Lugo demuestra que cambiar una identidad institucional no puede hacerse como quien cambia una foto de perfil

Tras la moción de censura que llevó a Elena Candia, del PP, a la alcaldía de Lugo, el nuevo gobierno municipal sustituyó en redes sociales el logotipo basado en la Muralla por el escudo histórico de la ciudad. El cambio fue presentado como una forma de unificar la imagen institucional y, según el Concello, sin coste económico. Sin embargo, pocos días después, el área de Cultura e Turismo recuperó una versión del logotipo anterior, ahora en azul oscuro, mientras otros soportes municipales seguían manteniendo la identidad previa. El resultado ha sido una convivencia de signos, colores y criterios que va más allá de una disputa estética: muestra cómo una administración pública puede utilizar el diseño para marcar un cambio político sin abordar con rigor profesional lo que implica modificar la identidad visual de una ciudad.

El cambio de imagen del Concello de Lugo no ha generado debate únicamente porque el nuevo gobierno municipal haya recuperado el escudo histórico de la ciudad. El escudo es un símbolo legítimo, reconocible y plenamente institucional. De hecho, forma parte de la representación oficial del Ayuntamiento y su uso no debería interpretarse, por sí mismo, como una agresión al diseño ni como una decisión especialmente grave. El problema está en otro lugar: en la forma en que se ha realizado el cambio, en la velocidad con la que se ha presentado como gesto de nueva etapa, en la afirmación de que no supone ningún coste y en el desorden visual que se ha generado después.

El pasado 7 de mayo, Elena Candia accedió a la alcaldía de Lugo tras prosperar una moción de censura. Pocos días después, el nuevo gobierno local sustituyó en las redes sociales del Concello el logotipo utilizado durante el mandato anterior —una síntesis gráfica de la Muralla— por el escudo histórico con corona sobre fondo blanco. Desde el ejecutivo municipal se defendió la decisión como una manera de “unificar” la representación del Ayuntamiento y de utilizar una imagen más institucional. Según recogió El Progreso, el gobierno aseguró además que el cambio se haría “sin gastar un euro”.

La cuestión, sin embargo, no se cerró ahí. Días después, La Voz de Galicia informó de que el área de Cultura e Turismo había recuperado el logotipo anterior, aunque modificado cromáticamente en un azul oscuro. Al mismo tiempo, la web municipal seguía mostrando la identidad previa, mientras la cuenta oficial y los comunicados del Concello utilizaban ya el escudo. Es decir: en apenas unos días, Lugo pasó de tener una identidad visual reconocible y regulada a convivir con varias soluciones gráficas simultáneas.

Ahí está el centro del asunto. No se trata de defender que el logotipo anterior fuese intocable, ni de presentar el escudo como una opción impropia. Una institución pública puede revisar su identidad, actualizar su sistema visual, recuperar símbolos históricos o construir una nueva marca territorial si considera que la existente ya no responde a sus necesidades. Lo que no parece razonable es hacerlo como si la identidad institucional fuese una foto de perfil que puede sustituirse de un día para otro y corregirse sobre la marcha.

El diseño como gesto de poder

Los cambios visuales en una administración no son neutros. Si un nuevo gobierno modifica una identidad nada más llegar al poder, está comunicando algo. Está diciendo que empieza una nueva etapa. Está marcando distancia con quienes gobernaban antes. Está ocupando simbólicamente la institución. Y precisamente por eso el diseño importa: porque los símbolos, los colores, las tipografías y las imágenes públicas tienen una capacidad enorme para ordenar la percepción ciudadana.

En ese sentido, el caso de Lugo no demuestra que el diseño sea irrelevante. Demuestra todo lo contrario. Si una de las primeras decisiones visibles de un gobierno municipal consiste en cambiar la imagen pública del Concello, es porque la imagen importa. Importa políticamente, importa emocionalmente e importa institucionalmente. La contradicción aparece cuando, al mismo tiempo, ese cambio se presenta como algo que no cuesta nada y que puede resolverse sin un proceso profesional visible.

El logotipo basado en la Muralla no era simplemente un dibujo utilizado en redes sociales. El propio Concello de Lugo mantiene publicada una página de identidad institucional en la que señala que su imagen está regulada por un manual de identidad visual. Ese manual incluye criterios de uso, versiones, proporciones, aplicaciones y convivencia con distintas áreas municipales. Se puede discutir la vigencia de ese sistema, su calidad gráfica, su implantación o su adecuación al momento actual de la ciudad. Pero no se puede actuar como si no existiera.

