Hace poco, Compromís nos remitió una nota de prensa que apuntaba a una disminución considerable en la participación de estudios y profesionales del diseño en la convocatoria para realizar la imagen gráfica de la Gran Fira de València. El dato era llamativo: solo 12 candidaturas frente a las 65 que, según el grupo municipal, se habían registrado en 2023. La lectura política era inmediata. Para Pere Fuset, aquello demostraba que el gobierno de María José Catalá había roto la confianza con el sector profesional del diseño tras apartar a entidades como ADCV, APIV o ComunitAD. Todo es algo más complejo y mucho menos político.
Pero el conflicto venía de antes. Venía, en realidad, de la anterior convocatoria del cartel de la Gran Fira, cuando la concejala de Fiestas, Mónica Gil, de Vox, decidió excluir del proceso a las asociaciones profesionales que hasta entonces habían participado en este tipo de convocatorias. Aquella decisión provocó una reacción airada de las entidades, que finalmente acabaron entrando en el jurado, aunque exigieron que constara en acta que el proceso no había sido «gestionado» por ellas. La palabra no era menor. Porque ahí estaba precisamente el centro del problema: no solo querían estar presentes, querían dejar claro cuándo un proceso llevaba o no su aval, su control o su forma de hacer. Y esa injerencia, como era previsible, no sentó nada bien en el Ayuntamiento.
<<De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, a continuación, se publica el siguiente texto de Rectificación:
En relación con el artículo de opinión titulado “¿Qué está pasando entre el Ayuntamiento de Valencia y los diseñadores?”, publicado el 18 de mayo de 2026, y en ejercicio del derecho de rectificación que asiste a la Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV), la Asociación de Profesionales de la Ilustración Valenciana (APIV) y la Asociación de Empresas de Comunicación Publicitaria de la Comunitat Valenciana (ComunitAD), se hace constar el siguiente hecho:
En la convocatoria para la imagen gráfica de la Gran Fira de València de 2025, las concejalías organizadoras del Ayuntamiento de Valencia incluyeron la colaboración de las tres asociaciones profesionales mencionadas en las bases de la convocatoria sin haberlo confirmado previamente con ninguna de ellas y, por tanto, sin su autorización. >>
En la siguiente convocatoria, la del cartel de Fallas, el Ayuntamiento decidió prescindir directamente de las asociaciones. Y aunque esa decisión pueda parecer un ataque frontal al sector profesional del diseño, el argumento de fondo no es tan fácil de desmontar: ¿por qué tiene que estar una asociación privada dentro de un proceso de contratación pública? ¿No tiene capacidad suficiente un ayuntamiento para contratar lo que necesite, dentro de la legalidad, sin que una entidad externa monitorice, dirija o condicione el procedimiento? ¿Se incumple alguna ley si se convoca un concurso o una llamada a proyecto similar a la de años anteriores, pero sin la participación de esas asociaciones? ¿Es inmoral o ilegal contratar diseño sin que una asociación profesional valide el proceso? Mal que pueda parecernos, la respuesta es no.
Si una administración ejerce su derecho de contratación con criterios justos, públicos y legales, aunque el resultado no sea el que nosotros hubiéramos elegido, aunque el procedimiento no sea el que nos gustaría y aunque el diseño seleccionado no responda a nuestros estándares, el debate debe situarse en otro lugar. Podemos criticar la calidad del proceso, la composición del jurado, los honorarios, la transparencia, la falta de actas o la debilidad de los criterios. Pero no podemos sostener que una convocatoria sea ilegítima únicamente porque no esté una asociación profesional dentro.
Y aquí aparece una cuestión especialmente relevante. En estos procesos, las asociaciones no centraron su crítica en que se pagara poco. No denunciaron con la misma contundencia que los honorarios fueran insuficientes para un trabajo profesional. No pusieron el foco en que el sistema no fuera suficientemente garantista, ni en que las llamadas a proyecto siguieran funcionando con criterios subjetivos, actas discutibles o explicaciones poco medibles. La queja principal fue otra: que ellas no estaban ahí para «gestionar», «monitorizar» o «dirigir» el proceso. Y eso, por incómodo que resulte decirlo, se parece menos a una defensa del interés general del diseño y más a una defensa de un espacio propio de influencia.
