València convoca un concurso con condiciones denigrantes y un premio irrisorio que reabre el debate sobre la precarización del diseño

El Ayuntamiento de València, a través de la Junta Municipal de Ciutat Vella, ha convocado un concurso para crear la imagen gráfica de los lugares y personajes históricos del distrito. Según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, el encargo incluye un logotipo con manual de marca —con gama cromática, proporciones, áreas de respeto, convivencia con otras marcas y ejemplos de aplicación en soportes digitales e impresos—, el diseño de un modelo de placa adaptable para más de 70 ubicaciones, y la aplicación de la identidad a tres rutas culturales. Todo ello a cambio de un único premio de 1.500 euros.

El objetivo oficial es “potenciar el orgullo de pertenencia del vecindario” y visibilizar los enclaves históricos del centro de la ciudad. Pero lo que en apariencia es una iniciativa cultural se traduce en un proceso que obliga a entregar un paquete profesional completo por una cantidad que no cubre ni una mínima parte de las horas de trabajo requeridas. Un manual de marca, aplicaciones gráficas, un sistema de señalización y un modelo de placa no son un ejercicio académico: son un encargo que en condiciones de mercado debería implicar presupuesto, contrato y fases de desarrollo.

Los puntos negros de la convocatoria

Las bases del concurso revelan varios aspectos especialmente problemáticos. El primero es el premio único: se concede un solo galardón de 1.500 euros, sin contratos posteriores ni continuidad garantizada. No hay previsión de remunerar futuras ampliaciones ni de establecer una relación profesional estable.

A ello se suma la exigencia desproporcionada. No se solicitan ideas o bocetos iniciales, como cabría esperar en una primera fase, sino un sistema gráfico completo y listo para su aplicación en todo tipo de soportes. Es decir, se exige trabajo terminado en condiciones de entrega final, sin compromiso real por parte de la administración. Es totalmente especulativo.

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Otro punto crítico es la cantidad de aplicaciones obligatorias. El diseño debe contemplar su uso en web, redes sociales, publicaciones impresas y cartelería, además de adaptarse a las tres rutas culturales propuestas y a placas físicas que se instalarán en edificios históricos. Una carga de trabajo que, en condiciones profesionales, implicaría un presupuesto mucho mayor y un desarrollo por fases.

El concurso también establece una flexibilidad unilateral a favor de la administración: el listado de lugares y rutas puede ampliarse en el futuro, pero desde el principio se exige que el diseño sea compatible con esas posibles ampliaciones. Es decir, se demanda a los participantes prever escenarios no contemplados, sin que exista compensación adicional si el proyecto crece.

En conjunto, las bases dibujan un escenario en el que se pide mucho, se paga poco y no se garantiza nada.

Algunos defienden las llamadas a proyecto como alternativa a los concursos abiertos. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario: varias de estas convocatorias han sido impugnadas y han evidenciado que no son la solución, sino otra forma de precarizar. Cuando las bases son deficientes y los honorarios insuficientes, lo único que se consigue es maquillar el mismo problema con un procedimiento más participativo en apariencia, pero igual de lesivo para la profesión.

Lo que València necesita no son más concursos ni más llamamientos abiertos, sino capacidad para contratar diseño con rigor. Eso implica reconocerlo como un servicio profesional, dotarlo de presupuestos acordes y contar con técnicos especializados —o profesionales externos— que gestionen los encargos de manera adecuada. Solo así se evitará perpetuar un modelo que devalúa el trabajo creativo y lo reduce a un trámite barato.

Un ecosistema de organismos para nada

La avalancha de mensajes recibidos en nuestra redacción tras conocerse la convocatoria refleja el malestar de buena parte del sector. La pregunta es inevitable: ¿para qué sirven entonces los organismos que, en teoría, deberían velar por la profesión?

La ADCV mantiene un pulso abierto con el Ayuntamiento tras casos como la exclusión de asociaciones profesionales del cartel de Fallas 2026. El Consell del Disseny, creado como herencia de la capitalidad mundial de 2022, ni tiene voz ni voto en decisiones de este tipo. Y la Fundació del Disseny, dependiente de fondos públicos, difícilmente pondrá en riesgo sus relaciones con la administración municipal.

Tres estructuras, tres formas distintas de estar presentes pero, en la práctica, ninguna con capacidad de frenar lo que los diseñadores perciben como concursos especulativos y denigrantes.

La contradicción es evidente. València fue Capital Mundial del Diseño en 2022, un escaparate internacional que prometía transformar la manera de entender y contratar el diseño desde lo público. Tres años después, la capitalidad ha quedado reducida a una foto fija: la ciudad sigue repitiendo los mismos errores, con concursos que pagan cantidades simbólicas y tratan el diseño como un adorno prescindible. ¿Es ese el legado del que tanto se hablaba?

+INFO: Ajuntament de València