Recientemente se han publicado los contrato menores realizados por la Agencia Espacial Española (AEE) en la Plataforma de Contratación Pública y ponen de manifiesto un notable incremento en el gasto relacionado con su identidad visual.
La agencia ha invertido cerca de 70.000 euros en servicios vinculados a la presentación y promoción de su logotipo, una cifra que contrasta con los 6.000 euros pagados a los ganadores del concurso inicial para el diseño de la identidad visual.
Tras la adjudicación del diseño, la AEE ha continuado destinando recursos a elementos relacionados con la identidad visual. Entre los contratos menores registrados en 2024, destacan:
- Diseño y manual de identidad corporativa: 14.800 € (sin IVA), adjudicado a Work & Friends.
- Monolito de entrada con el logotipo: 10.000 € (sin IVA), encargado a Eferson Projects, S.L.
- Vídeo corporativo: 14.600 € (sin IVA), realizado por Womack Communication Group, S.L.
- Material promocional para eventos: 14.992 € (sin IVA), proporcionado por Get Zitric, S.L.U.
- Producción del evento de presentación del logotipo: 14.900 € (sin IVA), gestionado por Nomad Turismo S.L.
El total de estas partidas asciende a cerca de 70.000 euros. Aunque el gasto incluye servicios diversos y complementarios, la magnitud de la inversión destaca en comparación con el presupuesto del concurso inicial, que no superó los 9.000 euros en total.
En 2023, la AEE, a través de la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ), lanzó un concurso público para la creación de su identidad visual. Este proceso, que atrajo a más de 75 candidaturas de todo el país, resultó en la selección de Cruz+Cruz y Rubio&delAmo como ganadores, quienes recibieron 6.000 euros. Además, se otorgaron 1.500 euros a cada uno de los finalistas, los estudios Dídac Ballester y Democracia.
Entre los costes incurridos en los contratos relacionados con la identidad visual de la Agencia Espacial Española, se observa un patrón llamativo: casi todos se encuentran al límite legal permitido para contratos menores. Este tipo de contratación, que permite adjudicar servicios por hasta 15.000 euros más IVA, facilita la agilidad administrativa, pero limita la competencia y la transparencia en los procesos. Resulta significativo que partidas como el diseño del nuevo logo (14.800 €), el monolito con el logotipo (10.000 €), el vídeo corporativo (14.600 €) o los materiales promocionales (14.992 €) presenten costes similares y próximos al tope legal, lo que invita a reflexionar sobre la estrategia de gestión adoptada.
En el caso específico del diseño del nuevo logo, que tuvo un coste de 14.800 euros, resulta relevante analizar la naturaleza de la empresa adjudicataria, Work & Friends. Según se detalla en su propia página web, esta compañía afirma: “Nosotros no tenemos empleados, nos respalda una red de profesionales independientes que estará a tu disposición.”
Esto sugiere que la empresa opera como un intermediario, conectando a clientes con freelancers o estudios externos. Esta estructura abre la posibilidad de que el diseño haya sido subcontratado a un profesional independiente por una cantidad menor, mientras que la empresa retiene un margen como intermediario. Sin información adicional por parte de la AEE, persiste la incógnita sobre cuánto del presupuesto asignado fue destinado directamente al profesional que realizó el trabajo y cuánto corresponde a la gestión de la propia empresa adjudicataria. Este aspecto subraya la necesidad de una mayor transparencia en los procesos de contratación y en el desglose de los costes asociados.
Llamadas a proyecto
Este caso pone de manifiesto la importancia de una planificación más estratégica y coordinada en los procesos de contratación pública. Las inversiones financiadas con dinero público, especialmente en proyectos de diseño y comunicación, deberían abordarse desde una perspectiva global, asegurando que los recursos sean utilizados de manera eficiente y bajo un control más riguroso. La fragmentación del presupuesto en contratos menores y la ausencia de una visión integral no solo limita la transparencia, sino que también compromete la eficacia del resultado final.
Por otro lado, es imprescindible reflexionar sobre el papel de quienes deben gestionar los intereses de los profesionales involucrados en este tipo de proyectos. El presupuesto inicial del concurso, de tan solo 9.000 euros, con 6.000 euros para el ganador, resulta insuficiente para un encargo de esta envergadura, especialmente en el contexto de una agencia con un presupuesto de más de 18.000 millones de euros. Este hecho plantea una pregunta crucial: ¿cómo se llegó a aceptar unas condiciones que, a todas luces, no eran proporcionales a las necesidades del proyecto? Los organizadores del concurso, READ, al aceptar estas limitaciones presupuestarias, no velaron adecuadamente por los intereses de los profesionales del diseño, quienes ahora ven cómo el proyecto ha evolucionado con recursos que podrían haber transformado el proceso inicial en algo realmente significativo.
Este escenario también invita a cuestionar la eficacia de las “llamadas a proyecto” en el contexto del diseño público. Quizás sea momento de plantear sistemas más seguros y obligatorios para garantizar el éxito final. Esto implica asegurar recursos adecuados, condiciones justas y la contratación de profesionales idóneos desde el principio. Solo mediante una revisión de estas prácticas será posible evitar situaciones como esta, en las que los costes y la planificación inicial no reflejan ni la magnitud ni la importancia del proyecto, con un impacto negativo tanto para los profesionales como para la percepción de la gestión pública.