La AAD recomienda no participar en el concurso de Jaén ante la incapacidad de detener el proceso
La Asociación Andaluza de Diseñadores (AAD) ha emitido un comunicado oficial en el que se desmarca por completo de las bases del concurso para la nueva imagen turística de Jaén. La entidad denuncia que el Ayuntamiento publicó un texto diferente al que se había consensuado durante más de un año de trabajo conjunto y recomienda a sus profesionales no participar en la convocatoria.
La Asociación Andaluza de Diseñadores ha querido aclarar públicamente su posición tras la polémica generada por la publicación de las bases del concurso para crear la nueva marca turística de Jaén. La entidad explica que, desde hace algo más de un año, había estado colaborando con el Ayuntamiento y con el Colegio de Arquitectos de Jaén en la redacción de un documento que garantizara un proceso profesional, transparente y respetuoso con el sector del diseño.
Durante ese periodo, se celebraron varias reuniones y se intercambiaron documentos para avanzar hacia unas bases consensuadas. Según la AAD, aquel trabajo conjunto culminó en un texto que recogía los principios de buenas prácticas que ambas instituciones habían considerado imprescindibles para un concurso de estas características.
Sin embargo, la sorpresa llegó el día de la publicación oficial. El documento difundido por el Ayuntamiento no correspondía al texto trabajado y pactado previamente. Nadie del equipo redactor —ni de la AAD ni del Colegio de Arquitectos— recibió aviso previo del cambio, ni se informó de la intención de sustituir el documento consensuado por otro radicalmente distinto. La asociación señala que se enteró de la situación el mismo día en que las bases fueron publicadas.
Para la AAD, esto supone “una oportunidad perdida” para desarrollar un procedimiento ejemplar de colaboración institucional y de respeto al trabajo profesional. Subrayan que el resultado final no refleja el espíritu con el que se inició la colaboración, ni las garantías de transparencia y proporcionalidad que se habían acordado desde el principio.
Por ese motivo, la asociación declara expresamente que, pese a que aparece mencionada en las bases como entidad proponente de miembros del jurado, no avala el contenido del documento y no designará a ningún diseñador o diseñadora para formar parte del proceso. Tampoco recomendará a sus socios, socias ni al resto de profesionales del sector que participen en una convocatoria que no sigue los criterios consensuados.
La AAD explica que, a pesar de haber intentado contactar con el Ayuntamiento para frenar la publicación y reconducir el proceso, no ha sido posible detener ni corregir la convocatoria. Ante la incapacidad de revertir la situación, la asociación considera necesario advertir al sector de que el concurso vigente no reúne las condiciones mínimas para garantizar un procedimiento profesional ni transparente.
El comunicado concluye confiando en que este episodio sirva para mejorar los procesos futuros y reiterando la disposición de la entidad a colaborar con las administraciones siempre que el trabajo conjunto sea respetado y protegido.
¿Y ahora qué?
La reacción de la AAD es clara, firme y razonada. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿es esto suficiente? Y, sobre todo, ¿es esto todo lo que puede hacer una asociación profesional cuando una administración vulnera los acuerdos, desprecia el trabajo consensuado y publica unas bases que reproducen un modelo de precariedad para el sector?
El patrón es conocido. Se habla con el infractor. Se trabaja durante meses en un texto común. Se redacta un comunicado cuando nada de eso sirve. Y, mientras tanto, el proceso continúa adelante, intacto, con las mismas condiciones y con idéntico perjuicio para los profesionales que pretende representar. Es decir: el Ayuntamiento mantiene su posición y las consecuencias recaen, una vez más, en el propio sector.
La cuestión de fondo duele porque interpela directamente a la función de las asociaciones. ¿Para qué sirven si, tras meses de trabajo, solo pueden emitir un comunicado? ¿Qué capacidad real de presión tienen cuando la administración ignora lo pactado? ¿Dónde quedan los otros mecanismos —legales, mediáticos, institucionales— que en otros ámbitos profesionales se activan sin dudarlo?
Los tribunales, la movilización pública, la denuncia en medios generalistas, las iniciativas coordinadas con colegios profesionales, las cartas formales de advertencia, las reclamaciones de transparencia… ¿Son vías descartadas de antemano por falta de tiempo, de recursos, de costumbre, o porque el propio sector no se siente legitimado para entrar en una confrontación abierta?
La sensación es desoladora. Un proceso fallido, unas bases especulativas, un documento ignorado y un Ayuntamiento que sigue adelante como si nada. Y la respuesta colectiva queda reducida, en última instancia, a un comunicado que, aunque necesario, deja en evidencia la fragilidad estructural de la representación del diseño ante las administraciones públicas.
La pregunta permanece abierta: si ni siquiera en un caso tan flagrante se movilizan otras herramientas, entonces qué capacidad real tenemos para proteger la profesión?
Actualizado 04/12/2025
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