La llamada a proyecto como solución provisional
Durante años, las llamadas a proyecto han sido defendidas como una fórmula razonable para contratar diseño desde lo público. Frente al concurso abierto tradicional —ese sistema donde decenas, cientos o incluso miles de personas trabajan gratis para optar a un único premio—, la llamada a proyecto parecía una mejora evidente. También se presentó como una alternativa al enchufismo, al dedazo y a las prácticas de otras épocas, cuando el nivel del diseño institucional en Valencia era, en demasiadas ocasiones, paupérrimo.
La lógica era sencilla: no se pide trabajo gratuito a todo el mundo; se selecciona a un grupo reducido de profesionales a través de sus portfolios; se les remunera por pensar una propuesta; y después se adjudica el encargo a una de las candidaturas. En teoría, todos ganaban. La administración obtenía varias miradas profesionales. Los diseñadores no trabajaban completamente gratis. Las asociaciones podían garantizar que el proceso no fuera especulativo. Y el resultado adquiría una cierta legitimidad sectorial.
La llamada a proyecto ayudó a cambiar esa percepción. Introdujo mejores nombres, mejores jurados, mejores conversaciones y, en muchos casos, mejores resultados. También permitió que determinadas instituciones entendieran que el diseño no era una ocurrencia estética de última hora, sino una disciplina profesional capaz de construir relato, identidad, memoria y calidad visual para una ciudad.
Pero el problema es que esa fórmula, que podía tener sentido como transición, se ha ido convirtiendo en un modelo demasiado cómodo para todos menos para quienes realmente tienen que trabajar.
Cómodo para las administraciones, porque permite resolver encargos de comunicación visual con presupuestos relativamente bajos y con apariencia de profesionalidad. Cómodo para las asociaciones, porque les otorga capacidad de interlocución, influencia y presencia en procesos públicos. Cómodo incluso para algunos jurados, porque participan en decisiones envueltas en la autoridad del «criterio experto». Pero no siempre cómodo para los profesionales, que se enfrentan a procesos mal pagados, inciertos, competitivos y poco explicados.
Y ahí empieza el problema actual. Porque un sistema que nació para dignificar el diseño puede acabar funcionando como una coartada si no se revisa. Puede parecer profesional sin serlo del todo. Puede parecer transparente sin ofrecer verdadera trazabilidad. Puede parecer abierto cuando en realidad depende de círculos reducidos. Puede parecer justo porque paga algo, aunque ese pago no cubra realmente el trabajo solicitado.
¿Por qué no están funcionando las llamadas a proyecto?
Se podría pensar que, si ha disminuido la participación en la llamada a proyecto para la imagen de la Gran Fira, es porque las asociaciones profesionales han promovido algún tipo de rechazo a la convocatoria. Pero, si esa llamada a no participar ha existido, no se ha producido de forma pública. En todo caso, habrá circulado de manera interna, en conversaciones privadas, en grupos reducidos o entre profesionales especialmente próximos a esas entidades.
Es posible que una parte de quienes solían presentarse —los más cercanos a las asociaciones, los perfiles más vinculados a sus juntas, a sus actividades o a su entorno— haya decidido no hacerlo como gesto de protesta ante la exclusión de estas entidades del proceso. Pero incluso aceptando esa hipótesis, la pregunta sigue en pie: ¿y todos los demás?
Porque ahí está el verdadero problema. ¿Son una buena representación 12 candidaturas? ¿Lo serían 36? ¿Lo serían incluso 150? Si asumimos que en Valencia y en la Comunitat Valenciana existen cientos, incluso miles de profesionales con capacidad real para resolver con calidad una imagen pública de esta naturaleza, ninguna de esas cifras debería parecernos tranquilizadora. Ni siquiera la cifra más alta sería necesariamente una buena noticia.
La mayoría de profesionales, probablemente, ni siquiera se ha enterado del rifirrafe entre el Ayuntamiento y las asociaciones. Y muchos de los que sí se han enterado tampoco están pendientes de esa guerra. Lo que ocurre es más sencillo y más grave: no se presentan porque el proceso no les resulta interesante como negocio, ni siquiera en el caso de ganar.
Ahí empieza el verdadero fracaso de las llamadas a proyecto.
Lo primero que no funciona es la comunicación. Muchos profesionales se quejan de no enterarse de estas convocatorias. La administración no las publicita adecuadamente y las asociaciones tampoco tienen el altavoz que a veces creen tener. Apenas unos cientos de socios, algunas publicaciones en redes sociales y cierto eco dentro de círculos profesionales concretos no bastan para llegar al conjunto del sector.
