El Acuerdo Marco de Barcelona establece barreras económicas, fomenta malas prácticas laborales y discrimina a diseñadores independientes

El Acuerdo Marco de Contratación para temas de diseño y comunicación del Ayuntamiento de Barcelona para servicios creativos, estrategia de comunicación y diseño gráfico, con un presupuesto global superior a los 7 millones de euros, ha desatado una gran controversia en el sector.

Mientras se presenta como una oportunidad para mejorar la transparencia y la calidad de los servicios contratados por el sector público, numerosos profesionales del diseño, que han mostrado su enfado a Gràffica, lo consideran un obstáculo para los pequeños estudios y autónomos, favoreciendo a las grandes agencias y perpetuando malas prácticas laborales.
Con condiciones que afectan la conciliación, la exigencia de propuestas inéditas sin remuneración y unos requisitos económicos desproporcionados, el acuerdo no solo ha generado críticas dentro del sector, sino que también ha dejado expuesta el papel, que algunos consideran insuficiente, de ADG-FAD, la asociación que debería velar por los intereses de los diseñadores gráficos.

Tres lotes con barreras económicas insalvables

El Acuerdo Marco establece tres lotes diferenciados en función del tipo de servicio:

• Lote 1: Creatividad y estrategia para campañas publicitarias institucionales.
• Lote 2: Proyectos y acciones de comunicación en general.
• Lote 3: Proyectos específicos para distritos de la ciudad.

Aunque el Lote 3 presenta requisitos más accesibles, los Lotes 1 y 2 exigen una solvencia económica que excluye a la mayoría de los estudios pequeños. Entre los requisitos, destacan:

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• 850.000 euros de volumen de negocio anual igual o superior en alguno de los últimos tres años en el caso del Lote 1. 500.000 euros en el caso del Lote 2. Para el Lote 3 se rebaja la cantidad a 50.000 euros
• Tener proyectos similares a la licitación en alguno de los tres últimos años por más de 637.500 euros (Lote 1), 375.000 euros (Lote 2) y 37.500 euros (Lote 3)
• La obligación de mantener un equipo fijo de trabajo durante todo el periodo de duración del contrato, incluyendo perfiles como 1 director creativo, 1 director de arte, 1 director de estrategia, 1 copy, 1 gestor de proyectos, 2 diseñadores gráficos, 1 diseñador gráfico especializado en digital. (Lote 1 y 2). En el Lote 3 solo se exige un profesiónal que asuma todas las funciones anteriores con experiencia mínima demostrable de 3 años.

Este enfoque deja fuera a una gran parte del ecosistema de diseño, ya que muchos profesionales independientes o pequeños estudios no cuentan con la capacidad para mantener equipos fijos de estas características. Aunque es comprensible que el Ayuntamiento quiera garantizar la solvencia de las empresas adjudicatarias, el modelo actual favorece a las grandes agencias con estructuras corporativas y margina a los diseñadores autónomos y los estudios pequeños que no necesitan mantener una plantilla fija. Está manera de enfocar la contratación, además de discriminatoria, deja patente el desconocimiento del sector profesional y apunta una clara dirección a que el diseño esté en manos de grandes gestores.

Propuestas gráficas: una práctica especulativa

Otro de los puntos más controvertidos, según las personas contactadas, es la exigencia de presentar propuestas creativas inéditas. El acuerdo solicita que los participantes entreguen proyectos completos, incluyendo la conceptualización y el diseño final, sin que exista una garantía de que se les vaya a adjudicar el contrato. Esta práctica, conocida como trabajo especulativo, es ampliamente rechazada en el sector del diseño, ya que obliga a los profesionales a realizar trabajo no remunerado en un proceso de selección.

Se solicita, para el Lote 1, que se presente una campaña que esté relacionada con alguna de las temáticas que el Ayuntamiento difunde habitualmente como son derechos sociales, cultura, ecología, urbanismo… Y habrán de presentar una propuesta audiovisual (spot), con guión técnico y storyboard. 3 piezas de comunicación para redes, 3 piezas para prensa digital, y como mínimo un cartel. También concepto y estrategia.

