Bilbao convoca a profesionales y amateurs para diseñar Aste Nagusia: ¿está una administración alentando trabajo no regulado?

El Ayuntamiento de Bilbao ha convocado el concurso para elegir el cartel de Aste Nagusia 2026 con un premio de 3.000 euros y una condición especialmente significativa: las bases permiten participar tanto a profesionales como a amateurs del diseño gráfico. La convocatoria, destinada a seleccionar la imagen oficial de una de las grandes fiestas de la ciudad, vuelve a situar el diseño en una zona ambigua donde una administración pública equipara una actividad profesional —sujeta a formación, impuestos, obligaciones laborales y responsabilidad económica— con una práctica aficionada.

Una administración pública convoca un certamen abierto para resolver la imagen gráfica de unas fiestas populares. El problema aparece en la primera condición de participación. Las bases indican literalmente que podrán participar «profesionales y amateurs del diseño gráfico de cualquier nacionalidad». La frase puede parecer menor, incluso amable, bajo la idea de abrir la convocatoria a cualquier persona con talento. Pero, en realidad, contiene una cuestión de fondo que afecta directamente al reconocimiento profesional del diseño gráfico y al papel que deben asumir las administraciones públicas cuando contratan, premian o promueven trabajos de comunicación visual.

Porque el cartel de Aste Nagusia no es una actividad recreativa ni un ejercicio escolar. Tampoco es una pieza doméstica, privada o experimental. Es la imagen pública de una de las celebraciones más visibles de Bilbao, una pieza que se utilizará en soportes institucionales, canales digitales, materiales impresos y aplicaciones de promoción. La convocatoria reconoce esa dimensión cuando señala que el cartel premiado constituirá la imagen de Aste Nagusia 2026 «en todos sus soportes». Sin embargo, al mismo tiempo, admite que esa imagen pueda ser desarrollada por personas que no ejercen profesionalmente la actividad.

No se trata de discutir si una persona amateur puede tener talento. Claro que puede tenerlo. La historia del diseño, de la ilustración, del cartelismo y de la cultura visual está llena de trayectorias no lineales, perfiles autodidactas y autores que llegaron desde márgenes inesperados. El problema no es el talento. El problema es que una administración pública coloque en el mismo plano a quienes ejercen una actividad profesional con obligaciones fiscales, laborales y administrativas, y a quienes participan desde una posición aficionada, sin necesariamente estar dados de alta, sin asumir los costes de estructura de un estudio o de una actividad autónoma, sin facturación regular, sin seguros, sin obligaciones contables y sin el marco económico que sostiene una profesión.

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El diseño como actividad profesional, no como entretenimiento público

La pregunta es sencilla: ¿haría una administración pública lo mismo con otras actividades? ¿Convocaría un concurso para que profesionales y amateurs redactaran un informe jurídico? ¿Abriría a aficionados el diseño estructural de un edificio municipal? ¿Pediría a profesionales y amateurs una instalación eléctrica para una infraestructura pública? ¿Invitaría a personas sin actividad sanitaria reconocida a resolver una intervención médica, aunque fuera simbólica, visible o bienintencionada?

La comparación puede parecer extrema, pero sirve para evidenciar una diferencia de trato. En determinados ámbitos, la profesionalidad se asume como condición mínima para intervenir en encargos públicos. En diseño gráfico, en cambio, sigue operando una idea peligrosa: si alguien sabe dibujar, usar un programa, generar una imagen o componer una pieza visual, puede resolver una necesidad de comunicación institucional. Esa confusión entre habilidad, gusto, afición y profesión es una de las causas profundas de la precarización del diseño.

Durante años, escuelas, universidades y centros especializados han formado a diseñadores gráficos, ilustradores, directores de arte, tipógrafos y profesionales de la comunicación visual. Esa formación no solo enseña a producir imágenes. Enseña a entender contextos, públicos, jerarquías de información, legibilidad, reproducción técnica, accesibilidad, propiedad intelectual, sistemas de aplicación, relación con proveedores, procesos de corrección, responsabilidad ante un cliente y toma de decisiones en entornos reales. Todo eso desaparece cuando una administración reduce el diseño a la entrega de un cartel cerrado en PDF.

De hecho, las propias bases del concurso muestran que no se está pidiendo una simple ocurrencia visual. El archivo digital presentado tendrá la consideración de obra final; se exige un PDF en alta resolución, a tamaño final de impresión, con textos vectorizados y espacio de color CMYK; y la persona ganadora podrá ser requerida para proporcionar elementos, tipografías y archivos utilizados para facilitar la adaptación a diferentes soportes, formatos y aplicaciones. Es decir, se piden conocimientos técnicos y capacidad de producción profesional, pero no se exige que quien participe lo sea.

La administración necesita un resultado profesional, pero admite participantes no profesionales. Pide una obra final técnicamente válida, pero abre la puerta a personas que quizá no tengan actividad económica regular en el sector. Exige responsabilidad sobre los recursos gráficos utilizados, derechos de autor, posibles plagios o incidencias, pero no establece como requisito que la participación se haga desde un marco profesional, fiscal o administrativo claro.

El resultado es un mensaje devastador para el sector: el diseño gráfico es importante para anunciar una fiesta, vestir una ciudad y construir imaginario colectivo, pero no lo suficiente como para exigir que lo realice alguien profesionalmente establecido.