Las asociaciones tienden a pensar que todo el mundo las mira, que lo que publican circula automáticamente entre los diseñadores y que su comunidad equivale al sector. Pero no es así. Hay miles de profesionales que no pertenecen a ninguna asociación, que no siguen sus canales, que no están en sus grupos, que no forman parte de sus conversaciones y que desarrollan su trabajo al margen de esa vida asociativa. Al mismo tiempo, la administración ha delegado durante demasiados años la difusión en esas entidades, como si bastara con que una convocatoria pasara por sus canales para que el proceso fuera realmente público.
No basta.
Si una administración quiere contratar diseño, debe comunicarlo como se comunica cualquier proceso importante. Debe publicitarlo en medios, en plataformas profesionales, en canales institucionales bien gestionados, en colegios, escuelas, estudios, boletines, prensa especializada y redes con verdadera capacidad de alcance. Una convocatoria pública no puede depender del boca a boca asociativo ni de una publicación perdida en una web municipal.
El segundo problema es todavía más profundo: los profesionales no se presentan porque no hay garantías suficientes ni criterios serios. O, al menos, porque no los perciben.
¿Cómo se va a presentar un estudio si no sabe cuánto pesa su experiencia? ¿Cómo va a invertir tiempo en una propuesta si no conoce con claridad qué se va a valorar y cómo? ¿Cómo va a confiar en un proceso si los criterios son genéricos, si la valoración es casi completamente subjetiva y si el resultado depende de un jurado cuya deliberación no deja un rastro suficientemente claro?
El diseño tiene una parte subjetiva, sí. Pero la contratación pública no puede descansar solo en impresiones. No basta con decir que una propuesta es más creativa, más adecuada o más potente. Hay que explicar por qué. Hay que definir criterios. Hay que establecer baremos. Hay que dejar actas. Hay que justificar decisiones.
Tampoco ayuda que muchos jurados sean poco plurales. En demasiadas ocasiones no parecen pensados para abrir la mirada, sino para reproducir un determinado círculo profesional. Son jurados inducidos por las propias redes del sector, formados por enviados, afines o perfiles próximos a las asociaciones. Falta diversidad real de miradas: otros profesionales de otras disciplinas, expertos en comunicación pública, gestores culturales, representantes ciudadanos, perfiles técnicos, especialistas en producción, personas capaces de valorar el impacto social, institucional o urbano de una imagen más allá del gusto gráfico compartido por un grupo reducido.
El problema no es que haya diseñadores en un jurado de diseño. Debe haberlos. El problema es que solo haya una manera de mirar, una manera de entender el oficio y una red demasiado estrecha de legitimación.
Esa falta de garantías empieza a tener consecuencias. Según ha podido saber Gràffica, la Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana ha sido requerida judicialmente para presentar documentación en relación con dos llamadas a proyecto. El asunto sigue su curso y conviene ser prudentes, pero lo relevante para este debate es lo que el caso pone sobre la mesa: qué ocurre cuando un profesional no está de acuerdo con una resolución y reclama documentación, criterios, actas o una explicación verificable del proceso.
La respuesta, por lo que sabemos, no parece precisamente tranquilizadora: no se quiere presentar documentación porque no hay documentación suficiente, porque la asociación sostiene que no ha gestionado el proceso o porque considera que no le corresponde responder. Es decir, cuando el proceso se vende como garantista por contar con la participación o el aval de una asociación, pero después alguien reclama y esa entidad se desentiende, el sistema muestra su fragilidad.
Veremos en qué queda ese requerimiento. Pero el hecho de que se llegue hasta ahí ya demuestra algo importante: el modelo no está preparado para responder cuando alguien lo cuestiona. Si no hay actas, si no hay criterios medibles, si no hay documentación clara y si las decisiones se basan en valoraciones subjetivas difíciles de reconstruir, la confianza se rompe.
El tercer problema es la remuneración. Y aquí conviene ser muy claros. ¿Quién pone el precio de estas cosas? ¿Quién decide que una imagen pública, una campaña, un cartel o una identidad festiva valen 3.000, 4.000 o 5.000 euros? ¿Cómo es posible que asociaciones que dicen defender los intereses profesionales del diseño no exijan aumentos considerables de los importes? ¿Cómo puede aceptarse como normal que trabajos con uso institucional, presencia urbana, cesión de derechos, adaptaciones y responsabilidad pública se paguen con cifras que apenas cubren una pequeña parte del proceso?