Y aquí aparece una de las ideas más preocupantes del caso: la administración parece tratar la identidad visual como un elemento intercambiable, sujeto a decisiones inmediatas, cuando en realidad funciona como una infraestructura pública de comunicación. No es muy diferente, en términos de responsabilidad, a otros sistemas que organizan la vida municipal. Nadie aceptaría que un ayuntamiento modificara la señalética urbana, la organización del transporte, la limpieza viaria o el diseño de un equipamiento público “probando posibilidades” durante unos días. Con el diseño, sin embargo, esa ligereza se tolera con demasiada facilidad.

“Sin gastar un euro”

La afirmación de que un cambio de identidad se realiza “sin gastar un euro” es, probablemente, el punto más delicado de toda la polémica. Puede entenderse como una frase política destinada a evitar críticas sobre el gasto público. Pero, desde la perspectiva del diseño y la comunicación institucional, transmite un mensaje profundamente equivocado.

Cambiar una identidad visual sí cuesta. Cuesta aunque no se encargue un nuevo logotipo. Cuesta aunque se utilice un escudo ya existente. Cuesta aunque el primer movimiento sea sustituir una imagen en redes sociales. Una identidad pública no vive solo en un avatar: está en documentos, plantillas, carteles, campañas, señalética, papelería, vehículos, edificios, materiales turísticos, publicaciones culturales, perfiles digitales, webs, formularios y comunicación administrativa. Si el cambio se implanta de verdad, exige trabajo, coordinación, revisión y recursos. Si no exige nada de eso, entonces no estamos ante una nueva identidad, sino ante una intervención superficial.

Decir que no cuesta nada equivale a decir que el diseño no requiere tiempo, conocimiento ni método. Es trasladar a la ciudadanía la idea de que la imagen institucional puede modificarse sin consecuencias, como si bastara con abrir un archivo, cambiar un color o recuperar un símbolo del pasado. Y esa es una vieja herida para el sector: la percepción de que el diseño es decoración, maquillaje o gusto personal, y no una disciplina profesional con implicaciones económicas, técnicas y culturales.

Lo sucedido en Lugo encaja en esa lógica. Primero se produce un cambio inmediato. Después se justifica como una operación de coste cero. Más tarde aparecen fricciones. Y finalmente se recupera parcialmente el logotipo anterior, pero modificado, mientras otros soportes conservan versiones distintas. El resultado no es una identidad más clara, sino una escena de desorden. Un desorden que no surge por falta de símbolos disponibles, sino por falta de criterio profesional en su gestión.

La cuestión no es si Lugo debe tener escudo, logotipo, marca territorial o sistema mixto. La cuestión es quién toma esas decisiones, con qué metodología, con qué diagnóstico, con qué calendario de implantación y con qué respeto hacia la ciudadanía que convive diariamente con esa imagen. Una identidad institucional no pertenece al partido que gobierna en cada momento. Pertenece a la institución y, en último término, a la ciudad.

El caso de Lugo es especialmente significativo porque la Muralla no es un elemento cualquiera. Es uno de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad y forma parte de su proyección exterior. Que una identidad visual se haya construido a partir de ese elemento puede ser discutible desde muchos puntos de vista, pero también revela una voluntad de conectar la comunicación municipal con un signo reconocible del territorio. Sustituirlo, recuperarlo, recolorearlo o hacerlo convivir con el escudo no debería depender de movimientos apresurados, sino de una reflexión seria sobre qué quiere comunicar Lugo como institución y como ciudad.

Por eso este episodio va más allá de una polémica local. Muestra una forma de entender el diseño todavía demasiado extendida en las administraciones públicas: se recurre a él para señalar poder, cambio o modernización, pero no siempre se le concede el valor profesional que exige. Se utiliza porque funciona simbólicamente, pero se desprecia cuando toca hablar de presupuesto, proceso o metodología.

Lugo no ha demostrado que recuperar un escudo sea un error. Ha demostrado algo más incómodo: que una identidad institucional puede convertirse en un campo de pruebas cuando se confunde comunicación pública con gesto político. Y que, cuando eso ocurre, el diseño vuelve a quedar en el mismo lugar de siempre: imprescindible para marcar una etapa, pero aparentemente prescindible a la hora de hacerlo bien.