¿Saben realmente cuánto cuesta trabajar?, por Víctor Palau

Cada vez que se publica una nueva llamada a proyecto mal remunerada —como la reciente convocatoria del Ayuntamiento de Burgos— se repite el mismo patrón. Se generan críticas, respuestas defensivas y una sensación generalizada de frustración en la profesión. Pero más allá del ruido, lo que queda en evidencia es una desconexión profunda entre quienes aprueban este tipo de propuestas y la realidad económica de quienes vivimos del diseño. La mayoría de quienes participan en la aprobación y organización de estas convocatorias, desde las administraciones hasta algunas asociaciones profesionales, parecen no tener claro lo que cuesta sacar adelante un negocio creativo. Da la impresión de que muchos no han tenido que afrontar nunca los gastos mensuales de una empresa, ni saben lo que supone pagar nóminas, alquileres, seguros sociales o simplemente mantenerse al día con Hacienda. 450 euros no es un encargo La llamada a proyecto de Burgos ofrece 450 euros (más IVA) por ser seleccionado, y 3.000 euros (IVA incluido) al proyecto ganador. A simple vista, puede parecer que se trata de una oportunidad razonable. Pero basta hacer unos pocos números para darse cuenta de que no lo es. Con ese presupuesto no es posible desarrollar un trabajo profesional que incluya investigación, conceptualización, diseño, seguimiento y entrega final. No es solo una cuestión de valoración simbólica, es una cuestión práctica: no se cubren los costes. Es difícil imaginar que con esa cantidad se pueda pagar siquiera una semana de trabajo, por no hablar de la inversión en tiempo, recursos y herramientas necesarias para cumplir con lo que se exige. Quienes aprueban estas cifras, probablemente, no han tenido que poner precio real a su trabajo. O bien son perfiles más ligados al mundo académico, institucional o administrativo, donde las dinámicas son otras y los ingresos no dependen directamente de los proyectos que consigas. En esos contextos, 450 euros pueden parecer un complemento, algo asumible. Pero en el día a día de un profesional autónomo o de un estudio, esa cifra no cubre ni los suministros básicos de un mes. La paradoja de las asociaciones Desde la asociación DIME han dicho: «somos conscientes de que las condiciones son mejorables, como también lo somos de que es mejor cualquier llamada a proyecto que un concurso en el que se solicitan propuestas no remuneradas». Esta afirmación encierra una paradoja: reconocer que algo no está bien, pero justificarlo porque “podría ser peor”. Es un argumento comprensible si se mira desde la lógica del avance incremental. Pero es muy preocupante cuando lo adopta una entidad cuyo objetivo es defender los intereses del sector. Porque asumir que “esto es lo que hay” y que “menos da una piedra” es, en el fondo, ceder terreno. Y cuando ese terreno es el valor del trabajo de todo un colectivo, las consecuencias son duraderas. Si los responsables de aprobar estas condiciones hubieran tenido que pagar nóminas, enfrentarse a la incertidumbre de un negocio, cuadrar cuentas o invertir tiempo y dinero en cada propuesta que presentan, seguramente mirarían estas cifras con otros ojos. Tal vez entonces entenderían que, más que un avance, es una consolidación de la precariedad. No es una cuestión de crítica fácil Algunos han dicho que desde Gràffica solo nos dedicamos a criticar, que hacemos artículos “por y para el salseo”. Pero la crítica, cuando está bien fundamentada, es también una forma de participación. Lo que hacemos es visibilizar una realidad que muchos viven en silencio o con resignación. No nos mueve el conflicto, sino el deseo de que las cosas mejoren. Y para que eso ocurra, hace falta ser honestos: no todo vale. Un encargo mal planteado, aunque venga con la mejor intención, sigue siendo un mal encargo. No se trata de buscar culpables, sino de entender que no se puede construir un sector profesional fuerte con modelos que no permiten a sus integrantes vivir dignamente de su trabajo. ¿Qué pasa si no se exige más? La pregunta clave es esta: ¿qué mensaje estamos enviando al aceptar estas condiciones? Porque lo que hoy se aprueba como “mejor que nada” se convierte, mañana, en el nuevo estándar. Si se acepta que un cartel institucional vale 3.000 euros brutos, con todo lo que conlleva —impuestos, costes externos, tiempo—, esa será la cifra que se repetirá una y otra vez. Y si cada año repetimos que “las condiciones podrían ser mejores” pero seguimos firmando, legitimando y participando, lo que estamos haciendo es fijar una base que cada vez cuesta más levantar. Desde Gràffica llevamos más de quince años escribiendo sobre esto. Y, aunque parezca que la historia se repite, seguimos creyendo que vale la pena hablarlo. Porque todavía hay margen para cambiar las cosas, si quienes están al frente de las asociaciones entienden que su papel no es acomodarse a lo posible, sino trabajar para alcanzar lo justo. Si queremos un diseño fuerte, digno y sostenible, necesitamos que quienes representan al sector no pierdan de vista lo más básico: que esto no es un hobby, ni un pasatiempo subvencionado. Es una profesión, y como tal, merece ser tratada.

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