Quien crea que 3.000, 4.000 o 5.000 euros por un trabajo de esta naturaleza es una remuneración adecuada quizá no está pensando en un negocio profesional. Está pensando en autoempleo, en premio, en complemento o en reconocimiento simbólico. Con esas cifras no se genera estructura. No se pagan equipos. No se sostiene una empresa. No se crea tejido. No se produce industria. Se genera, como mucho, un aguinaldo. Un ingreso puntual. Una medalla. Una excusa para decir que la administración ha contado con profesionales.
Pero eso no es consolidar un sector.
Solo hay que mirar otros procesos similares para entender la distancia. En Barcelona, determinadas convocatorias de identidad o comunicación pública se mueven en cifras muy superiores, de 30.000, 40.000 o 50.000 euros. Fuera de España, los importes suelen ser también considerablemente más altos cuando se trata de proyectos institucionales con impacto, derechos y aplicaciones reales. La comparación no debería servir para alimentar una queja abstracta, sino para hacerse una pregunta básica: ¿por qué en unos lugares se entiende que el diseño público requiere presupuestos profesionales y en otros se sigue pagando como si fuera una gratificación?
Si juntamos todo —mala comunicación, poca transparencia, criterios subjetivos, jurados discutibles, actas insuficientes, responsabilidad difusa y honorarios bajos—, la pregunta no es por qué se presentan pocos profesionales. La pregunta es por qué se presenta alguien.
¿Quién va a entrar en un proceso así? Sobre todo quienes aspiran a conseguir visibilidad. Quienes buscan reconocimiento. Quienes necesitan ese ingreso. Quienes no tienen otra cosa mejor en ese momento. Quienes aceptan condiciones que un estudio consolidado, con estructura, clientes, salarios y costes reales, difícilmente puede asumir.
Los mejores profesionales huyen de estos procesos porque no les resultan interesantes desde casi ningún punto de vista. No compensan económicamente, no ofrecen garantías suficientes, no siempre aportan prestigio real y obligan a entrar en una lógica competitiva donde el tiempo invertido rara vez se recupera.
Y eso debería preocupar mucho más que cualquier comunicado.
Porque si una llamada a proyecto solo resulta atractiva para quienes buscan una oportunidad, pero no para quienes ya tienen un negocio profesional sólido, entonces quizá no estamos ante un sistema de excelencia. Estamos ante un mecanismo que selecciona por necesidad, por proximidad o por esperanza.
Y eso, para una ciudad que dice tomarse en serio el diseño, es un problema de fondo.
Cómo debería contratarse diseño desde lo público
Quizá la respuesta sea más sencilla de lo que parece. Si una administración necesita un trabajo de diseño de pequeña cuantía, que lo contrate. Sin concurso. Sin llamada a proyecto. Sin pedir a varios profesionales que piensen gratis o casi gratis. Sin montar una escenografía participativa para justificar una decisión que, en el fondo, podría tomarse como se toman muchas otras decisiones de compra o contratación menor dentro de una administración.
Un ayuntamiento no convoca un concurso cada vez que necesita un tornillo, una silla, una reparación, un servicio puntual o un proveedor de confianza por debajo de determinados importes. Contrata dentro de la legalidad. Pide presupuestos cuando corresponde. Acude a proveedores conocidos. Valora proximidad, disponibilidad, confianza, experiencia o eficacia. Y nadie interpreta automáticamente que todo eso sea un escándalo.
Entonces, ¿por qué con el diseño parece que haya que montar siempre un concurso, una llamada a proyecto, un jurado, una preselección, una deliberación y una liturgia completa para contratar trabajos de 3.000, 4.000 o 5.000 euros?
Si queremos que el diseño sea tratado como cualquier otro sector profesional, quizá también tendremos que aceptar algo: que, por debajo de cierta cantidad, la administración pueda contratar a quien quiera, a quien considere más adecuado o incluso a quien más le guste, siempre dentro de los límites legales y con las garantías propias de la contratación pública. Sí, eso abre la puerta al dedazo, al amigo, al proveedor de confianza o al criterio de proximidad. Pero, siendo sinceros, eso ya ocurre en muchos otros ámbitos de la administración sin que cada contratación se convierta en una competición pública.
