Las dos convocatorias lanzadas por EIDE para la imagen gráfica y la web de DISEINUZ, el nuevo Bilbao Bizkaia Design Summit, limitan la participación a profesionales, estudios o empresas con domicilio social en Euskadi o Navarra, contrario a la normativa europea. Además, exigen documentación administrativa desde la primera fase; incluyen criterios de valoración sin ponderación pública y medible; y en el caso de la identidad visual, convierten la carta de motivación en un elemento evaluable.
Las convocatorias no piden desarrollar propuestas creativas gratuitas. No obligan a presentar un logotipo, una identidad, una campaña o una maqueta web sin remuneración. Tampoco plantean un premio simbólico ni una compensación menor. Cada encargo cuenta con un presupuesto de 15.000 euros antes de impuestos, una cantidad que, sin ser especialmente holgada para el alcance previsto, se sitúa lejos de los concursos especulativos que el sector lleva años denunciando.
También hay elementos correctos en materia de derechos de autor. En la convocatoria de identidad visual se reconoce que la autoría corresponde a la persona o estudio seleccionado, que cualquier uso distinto al previsto deberá contar con consentimiento explícito y remuneración añadida, y que las propuestas no seleccionadas mantendrán íntegramente sus derechos y no podrán ser utilizadas por la organización. Esa parte, en un contexto profesional donde todavía abundan bases abusivas, merece ser reconocida.
Un concurso cerrado por territorio
Las dos bases limitan la participación a profesionales, estudios o empresas con domicilio social en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra. Dicho de otro modo: un estudio de València, Madrid, Barcelona, A Coruña, Sevilla, Zaragoza, Lisboa o París no podría presentarse, aunque tuviera experiencia suficiente, aunque hubiera trabajado en eventos similares o aunque pudiera ofrecer una propuesta especialmente adecuada.
La cuestión es relevante porque DISEINUZ no aparece como una iniciativa privada ordinaria. En las propias bases se explica que la Bilbao Bizkaia Design Week venía siendo impulsada por Beaz, vinculada a la Diputación Foral de Bizkaia, y Bilbao Ekintza, sociedad municipal del Ayuntamiento de Bilbao. También se indica que, en esta nueva etapa, EIDE asume el liderazgo y la coordinación, mientras Beaz y Bilbao Ekintza continúan como promotores principales.
Es decir, aunque la convocatoria sea gestionada por una asociación privada, el evento está claramente vinculado a promotores públicos. Y eso obliga, como mínimo, a extremar la transparencia y la concurrencia. No se trata de negar la importancia de activar el tejido local. Las instituciones pueden apoyar a sus ecosistemas profesionales mediante programas, ayudas, formación, acompañamiento o políticas de fortalecimiento del sector. Pero cerrar de entrada un proceso competitivo a quienes no tengan domicilio social en un territorio concreto plantea dudas evidentes, especialmente cuando hablamos de un evento promovido y patrocinado por entidades públicas.
La Ley de Contratos del Sector Público establece, para los procedimientos sometidos a ella, principios como igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad y libre competencia. Y en los concursos de proyectos señala expresamente que, cuando se limite el número de participantes, el acceso no puede restringirse a un determinado ámbito territorial. Si hay dinero público detrás, las reglas deberían ser especialmente abiertas, claras y justificadas.
Criterios sin ponderar y burocracia desde el minuto uno
El segundo punto conflictivo es la valoración. Las bases incluyen criterios, pero no explican cuánto pesa cada uno. Se habla de portfolio, capacidad técnica, experiencia, metodología, ajuste al proyecto, carta de motivación, originalidad, calidad visual o vinculación con el briefing, pero no se publica una ponderación. No sabemos si el portfolio vale un 60%, la trayectoria un 20% o la carta un 5%. No sabemos si la motivación puede inclinar una decisión frente a la solvencia técnica. Tampoco se identifican públicamente los nombres del comité de selección, más allá de que estará integrado por miembros designados por EIDE vinculados al comisariado y al equipo organizador.
Eso no significa que el resultado vaya a ser necesariamente injusto. Pero sí deja el procedimiento en un terreno demasiado subjetivo. Una convocatoria profesional no debería depender solo de la confianza en el criterio de quien selecciona. Debe permitir entender cómo se compara, cómo se decide y cómo se justifica una elección. La ausencia de ponderación no solo debilita la transparencia; también abre la puerta a reclamaciones, malentendidos y conflictos que podrían evitarse con unas bases más precisas.
La falta de esa ponderación ya ha provocado conflictos en otros procedimientos públicos, con impugnaciones por parte de profesionales que consideraron que su candidatura había sido valorada de forma subjetiva o desigual. En contratación pública, la jurisprudencia ha insistido precisamente en que los criterios y sus coeficientes de ponderación deben establecerse con claridad en los pliegos para garantizar objetividad, igualdad de trato y transparencia. No hacerlo abre la puerta a reclamaciones, revisiones e incluso indemnizaciones si se acredita un perjuicio.
A ello se suma la carga documental exigida desde la primera fase. Para presentarse se solicita portfolio, trayectoria o perfil del equipo, carta de motivación y, en el caso de la web, también plan de trabajo. Además, se piden certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y documentación administrativa como copia del CIF y certificados oficiales de Agencia Tributaria, Seguridad Social o administración autonómica correspondiente.
Esa documentación puede tener sentido para el adjudicatario. Incluso para finalistas. Pero pedirla a todas las candidaturas desde el inicio resulta desproporcionado. Preparar certificados, ordenar un portfolio, redactar una carta, ajustar una presentación y reunir documentación también es trabajo. Y esa carga no afecta igual a una gran agencia que a un estudio pequeño, un autónomo o una estructura unipersonal, que son precisamente una parte fundamental del tejido profesional del diseño.
El tercer elemento llamativo es la carta de motivación. En la convocatoria de web se pide como documento obligatorio. En la de identidad visual, además, se convierte en criterio de valoración. Las bases indican que se evaluará el “grado de motivación en relación directa al encargo”, la “vinculación con el briefing”, la “originalidad” y la “redacción clara y extensión breve”.
Resulta difícil no detenerse en ese punto. ¿De verdad un profesional del diseño debe demostrar su motivación para optar a un encargo remunerado? Una cosa es pedir una breve memoria de enfoque, una metodología o una explicación de cómo se abordaría el trabajo. Otra muy distinta es valorar la motivación como si el diseñador estuviera solicitando una beca, una residencia o una plaza académica. La motivación de un profesional debería presuponerse en su trayectoria, su solvencia, su portfolio y su capacidad para cumplir correctamente un encargo.
El caso DISEINUZ deja una paradoja incómoda. EIDE impulsa un evento que quiere situar el diseño en el centro de la economía, la innovación y la transformación territorial. El objetivo es pertinente. Pero la forma de convocar dos encargos clave reproduce inercias que el propio sector lleva años señalando: exceso de carga previa, criterios subjetivos, poca transparencia en la evaluación y una restricción territorial difícil de justificar cuando intervienen promotores públicos.
No basta con no pedir propuestas gratuitas. Eso debería ser el mínimo. La profesionalización del diseño empieza antes: en las bases, en los plazos, en los criterios, en la documentación exigida, en la claridad del presupuesto y en el respeto al tiempo de quienes se presentan. Y ahí estas dos convocatorias, pese a tener aspectos positivos, dejan demasiadas preguntas abiertas.