Para el Lote 2, se solicita presentar un proyecto de branding que esté alineado con las actividades del Ayuntamiento. Se debe presentar un manual de identidad, 1 par de banderolas, 1 banderola veneciana, 1 banner estático para prensa digital, un banner dinámico para prensa digital y un animación para Stories de Instagram. También 1 cartel y concepto y estrategia

Para el Lote 3, se solicita presentar un proyecto de comunicación que esté en la línea de los temas del Ayuntamiento. Presentando 1 cartel, 1 folleto, 1 torreta, 1 Roll-up, 1 banner estático, 1 baner dinámico para redes. También concepto y estrategia.

Conciliación laboral y familiar sacrificada por los grandes

El Acuerdo Marco también ha sido criticado por sus exigencias sobre horarios de trabajo. Se premia a las empresas dispuestas a trabajar hasta las 20:00 horas y durante los fines de semana. Aunque este requisito es teóricamente opcional, se convierte en un factor determinante en el proceso de adjudicación. Aquellos que no se ajusten a estos horarios quedarán automáticamente en desventaja, lo que obliga a todos los licitantes a comprometerse a estos horarios para ser competitivos.

Este tipo de condiciones ignora las necesidades de conciliación laboral y familiar, una de las principales preocupaciones de los profesionales del diseño. La flexibilidad en los horarios debería ser un derecho, no una excepción. Sin embargo, el acuerdo premia a aquellas empresas que pueden trabajar sin descanso, lo que refuerza el modelo de sobrecarga laboral y precarización del sector creativo.

El pliego de condiciones también se premia con puntos si los licitantes están dispuestos a entregar el trabajo 1 o 2 días previos a lo requerido, con lo que las empresas no tienen otra opción si quieren ser competitivos, ya que todos los participantes acabaran aceptando si quieren conseguir tener opciones.

Los requerimientos de horarios, y velocidad además no están remunerados de una manera extra. Simplemente se explica que se adjudican dichos puntos si se está dispuesto a aceptar esas condiciones, algo que deja en evidencia la posición de poder y abuso de posición con relación a aquellas organizaciones que no tengan manera de gestionar estas necesidades.

Las condiciones laborales que todos los profesionales sufren son conocidas por todos, y seguramente todo el mundo conoce las responsabilidades a las que está dispuesto a asumir cunado se trabaja en un proyecto importante, pero que la administración pública acepte por escrito y formalice en un documento de contratación estas prácticas explica bien a las claras que el discurso político de conciliación y de horarios laborales se desmorona oficialmente.

Normativa impugnable

El acuerdo parece premiar prácticas laborales cuestionables, como la extensión de horarios, la reducción de precios y la realización de trabajos sin remuneración. Estas condiciones podrían contravenir la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Esta directiva establece derechos mínimos para los trabajadores, incluyendo la limitación de la duración máxima del trabajo y el derecho a períodos de descanso adecuados. Las condiciones del acuerdo podrían ser susceptibles de impugnación por no alinearse con estas normativas europeas.

La legislación vigente en España y Europa exige que los procesos de contratación pública respeten principios básicos como la igualdad de oportunidades, la transparencia, la libre competencia y la no discriminación. Según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), los pliegos de condiciones no deben contener cláusulas que limiten injustificadamente la concurrencia o impongan requisitos desproporcionados, garantizando así el acceso equitativo de todos los licitadores, incluidas pequeñas empresas y autónomos. A nivel europeo, la Directiva 2014/24/UE refuerza estas garantías, mientras que la Directiva (UE) 2019/1152 protege los derechos laborales, asegurando condiciones dignas, como horarios razonables y períodos de descanso adecuados.

Cuando una licitación pública incluye condiciones que puedan considerarse discriminatorias, desproporcionadas o contrarias a estos principios, el procedimiento es impugnable. Los afectados pueden presentar recursos administrativos o judiciales si las bases del concurso favorecen a determinados actores en detrimento de otros, como ocurre con las exigencias económicas desmesuradas o la práctica del trabajo especulativo. En este contexto, el Acuerdo Marco del Ayuntamiento de Barcelona podría ser cuestionado, ya que las condiciones planteadas parecen contravenir estas normativas y dificultar el acceso a pequeños estudios y profesionales independientes.

10% Descuento obligatorio

El Acuerdo también establece un sistema de descuentos obligatorios que afecta el precio final de los proyectos. Las empresas que liciten deben aplicar un descuento máximo del 10% sobre los precios establecidos para ser consideradas, lo que reduce aún más los márgenes económicos de los profesionales. Aunque el Ayuntamiento asegura que este límite busca evitar los descuentos temerarios, la práctica resulta ser una presión adicional que obliga a los licitantes a reducir sus precios de forma obligatoria sino quieren tener menos opciones de conseguir la contratación.

