Málaga vuelve a convertir el cartel de feria en un concurso contra el diseño

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto la votación popular para elegir el cartel de la Feria de 2026 entre cinco finalistas seleccionados de 177 propuestas. Las bases prohíben expresamente el uso de inteligencia artificial, pero varios usuarios han señalado indicios de IA en algunas obras. Más allá de la polémica visual, el caso muestra de nuevo el problema de fondo: concursos especulativos, participación no profesionalizada y decisiones de diseño sometidas al voto popular.

Según la información publicada por medios locales, al concurso se han presentado 177 obras. Las bases establecen un premio de 3.600 euros para la obra ganadora y cuatro accésits de 600 euros para los finalistas. Es decir, cinco propuestas reciben remuneración y el resto quedan sin compensación económica. Ese es el primer problema: una administración pública vuelve a pedir trabajo creativo a decenas de personas bajo un sistema competitivo en el que la mayoría no cobra.

El concurso no se plantea como un encargo profesional, sino como una convocatoria abierta. Las bases permiten participar a “todos aquellos artistas que lo deseen”, sin exigir formación específica, experiencia profesional, alta como profesional del diseño, trayectoria acreditada ni especialización en comunicación visual.

La contradicción es evidente. El Ayuntamiento pide una pieza que actuará como imagen oficial de una de las principales fiestas de la ciudad. El cartel se utilizará en soportes públicos, comunicación institucional, medios, programas, redes y materiales de difusión. No es una imagen menor ni una práctica de aficionado: es comunicación pública. Sin embargo, el proceso no reconoce plenamente el diseño como una actividad profesional.

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La IA entra en escena

La polémica se ha ampliado por los indicios de uso de inteligencia artificial en algunas de las obras finalistas. En redes sociales, varios usuarios han señalado defectos anatómicos, composiciones similares, acabados visuales y recursos formales que atribuyen a herramientas generativas. Algunos comentarios apuntan directamente a dos de los cinco carteles seleccionados.

Conviene ser precisos: sin acceso a los archivos originales, bocetos, capas, imágenes de referencia o memoria de proceso, no puede afirmarse de forma categórica que una obra haya sido generada mediante IA. Pero la cuestión es relevante porque las bases son claras: “no podrá tratarse de una obra generada mediante herramientas de inteligencia artificial que utilicen algoritmos para la generación de contenidos”.

Si el uso de IA está prohibido, el Ayuntamiento debe poder comprobarlo. No basta con incluir una frase en las bases. Hace falta un mecanismo real de verificación: solicitud de archivos editables, memoria de proceso, bocetos, documentación de imágenes utilizadas y revisión técnica si existen dudas razonables. De lo contrario, la prohibición queda en una declaración sin efectos prácticos.

Si las obras son válidas, el Ayuntamiento debería explicarlo. Si no lo son, debería actuar antes de que la votación popular decida el resultado.

Votar quién cobra

El sistema de votación popular añade otro conflicto. Las bases establecen que el jurado selecciona cinco carteles finalistas y que después la ciudadanía elige el ganador. Es una fórmula presentada como participación –es una formación populista–, pero aplicada a un trabajo de diseño resulta discutible. La ciudadanía puede opinar sobre la feria, su programación o su modelo festivo. Pero decidir qué propuesta gráfica merece cobrar por representar institucionalmente a una ciudad no debería resolverse como una encuesta.

El diseño trabaja para la sociedad, pero no por eso todas sus decisiones deben someterse al voto popular. En otros ámbitos profesionales sería difícil aceptar un procedimiento similar. Nadie vota qué arquitecto debe cobrar una obra pública, qué técnico debe firmar un informe o qué proveedor municipal merece facturar por un servicio prestado. En cambio, con el diseño todavía se mantiene la idea de que competir gratis, exponerse al juicio público y cobrar solo si se gana forma parte natural del oficio.

El Ayuntamiento de Málaga todavía está a tiempo de revisar el proceso. Si hay dudas sobre el uso de inteligencia artificial, debe pedir documentación técnica a los autores finalistas y aclarar cómo se ha comprobado el cumplimiento de las bases. Si las obras cumplen las condiciones, debería hacerlo público. Si no las cumplen, debería retirarlas y corregir la selección.

Pero incluso más allá de esta edición, la cuestión de fondo sigue pendiente: las administraciones públicas no deberían utilizar concursos especulativos para resolver encargos de comunicación institucional. Si una ciudad necesita un cartel, debe encargarlo con criterios profesionales, honorarios adecuados, proceso claro y responsabilidad técnica. La Feria de Málaga merece una buena imagen. Y el diseño merece algo más que una votación popular para decidir si cobra.