La Llagosta ofrece 800 euros por la imagen gráfica de su Festa Major y la somete al populismo de la votación popular

El Ayuntamiento de La Llagosta ha convocado un concurso para elegir el cartel de su Festa Major 2026 con un premio de 800 euros para la propuesta ganadora, que además deberá convertirse en la imagen gráfica de la fiesta y adaptarse a distintos soportes sin mencionar cuantos y de que complejidad se tratan.

A la baja remuneración se suma una decisión especialmente significativa: las obras finalistas se someterán a votación popular. Una fórmula cómoda para la política municipal, que convierte el diseño en participación aparente y el trabajo profesional en material de campaña simbólica, con el agravante de que la elección puede acabar condicionada por simpatías, amiguismos o la capacidad de cada participante para movilizar a familiares y amigos. Porque la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿por qué el diseño sí puede decidirse por aplauso popular y otros servicios del ayuntamiento no?

El problema principal está en la dimensión real del encargo. Según la convocatoria, el cartel ganador se convertirá en la imagen gráfica de la Festa Major 2026 y la persona ganadora se comprometerá a realizar las adaptaciones necesarias para los diferentes soportes. Dicho de otro modo: no se está premiando únicamente un cartel, sino una imagen gráfica para una fiesta municipal, con aplicaciones posteriores que no se concretan ni se presupuestan aparte.

La cuantía del premio resulta especialmente baja si se tiene en cuenta esa obligación. Las bases establecen tres premios económicos: 800 euros para el cartel ganador, 400 euros para el segundo clasificado y 200 euros para el tercero, todos sujetos a la retención legal de IRPF. Aunque es positivo que existan premios económicos y no solo una recompensa simbólica, 800 euros difícilmente pueden considerarse una remuneración adecuada para desarrollar la imagen gráfica de una fiesta mayor y asumir adaptaciones posteriores.

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A ello se suma el sistema de elección. El jurado realizará una primera selección valorando creatividad, impacto visual e idoneidad, pero las obras finalistas pasarán después a una votación popular electrónica entre personas mayores de 16 años empadronadas en La Llagosta.

Este tipo de votaciones convierten el diseño en un terreno de simpatías. En un contexto municipal, el resultado puede depender menos de la calidad gráfica que de la capacidad de cada participante para movilizar a su entorno. Familiares, amigos, asociaciones, grupos locales o contactos personales pueden acabar pesando más que la eficacia de la propuesta. Y ahí la participación deja de ser un ejercicio democrático y se convierte en una forma barata de legitimar una decisión que debería estar guiada por criterios técnicos.

¿Por qué el diseño se somete tan a menudo a votación popular y no otros servicios municipales? Un ayuntamiento no elige por votación vecinal a quien redacta un informe jurídico, desarrolla un plan técnico o somete a votación popular si este mes cobra el alcalde. Sin embargo, cuando se trata de comunicación visual, muchas administraciones siguen actuando como si el diseño fuera una cuestión de gusto, una actividad amable o una excusa para activar la participación.

El caso de La Llagosta no es excepcional. Forma parte de una práctica muy extendida en ayuntamientos y entidades públicas: utilizar el concurso de carteles como sustituto barato del encargo profesional. La fórmula es conocida. Se convoca un concurso, se reciben propuestas, se paga poco, se genera contenido institucional y se presenta todo como una iniciativa abierta y participativa. Pero lo que hay detrás es una necesidad real de comunicación que debería resolverse con condiciones profesionales.

Si el Ayuntamiento necesita una imagen gráfica para su Festa Major, debería contratarla como tal: con un presupuesto claro, un briefing definido, una relación profesional y una remuneración proporcional al trabajo solicitado. Si quiere fomentar la participación ciudadana, puede hacerlo mediante actividades culturales, talleres, exposiciones o procesos consultivos sobre la propia fiesta. Lo que no parece razonable es convertir una necesidad de diseño en un concurso de bajo coste y, además, someter la decisión final al aplauso popular.