La clave no está en convertir cualquier encargo de diseño en un concurso. La clave está en exigir que, cuando se contrate, se haga bien; y que, cuando se compita, se compita con reglas serias.
Si el encargo supera una determinada cantidad, entonces sí: licitación pública. Como todos los demás. Con pliegos. Con criterios. Con valoración. Con puntuaciones. Con posibilidad de reclamación. Con transparencia. Con responsabilidad administrativa. Y si ahí aparecen reticencias porque el diseño puede acabar convertido en una guerra de precios, entonces ese es precisamente el terreno donde las asociaciones deberían pelear. No para estar dentro de todos los jurados. No para monitorizar cada proceso. No para decidir quién es suficientemente profesional. Sino para exigir pliegos específicos y bien construidos para la contratación pública de diseño.
Ahí sí hay trabajo sectorial de verdad.
Las asociaciones deberían estar presionando para que en los pliegos de diseño el precio no sea el parámetro que lo decide todo. Que cuente, sí, porque estamos hablando de dinero público. Pero que no pese tanto como para convertir cada licitación en una subasta a la baja. Que valgan más la experiencia, la solvencia, la capacidad técnica, la adecuación al encargo, la metodología, la estructura, la calidad de trabajos anteriores, la capacidad de producción o el equipo disponible.
Y también deberían defender que podamos competir por precio. Porque nadie debería fijar de antemano, de forma casi paternalista, lo que vale exactamente un trabajo creativo. El precio debe ser un parámetro más, medible, comparable y valorable dentro del proceso. Puede ocurrir que una administración elija la propuesta más cara porque entiende que aporta más calidad, más equipo, más garantías o más ambición. Y puede ocurrir que elija una propuesta más barata porque eso es lo que busca o necesita en ese momento. Lo importante es que se sepa, que se valore, que se puntúe y que forme parte de una decisión transparente.
Todos hacemos propuestas distintas según el cliente, el alcance, los plazos, el contexto y lo que se nos pide. Pero cuando quien contrata es la administración hemos asumido que alguien —el Ayuntamiento, una asociación, una tradición heredada o quien sea que redacta las bases— pone el precio y los profesionales tienen que conformarse. Eso no es normal. No es mercado. No es bueno para el diseño ni para la administración. Si el precio es bajo, que se vea. Si alguien ofrece más por más dinero, que se valore. Si alguien ofrece menos, que compita también. Pero con reglas claras y sabiendo qué peso tiene cada cosa.
No es lo mismo un estudio unipersonal que una agencia con decenas o cientos de profesionales. Cada estructura tiene su valor, su escala y su utilidad según el tipo de proyecto. Y cada una debería poder proponer desde su realidad, no quedar atrapada en una cifra cerrada que iguala artificialmente trabajos, capacidades y ambiciones muy distintas.
Otros sectores han conseguido regímenes, criterios y fórmulas de contratación adaptadas a su realidad. Las constructoras, las ingenierías, los servicios urbanos o determinados proveedores técnicos han logrado que sus licitaciones contemplen exigencias específicas, solvencia, garantías, experiencia y capacidad de ejecución. ¿Y el diseño? ¿Dónde están esos pliegos bien pensados? ¿Dónde está esa pelea? ¿Dónde está el trabajo para que la administración entienda que una identidad, una campaña, un sistema gráfico o una comunicación institucional no pueden contratarse como si fueran un suministro indiferenciado?
Cuando haya que competir, al menos que se sepa por qué se gana y por qué se pierde. Que se publiquen los puntos obtenidos por cada propuesta o por cada estudio. Que pueda saberse en qué criterios una candidatura ha superado a otra. Que el resultado no se resuma en una frase vaga del tipo «por su creatividad» o «por su adecuación al espíritu de la convocatoria». Eso no es suficiente. No lo sería para otras contrataciones públicas y no debería serlo para el diseño.
También debe haber tiempo y cauces reales para reclamar. Eso de que «la decisión del jurado es inapelable» puede servir para un concurso escolar, para un premio privado o para un certamen festivo sin consecuencias económicas relevantes. Pero en un régimen democrático, cuando hablamos de procesos públicos, dinero público y concurrencia profesional, las decisiones deben poder revisarse. Lo saben perfectamente los políticos, que recurren, alegan, impugnan y solicitan expedientes cuando les conviene. ¿Por qué un diseñador no debería poder hacer lo mismo?
