Las asociaciones me piden que rectifique. Y estoy encantado

Hace unos días publiqué en Gràffica un artículo de opinión titulado «¿Qué está pasando entre el Ayuntamiento de Valencia y los diseñadores?». Lo firmé yo. No era una noticia neutra ni una nota informativa. Era un texto de opinión, escrito desde mi mirada, a partir de una nota de prensa que nos remitió Compromís sobre la caída de participación en la convocatoria para la imagen gráfica de la Gran Fira de València 2026.

El propio Pere Fuset se puso en contacto con nosotros y nos trasladó una información que consideraba relevante: según Compromís, la participación había descendido de manera considerable tras la ruptura entre el Ayuntamiento de Valencia y las asociaciones profesionales del diseño, como explicaron numerosos medios. En esa nota se decia claramente ‘exclusión del sector profesional’. A partir de ahí, mi intención no era reproducir una pelea política, sino abrir una reflexión más amplia sobre algo que me preocupa desde hace mucho tiempo: cómo se contrata diseño desde lo público, qué papel juegan las asociaciones profesionales, cuánto se paga realmente a los diseñadores, cómo se toman las decisiones en las llamadas a proyecto y qué garantías tienen quienes participan.

Antes incluso de entrar en el fondo de la solicitud de rectificación, hay algo que me parece importante contar. ADCV —el resto de asociaciones no me consta que lo hicieran— remitió a sus socios una comunicación interna sobre el artículo.

En ese mensaje se decía que «Gràffica ha publicado un artículo de opinión que nos menciona directamente con algunas afirmaciones falsas». También se afirmaba que «el reciente escrito presenta una mezcla de opinión, insinuaciones y falsedades sobre lo que ocurrió». En ese mailing a los socios también explicaban que habían decidido responder «no por las opiniones vertidas, sino porque el artículo contiene afirmaciones falsas sobre hechos concretos y documentables». Y añadían: «No podemos normalizar que se traspasen ciertos límites». Todo sin explicar cuales eran esas afirmaciones y cuales eran las falsedades. 

Comprendo que no les gustara mi artículo. Comprendo que les pareciera duro. Incluso comprendo que lo consideren injusto, sesgado o incómodo. Pero no acepto que se presente nuestro trabajo, mi trabajo, ante sus socios como una publicación basada en «afirmaciones falsas», «insinuaciones» y «falsedades» sin explicar que la información partía de una comunicación política identificada y que el texto era, sobre todo, un artículo de opinión.

Unos días después, ADCV, APIV y ComunitAD nos remitieron una solicitud formal de rectificación. Una solicitud anónima, sin firma personal de sus presidentes o gestores. Un mail impersonal. 

Y, por supuesto, lo tenemos en cuenta en todos sus aspectos. Si hay un dato que debe precisarse, lo correcto es escucharlo, revisarlo y, si procede, incorporarlo.

La precisión que planteaban es la siguiente: según las asociaciones, en la convocatoria de la Gran Fira de 2025 no fueron excluidas inicialmente del proceso, sino incluidas en las bases sin haber confirmado previamente su colaboración. También señalan que, en 2026, no fueron invitadas a participar en las convocatorias de Gran Fira y Fallas, que no solicitaron participar.

Una precisión terminológica o cronológica no invalida el fondo del texto. Se puede discutir si en 2025 fueron «excluidas», «incluidas sin validación previa» o si en 2026 «no fueron invitadas». Es un matiz que puede tener importancia documental, y por eso haremos la corrección pertinente.

Además, las asociaciones señalan otros dos aspectos con los que discrepan. Por un lado, rechazan la afirmación de que hayan actuado como una suerte de intermediarias necesarias entre la administración y los profesionales, defendiendo que su papel ha sido siempre el de asesoramiento y acompañamiento. Por otro, cuestionan la idea de que exista una relación directa entre su salida de determinados procesos y el descenso de participación en algunas convocatorias y que no promovieron ningún boicot a la participación profesional. Ambas cuestiones forman parte precisamente del terreno de la interpretación y del análisis. Ellas tienen una lectura de los hechos; yo tengo otra. Y en un artículo de opinión, esa diferencia de criterio no constituye una falsedad, sino el núcleo mismo del debate público. Este fue mi texto:

De las tres peticiones de corrección que plantean las asociaciones, vamos a atender únicamente la primera. Y lo hacemos porque, sinceramente, nos parece una cuestión menor y más relacionada con una precisión terminológica que con el fondo del asunto.

Sin embargo, no vamos a atender las otras dos peticiones porque no se refieren a errores objetivos de hecho, sino a interpretaciones y valoraciones contenidas en un artículo de opinión. Estamos hablando de un texto firmado, claramente identificado como opinión, en el que expreso una lectura crítica de unos acontecimientos. Mi derecho a realizar esa valoración está amparado por la libertad de expresión y no puede quedar condicionado a que las asociaciones compartan o no mis conclusiones.

