El Tribunal Supremo anula la nomenclatura de grado de las escuelas de Diseño

Una sentencia del Supremo deja sin la denominación de grado [equivalentes a las nuevas licenciaturas] a los estudios superiores de enseñanzas artísticas en España. Actualmente, más de 16.000 alumnos cursan una de las cinco especialidades afectadas: Artes Plásticas y Diseño, Música, Danza, Arte Dramático y Conservación y Restauración de Bienes Culturales que por ahora quedan en un limbo hasta que se aclare la nueva denominación.

Y es que, al parecer, el conflicto deriva por un tema de nomenclatura. El alto tribunal no pone pegas a la equiparación como enseñanzas superiores de los títulos que ofrecen unos y otros. Sin embargo, los estudios artísticos superiores tienen que llamarse de otra manera que no sea grado. De esta forma, una reciente sentencia anula una parte de la normativa aprobada a través de un real decreto a finales de 2009 por el anterior Gobierno.

La nueva normativa afecta igualmente a los centros que imparten dichas especialidades, entre ellas todas las EASD donde se imparte Diseño. La pugna entre las escuelas de Arte y Diseño y las facultades de Bellas Artes ya viene de largo. La sentencia aprobada da la razón en este caso a la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, que decidió emprender acciones legales al entender que los títulos de diseño entran en colisión con los porpios de su facultad. Un problema de competencia por los alumnos, más en tiempos de crisis, pero también, el conflicto se extiende «por los niveles laborales, salariales y competenciales» en el mercado de trabajo una vez éstos ya están graduados, según explica Víctor Medina, decano de la facultad de Bellas Artes de Granada para El País.

Desde Comisiones Obreras advierten que la sentencia podría significar «la exclusión de las enseñazas artísticas superiores del Espacio Europeo de la Educación Superior y un incumplimiento del Acuerdo de Bolonia». Así mismo, tildan la situación de «gravísima» ante la indefensión jurídica a la que se ven sometidos los estudiantes que las cursan y los centros que las imparten. Sin embargo, para el catedrático de Derecho de la Universidad de Zaragoza Antonio Embid, «la sentencia no cambia nada absolutamente; es simplemente una cuestión nominal la que se niega, no la equivalencia», en declaraciones a El País.

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La patata caliente de la educación sigue de mano en mano; una pugna que dudamos que concluya con la sentencia del Supremo y en la que la máxima damnificada es la calidad de la enseñanza, ya de por sí mermada.

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