14.000 euros para organizar, 800 para crear: el Gobierno de Canarias retuerce la fórmula del concurso especulativo
La Dirección General de Transportes y Movilidad adjudicó por 13.750 euros más impuestos a Pepa Studio Brand la organización de un concurso de vídeos sobre movilidad sostenible. Mientras la empresa tiene garantizada su remuneración por gestionar el certamen, quienes realizan el trabajo creativo compiten sin cobrar y solo dos ganadores recibirán un premio de 1.000 euros brutos —810 euros tras la retención del IRPF— a cambio, además, de ceder en exclusiva y por tiempo indefinido los derechos de explotación de sus obras. La fórmula añade una nueva capa al viejo problema de los concursos especulativos: pagar profesionalmente a quien organiza la competición mientras los creadores asumen el trabajo y el riesgo.
El concurso «Islas en Marcha» está promovido por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y busca vídeos sobre movilidad sostenible en el archipiélago. Se divide en dos categorías, Motion Graphics y Spot Real, y está abierto a personas mayores de 16 años residentes en Canarias.
Para participar hay que producir una pieza original e inédita de entre 30 y 40 segundos, en formato vertical y con una resolución mínima de 1080 × 1920 píxeles. Es decir, no se presenta un portfolio, una trayectoria profesional, un concepto o una propuesta previa: se entrega el trabajo terminado.
A partir de ahí, un jurado profesional seleccionará seis finalistas, tres por categoría. Esos seis trabajos serán publicados individualmente en las redes sociales de la Consejería para someterse a una votación popular, cuyo resultado supondrá el 10 % de la valoración final. El 90 % restante dependerá del jurado.
Solo dos de esas seis personas finalistas cobrarán. El premio establecido es de 1.000 euros brutos por categoría y está sujeto a una retención del IRPF del 19 %. Por tanto, cada ganador recibirá inicialmente 810 euros. Los demás participantes no percibirán remuneración alguna por las piezas realizadas y los cuatro finalistas que no ganen tampoco cobrarán por la difusión de sus vídeos durante el concurso.
Un contrato de 13.750 euros para organizar el concurso
La otra parte de la historia aparece al consultar la contratación pública. La Dirección General de Transportes y Movilidad adjudicó a Pepa Studio Brand, S.L. un contrato menor para la organización del concurso por 13.750 euros antes de impuestos.
El objeto del contrato es precisamente la prestación de un servicio de «consultoría y asistencia para convocar un concurso de ideas de creación audiovisual sobre la movilidad sostenible». El valor estimado del contrato se fijó en 14.000 euros.
Que una empresa cobre por organizar un concurso no resulta extraño. Convocarlo, gestionarlo, coordinar participantes, resolver incidencias o desarrollar su comunicación requiere trabajo y ese trabajo debe ser remunerado. La paradoja aparece al observar qué sucede al otro lado del mismo proceso: la Administración reconoce económicamente el trabajo del intermediario, pero convierte el trabajo de los creadores en una competición a riesgo.
Pepa Studio Brand sabe cuánto cobrará antes de comenzar: 13.750 euros. Los participantes, en cambio, deben concebir y producir previamente una pieza audiovisual terminada sin saber si recibirán un solo euro. Finalmente, dos cobrarán 810 euros tras la retención y el resto habrá trabajado gratis.
Para los ganadores existe además una condición adicional. Las bases del concurso establecen que deberán ceder los derechos patrimoniales de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación con carácter exclusivo, por tiempo indefinido y para todo el mundo, con el objetivo de que sus vídeos puedan ser utilizados institucionalmente por el Gobierno de Canarias.
Los seis finalistas, aunque no resulten ganadores, autorizan asimismo la publicación y difusión de sus trabajos en las redes sociales de la Consejería y del Bono Residente Canario durante el concurso y su promoción.
No es la primera vez
Tampoco es la primera ocasión en la que Pepa Studio Brand trabaja para esta Dirección General organizando un concurso creativo. La empresa ya fue contratada anteriormente para prestar servicios de consultoría y asistencia técnica en la organización de un concurso para el diseño del portabono del Bono Residente Canario.
El problema, por tanto, trasciende la cuantía de un premio concreto. Los concursos especulativos llevan años siendo cuestionados por asociaciones y profesionales del diseño porque trasladan al creador el riesgo de producir un trabajo sin garantía de remuneración. En este caso aparece una vuelta de tuerca especialmente significativa: la propia organización del concurso se profesionaliza, se externaliza y se paga; la creación que constituye su razón de ser continúa sometida a la lógica de trabajar primero y quizá cobrar después.
No se trata de discutir que Pepa Studio Brand cobre por su trabajo. Precisamente al contrario. Si organizar, gestionar y comunicar un concurso merece una remuneración profesional, cuesta justificar que producir las piezas sobre las que se sostiene ese mismo concurso no la merezca también.
El resultado es un sistema difícil de ignorar: hay un intermediario con una remuneración garantizada, dos creadores que recibirán 810 euros y un número indeterminado de participantes que habrán producido una pieza audiovisual completa sin cobrar nada. Todo ello dentro de una iniciativa impulsada por una Administración pública.
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