Las asociaciones consideran que determinadas afirmaciones o enfoques son incorrectos; yo considero que forman parte de una interpretación legítima de los hechos, sustentada en información disponible y en una valoración personal de lo ocurrido. Su posición es perfectamente respetable, pero no convierte automáticamente en falsas las opiniones que no coinciden con la suya.

Lo más llamativo, de hecho, no ha sido la solicitud de rectificación en sí. Están en su derecho. Lo más llamativo es que, después de años de debates, conflictos, concursos discutibles, llamadas a proyecto poco transparentes, honorarios insuficientes y oportunidades perdidas para mejorar de verdad la contratación pública del diseño, las asociaciones hayan decidido centrar su respuesta en estos puntos. No en el fondo del artículo. No en la remuneración de los diseñadores. No en la publicación de actas. No en los criterios de valoración. No en la capacidad real de reclamación. No en la necesidad de que las administraciones contraten mejor. No en la baja participación de profesionales. No en la falta de comunicación de muchas convocatorias. No en la pregunta esencial: por qué tantos diseñadores han dejado de confiar en estos procesos. Por qué tantos diseñadores han dejado de confiar en las asociaciones. 

El artículo hablaba de otra cosa. Que parece no les ha movido a dar explicaciones.

Durante años he escrito sobre concursos, convocatorias, premios, llamadas a proyecto, instituciones, fundaciones, asociaciones y administraciones. Muchas veces he hablado de la ADCV porque, en el ámbito del diseño valenciano, es la asociación que más presencia pública ha tenido en estos asuntos. APIV y ComunitAD tienen sus propios espacios, sus propios debates y sus propias dinámicas sectoriales, pero en materia de diseño la interlocución más visible ha recaído casi siempre en la ADCV. Y durante años, ante muchas críticas, la respuesta habitual ha sido el silencio. Me da la sensación de que, en este comunicado, alguien ha arrastrado a otros a una batalla que no era necesariamente la suya.

El silencio también comunica. El que calla otorga. Pero sería mucho más útil que explicaran su posición de fondo. Que dijeran cómo creen que deben contratar diseño las administraciones públicas. Que aclararan qué honorarios consideran dignos. Que explicaran qué criterios deberían ser públicos. Que dijeran cómo debe documentarse una deliberación. Que defendieran qué papel debe tener una asociación privada dentro de un proceso público. Que reconocieran qué cosas han funcionado y qué cosas no.

Eso sería útil para el sector.

Gràffica está encantada de publicar la opinión de las asociaciones. Lo hemos dicho muchas veces y lo repito ahora. Somos un medio de comunicación. Nos interesa el debate, no la unanimidad. Nos interesan las posiciones distintas, incluso las que no compartimos. Nos interesa que las asociaciones expliquen su trabajo, su criterio y su visión del futuro de la profesión. Nuestra audiencia está abierta a escucharles.

También les hemos ofrecido entrevistas a las presidencias de las tres asociaciones. Ojalá acepten. Mucho me temo que no van a querer.

Los medios no estamos para promocionar eventos, actividades o actos internos. Estamos para contar lo que ocurre, abrir debates y, cuando hace falta, incomodar. También para equivocarnos, revisar y precisar. Pero no para renunciar a opinar cuando creemos que algo no funciona.

Así que sí: las asociaciones nos piden que rectifiquemos. Y estoy encantado de precisar aquello que deba precisarse. Pero mi opinión no la van a cambiar.

El problema no es solo si en 2025 fueron incluidas sin validación previa o si en 2026 no fueron invitadas. El problema es mucho mayor. El problema es que el modelo de llamadas a proyecto no está funcionando. Que muchos profesionales no participan porque no les compensa. Que los honorarios son bajos. Que los criterios son opacos. Que las actas, cuando las hay —que es casi nunca—, no siempre explican lo suficiente. Que las administraciones no tienen criterio interno. Que las asociaciones no deberían limitarse a defender su lugar en la mesa, sino exigir que la mesa esté mejor construida.

Y de eso, precisamente de eso, es de lo que me gustaría hablar.

También me gustaría hablar de qué están haciendo por las escuelas de diseño, de cuál es su opinión sobre la huelga de la educación y de qué papel creen que deben ocupar las enseñanzas artísticas en este conflicto. Porque, por ahora, su única respuesta ha sido ninguna. Como ocurrió con la DANA. Es decir, que cuando el sector necesita ayuda, su respuesta es la misma que con nosotros: silencio. Y para una vez que hablan, lo hacen para que su posición en un conflicto intrascendente quede clara: que a ellas no las expulsaron.

Sobran las palabras.