Y, sobre todo, hay que aumentar los precios.
No se pueden seguir sacando a concurso proyectos y necesidades reales de un ayuntamiento pagando prácticamente lo mismo que hace veinte o treinta años. Hace treinta años, 500.000 pesetas podían parecer una cantidad importante. Hoy, 3.000 euros para una imagen pública con aplicaciones, cesión de derechos, reuniones, adaptaciones, responsabilidad profesional y presencia institucional es, sencillamente, una burla.
Aquí las asociaciones sí deberían levantar la voz. No para reclamar su asiento en el jurado, sino para exigir que los importes se actualicen a los costes reales de producción. Tendrían que pelear para añadir un cero al final de muchas cifras si queremos acercarnos mínimamente a cantidades razonables. Porque sin dinero no hay tiempo para pensar. Sin dinero no hay investigación. Sin dinero no hay colaboradores. Sin dinero no hay equipo. Sin dinero no hay dirección de arte, producción, pruebas, revisión, estrategia ni desarrollo suficiente.
Por 3.000 euros, todo cae en una sola mano. El clásico «yo me lo guiso, yo me lo como». El diseñador piensa, diseña, adapta, presenta, corrige, entrega, factura, cede derechos y responde. Así no se construyen proyectos ambiciosos. Así se resuelven encargos con el mínimo aire posible.
Si queremos atraer verdadero talento, deberíamos estar mucho más cerca de los 50.000 euros que de los 3.000. Y la administración no puede decir que eso es una barbaridad mientras dedica cantidades inmensamente superiores a otras partidas que nadie discute con la misma intensidad. El caso de la Agencia Espacial Española lo ilustra bien: READ gestionó una llamada a proyecto en la que la propuesta ganadora de Cruz más Cruz y Rubio & del Amo recibía una adjudicación de 6.000 euros + IVA, además de la remuneración de la invitación; después, la Agencia acabó pagando más de 70.000 euros.
Y hay más ejemplos de prioridades. Murcia sacó a licitación un contrato de iluminación navideña y de fiestas por 1.549.734,35 euros, mientras que pagó 8.000 por la imagen gráfica.
El último punto quizá sea el más importante. Si la administración no sabe a quién contratar, no necesita que una asociación privada le resuelva el problema desde fuera. Necesita incorporar conocimiento dentro.
Puede contratar asesores. Puede integrar directores de arte. Puede crear una bolsa de proveedores actualizada cada año, como se hizo en Madrid y Barcelona. Puede disponer de profesionales capaces de saber qué encargo necesita cada perfil. Puede tener criterios para decidir cuándo llamar a un estudio local, cuándo a una agencia grande, cuándo a un especialista en tipografía, cuándo a alguien con experiencia editorial, cuándo a un equipo de campaña, cuándo a un diseñador emergente o cuándo a una consultora de marca.
La administración ya hace esto en otras áreas. Hay arquitectos municipales, abogados municipales, técnicos de mantenimiento, ingenieros, responsables de limpieza, interventores, personal especializado en contratación, urbanismo, cultura o comunicación. Sin embargo, para el diseño casi nunca hay nadie con verdadera capacidad de criterio y contratación. Puede haber departamentos gráficos o de comunicación, pero no necesariamente estructuras preparadas para definir, valorar y contratar diseño con ambición estratégica.
Ahí está una de las grandes carencias. La administración ha externalizado demasiado su criterio. A veces lo ha delegado en asociaciones. A veces en jurados. A veces en técnicos que no tenían formación específica. A veces en políticos. Pero contratar diseño exige saber qué se necesita, por qué se necesita, cuánto cuesta, quién puede hacerlo y cómo debe evaluarse.
Ese conocimiento debería estar dentro de la administración. O, al menos, debería contratarse de forma clara y profesional, no delegarse informalmente en entidades que luego reclaman presencia, influencia o capacidad de control.
El conflicto de Valencia demuestra precisamente eso: que el sistema actual no funciona. No funciona desde hace demasiado tiempo y desde muchos puntos de vista. Y parece que nadie quiere solucionarlo, porque quienes tienen que hacerlo están a otra cosa. Y cuando las cosas no se hacen bien pasa todo esto que he contado.
Cada vez tengo más claro que hay que hacer menos teatro concursal y más contratación profesional.