguiente fase y se ofrece un precio lo suficientemente bajo, se puede superar al competidor más destacado. La oferta económica se valora tres veces más que la técnica (75/25).
El diseño de un concurso de este tipo es un equilibrio entre incentivos y restricciones. A través de ellos, se permite la entrada de ciertos proveedores, capacidades y comportamientos, mientras que se limita la participación de otros. Una proporción de 75/25, incluso en la última fase, favorece en exceso el descuento sobre la calidad. Todos los participantes saben que, para tener posibilidades, deben considerar seriamente la posibilidad de reducir sus honorarios de manera significativa. Esto se produce sobre un tarifario detallado y ajustado en precio, que no anticipaba este tipo de descuentos (la proporción anterior era de 35 para precio y 65 para técnica). En este juego de premios y castigos, se fomenta la precariedad en empresas que no pueden permitirse aceptar condiciones desfavorables a cambio de visibilidad.
Este enfoque no concuerda con el espíritu de la LCSP, que busca promover la contratación pública como una herramienta estratégica. En el caso del diseño, un sector estratégico para la ciudad, no es adecuado normalizar condiciones de escasez e inestabilidad que afectan negativamente a la salud de la industria. Además, perdemos de vista que la comunicación pública es un servicio público, y cuanto mayor sea su calidad, claridad y relevancia, mejor será el servicio que recibe la ciudadanía. Por lo tanto, el diseño de la licitación debe tener como objetivo atraer al mejor talento posible, en lugar de centrarse únicamente en proveedores que puedan reducir al máximo los costos. La diferencia fundamental entre diseñar logotipos y comprar tornillos es que los últimos solo sirven para apretar.