300 euros por el cartel a concurso de la fiesta mayor de Sant Andreu desata críticas

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El concurso para diseñar el cartel de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2026, organizado por la Comissió de Festa Major, ha generado críticas entre profesionales del diseño tras hacerse públicas sus bases. La convocatoria, abierta a cualquier participante y con un único premio de 300 euros, estará vigente hasta el próximo 12 de septiembre. La reacción se ha trasladado especialmente a redes sociales, donde diseñadores y estudios han cuestionado tanto la dotación económica como el modelo de concurso planteado.

Las críticas no han tardado en aparecer. Bajo el propio anuncio del concurso en Instagram, la reacción ha sido inmediata y, sobre todo, muy clara en el tono. “6 meses recibiendo propuestas gratuitas para acabar pagando solo a uno 300€”; “¿Puedo ir a comer a varios sitios y pagar solo el que más me guste?”; “300€ no cubre el trabajo que lleva un cartel”; “Es un insulto a los profesionales del diseño”. Mensajes directos, sin demasiados matices, que evidencian un malestar cada vez más extendido en el sector.

A esta reacción pública se suma también lo que está ocurriendo fuera de las redes. En los últimos días, la redacción de Gràffica ha recibido numerosos correos y mensajes de profesionales del diseño que expresan su malestar ante este tipo de convocatorias. Una respuesta que refuerza la sensación de cansancio acumulado y de enfado creciente dentro del colectivo.

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En el caso de Sant Andreu, además, el contexto añade otra capa al debate. Aunque la organización recae en una comisión de fiestas, se trata de una celebración de distrito en Barcelona, con una estructura y una programación que moviliza recursos en múltiples ámbitos: actividades culturales, conciertos, iluminación, logística o restauración. En ese escenario, la imagen gráfica —el cartel que identificará y representará toda la fiesta— queda reducida a un premio de 300 euros y a un proceso competitivo abierto.

La comparación es inevitable. No se plantea un concurso para la orquesta, ni para el catering, ni para la infraestructura técnica. Sin embargo, el diseño sí se somete a un modelo en el que se compite sin garantías y con una retribución mínima. Es precisamente esa asimetría la que muchos profesionales señalan como una falta de reconocimiento hacia el trabajo creativo.

Desde Gràffica llevamos años señalando este tipo de prácticas. Durante mucho tiempo, hacerlo parecía una batalla casi perdida, una posición incómoda que muchos consideraban exagerada. Sin embargo, algo está cambiando. Cada vez que se publica un concurso de estas características, la respuesta es inmediata y masiva. Ya no son voces aisladas: hay una avalancha de comentarios que evidencian que una parte creciente del sector empieza a cuestionar abiertamente estas dinámicas.

Sigue habiendo quien defiende este tipo de convocatorias como una forma de dar oportunidades o de “democratizar” el acceso a los encargos. Pero frente a ese argumento, cada vez más profesionales entienden que este modelo es pan para hoy y hambre para mañana. Que competir sistemáticamente trabajando gratis o por cantidades simbólicas no construye una profesión más accesible, sino más frágil.

En ese sentido, el cambio de actitud es significativo. No solo se critica el concurso, también se interpela al propio sector. Se empieza a señalar que participar en este tipo de dinámicas contribuye a perpetuarlas. Que aceptar estas condiciones no es una oportunidad, sino parte del problema. Y que normalizar procesos que convierten un encargo profesional en una competición abierta, bajo una aparente capa de participación o apertura, acaba diluyendo el valor del trabajo y el respeto hacia quienes lo ejercen.

A esto se suma otro elemento relevante en este caso: la composición del jurado. Según las bases, estará formado por miembros de la propia comisión organizadora, sin que se especifique la participación de profesionales del diseño. Una circunstancia que refuerza la sensación de desconexión entre quienes convocan este tipo de concursos y la disciplina a la que afectan.

En paralelo, empieza a consolidarse una idea que hasta hace poco apenas se verbalizaba: la necesidad de señalar responsabilidades. No solo hacia quienes organizan este tipo de convocatorias, sino también hacia quienes las legitiman. Participar, promover o formar parte de jurados en este tipo de procesos deja de percibirse como algo neutro para convertirse, cada vez más, en una toma de posición dentro del propio sector.

El caso de Sant Andreu no es aislado. Pero sí vuelve a poner sobre la mesa una cuestión de fondo que sigue sin resolverse: qué lugar ocupa el diseño dentro de los presupuestos, las decisiones y las prioridades de quienes lo encargan. Y, sobre todo, hasta qué punto el propio sector está dispuesto a seguir aceptando estas condiciones.