Además, los precios establecidos para algunos servicios, aunque ajustados a la realidad del mercado, siguen siendo insuficientes para atraer a los mejores talentos. Por ejemplo, el acuerdo ofrece 200 euros por 4 horas de animación gráfica, un precio que no cubre los costos básicos de producción y creatividad. Sin embargo, hay otras partidas que probablemente están sobredimensionados como es el caso de la creación de fotografías, que alcanzan los 9.000 euros por un trabajo que, en muchos casos, puede implicar menos dedicación creativa​.

Respuesta del Ayuntamiento

Sabemos que el Ayuntamiento ha dado respuesta a varias de las quejas a través del ADG-FAD que se ha reunido con los responsables del Acuerdo Marco. La respuesta del Ayuntamiento sobre las críticas por la solicitud de propuestas previas ha sido que la ley de contratos no permite adjudicar a partir de portfolios para asegurar el anonimato de los licitantes. Además, argumentan que no se pide una propuesta con un briefing detallado, sino que se abre la posibilidad de presentar trabajos inéditos previamente realizados, para que los licitantes puedan recuperar proyectos que no llegaron a ejecutarse.

Sin embargo, esta justificación no convence a muchos profesionales, que consideran que los portfolios ya ofrecen una visión suficiente sobre la calidad y el estilo de los diseñadores, sin necesidad de exigir propuestas adicionales tan extensas y que en la mayoría de los casos no son necesarias para conocer la solvencia técnica. Además en este caso no es una adjudicación directa, sino la inclusión en la lista de proveedores, con lo que conocer al licitante no es un requisito que sí es exigible, y comprensible, en contratos directos.

Por otro lado, en cuanto a la solvencia económica exigida el Ayuntamiento explica que están calculadas a partir del valor total del contrato que una de las empresas adjudicatarias podría llegar a tener.

Y en cuanto a las exigencias horarias declaran al ADG-FAD que estos horarios son puntuales y no sistémicos, pero consideran que, dado que algunos proyectos requieren estos horarios o servicios, necesitan garantizar que quienes se presenten puedan trabajar bajo estos parámetros de manera extraordinaria. Al mismo tiempo, estos criterios permiten que la parte económica tenga menos peso en el cómputo total. Lo que no explican es que este tipo de exigencia debe asumirse si se quiere ser competitivo en la propuesta.

La inacción del ADG-FAD

El ADG-FAD, la principal asociación de diseñadores gráficos y directores de arte en España, ha estado recibiendo numerosas quejas de sus asociados sobre las condiciones del Acuerdo Marco. A pesar de ello, su respuesta consideran muchos ha sido insuficiente. En un comunicación interno a todos los socios, la asociación manifestó su malestar por los puntos más polémicos, y cuales han sido las respuestas del Ayuntamiento al respecto, pero algunos diseñadores consultados consideran que esto no es suficiente y que no se han tomado medidas drásticas para revertir la situación. Aunque la asociación reconoce en su comunicado la existencia de dificultades legales para cambiar el acuerdo, no se ha pronunciado públicamente con la contundencia que muchos esperaban.

La pasividad del ADG-FAD en este proceso recuerda situaciones similares en otras ciudades donde las asociaciones no han intervenido adecuadamente ante licitaciones que vulneran los derechos de los diseñadores. O como el caso del concurso de la Agencia Espacial Española, gestionado por READ, que dejó en evidencia la falta de acción de las asociaciones para defender a los profesionales del sector.

El Acuerdo Marco del Ayuntamiento de Barcelona está diseñado para favorecer a las grandes agencias y dejar fuera a los pequeños estudios, autónomos y diseñadores con menos recursos. Sus condiciones económicas desmesuradas, la exigencia de trabajo especulativo y la imposición de horarios incompatibles con la conciliación laboral y familiar son barreras que excluyen a la mayoría de los profesionales del sector creativo.

Barcelona, que siempre se ha presentado como un referente del diseño y la cultura visual, está perdiendo una oportunidad crucial para liderar un cambio hacia una contratación pública más ética y justa. Es hora de que las instituciones, y especialmente el ADG-FAD, tomen medidas concretas para defender a los diseñadores y asegurar que el diseño siga siendo una actividad profesional digna, accesible y respetuosa con los derechos laborales.

Actualizado 29/11/2024