La directiva europea que renueva los derechos de autor a nivel europeo ya ha sido aprobada definitivamente por el Pleno de la Eurocámara. Esta nueva Ley de Copyright contará con filtros automáticos obligatorios que revisarán todo lo que se sube a la red, bloqueando los contenidos que infrinjan el copyright.
La medida, que lleva tiempo siendo motivo de polémica y debate —ya que por un lado se considera que supone un riesgo para la libertad de expresión online y por otro un mecanismo para igualar los derechos de los creadores—, ha sido aprobada este martes por el Parlamento Europeo con 348 votos a favor y 274 en contra.
Esta decisión cierra las negociaciones que han estado abiertas más de dos años, siendo el documento original rechazado en junio de 2018 y reescrito para ser presentado el pasado septiembre. Precisamente es este documento reescrito y que contiene medidas más comedidas, el que ha sido aprobado hoy.
Entre los artículos de la nueva Ley de Copyright que generan más inquietud se encuentran el artículo 11 que pretende que las grandes empresas como Google paguen un impuesto a los medios por agregar sus noticas a su servicio y el artículo 13 con el que se quiere que empresas como YouTube se hagan totalmente responsables —pagando las correspondientes sanciones— de todos los contenidos que sus usuarios suben a la plataforma.
Los más críticos con la medida, afirman que la nueva Ley causará «una incertidumbre legal» y diversas problemáticas sobre todo por el carácter automático de los filtros obligatorios. Advierten del riesgo de que estos sistemas de decisión automática —que funcionan bajo una tecnología que no está suficientemente desarrollada— se conviertan en un mecanismo de censura previa. También aseguran que pondrán en peligro derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Aquellos que se posicionan a favor, destacan que este tipo de mecanismos servirán poner al mismo nivel el poder de las plataformas y el de los creadores.
Aunque ya está aprobada la nueva Ley de Copyright, su aplicación todavía se demorará dos años, periodo en el que cada Estado miembro deberá trasladar las medidas que contempla a su legislación nacional.
Las reacciones en la red no se han hecho esperar. Por un lado, los partidarios de la medida como el vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip, celebraban el logro y por otro los detractores como Julia Rueda, miembro del Parlamento Europeo, no podían evitar lamentar lo ocurrido.
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