Para evitar más casos como el de Ena Cardenal se debería elaborar un Manual de Buenas Prácticas, tanto para las administraciones como para los profesionales que trabajan con ellas.
Hace unos días, la diseñadora Ena Cardenal, publicaba, en este mismo medio, una carta narrando la situación en que el Acuerdo Marco con el Ayuntamiento de Madrid se ha convertido más en un problema que en una solución. Cuando un reglamento, normativa, sistema de contratación, etc permite que el objetivo inicial para el que fue creado no se cumpla, es que es un reglamento, normativa o acuerdo equivocado. Como diseñadores lo sabemos, si el proceso te lleva a un resultado que no cumple con el objetivo inicial, has de volver atrás y rectificar.
No hay que ser muy astuto para entender que, si la idea era un acuerdo para trabajar de forma alternativa con un grupo de 13 estudios o UTEs y en su mayoría se está operando con 3, algo ha fallado. Ni es el primer caso y lamentablemente es probable que no sea el último.
Por eso, más allá del caso particular, me interesa poner sobre la mesa un tema que hace tiempo que capea sobre la profesión, sobre todo cuando estamos hablando de presupuestos públicos.
Creo que deberíamos dotarnos de un Código o Manual de Buenas Prácticas, tanto para las administraciones como para los profesionales que trabajan con ellas.
El objetivo de ese manual sería múltiple pero el principal no podría ser otro de velar por la mejor calidad en la comunicación institucional. Porque al final de la calle, al margen de cuestiones coyunturales, trucos particulares y despropósitos varios, lo que se resiente de un modelo que permite rebajas temerarias es la calidad del resultado.
No podemos ser tan inocentes como para pensar que un estudio va a invertir el mismo tiempo y energía a un proyecto correctamente pagado que en uno que está ofertando por debajo del coste real, por muchos becarios no remunerados que tenga. Y esa es una responsabilidad enorme. Si trabajamos con dinero público estamos obligados a ofrecer a los usuarios (que no consumidores) la mejor comunicación posible.
Hay otro objetivo, que no es menor, aunque más gremial: debemos, todos, trabajar para mantener la mayor dignidad posible de nuestra profesión, si es que creemos que la merece. No se puede operar con estrategias empresariales que menosprecien el valor de nuestro trabajo porque si nosotros no nos respetamos, no lo va a hacer nadie.
Desde las asociaciones ya pueden trabajar durante años para que el diseño y la comunicación tengan la mejor percepción posible que si damos cancha a avispados “emprendedores” que practican una política de tierra quemada, de nada servirá. Rebajar a casi la mitad un presupuesto que ya sale ajustado es menospreciar el diseño, se mire por donde se mire.
No hablo de cachés elitistas que pagan empresas de moda, hablo de presupuestos públicos que siempre (menos cuando hay pelotazos encubiertos) se ofrecen ya muy ajustados.
Un Manual de Buenas Prácticas para trabajar con entidades públicas debería tener en cuenta tanto los aspectos externos como internos de los estudios. Si hemos de vigilar que las estrategias comerciales agresivas no minusvaloren nuestra labor de cara a las instituciones, también hemos de exigir que el régimen interno de los estudios no menosprecie el trabajo de todas las personas que forman parte de él.
Como profesor, conozco múltiples casos de alumnos que han hecho prácticas o han estado temporadas a prueba en estudios donde directamente se les ha explotado laboralmente. Más allá de que sea o no legal, no es ni justo ni deseable.
Las buenas prácticas serían de cumplimiento obligatorio si se quiere trabajar con la administración y sería esta la que debería exigir la adhesión a ellas. Se podrá pensar que es imposible pero no es así. Sin ir más lejos, estuve colaborando con una empresa de tamaño considerable, que tuvo que ajustar el diferencial entre quien cobraba más y quien cobraba menos (del director general al último aprendiz) porque que no podía pasar de x veces. Querían participar en concurso público en Francia y allí el gobierno obliga a algunas cuestiones de régimen interno a las empresas que quieren licitar, como que no se supere x veces la diferencia entre sueldos de sus empleados.
Por otro lado, el Gobierno de Canadá lleva tiempo trabajando con un código de contratación donde se dice “Utilizar la contratación pública sostenible (SPP) como fuerza de mercado para alentar a las empresas a abrazar los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) marcados en la Agenda 2030. Exigir a todas las empresas que revelen sus contribuciones a los ODS para calificar como proveedor del gobierno federal”.
Dentro de estos objetivos hay el de “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Es complejo, sí, pero no imposible.
Yendo un paso más allá, la adopción y cumplimiento de esas buenas prácticas, que deberían ser redactadas de forma consensuada por las entidades del sector y las administraciones públicas, deberían ser una condición para poder participar en los premios que el sector genera para prestigiar la profesión, que es el objetivo principal de dichos premios. ¿Qué sentido tiene premiar un trabajo si el estudio que lo ha realizado, en su día a día, infravalora a sus trabajadores, revienta precios precarizando la profesión e incurre en estrategias que, aunque legales, son fraudulentas?
Entiendo que esto que planteo se puede leer como un intrusismo excesivo en un sector que se llama liberal. Siempre me ha llamado la atención que, en otros sectores es relativamente habitual hacer públicos los presupuestos anuales, las ganancias, etc., en la publicidad, sin ir más lejos. En el nuestro, parece impensable. Somos creativos y parece que de eso del dinero no se habla.
En realidad, somos un sector económico más y si queremos normalizarlo deberíamos aprender de otros en que los índices de trasparencia son muy superiores.
Cuando te etiquetan como profesional liberal, se refieren a que no trabajamos en el régimen laboral por cuenta ajena, pero creo que algunos han entendido que ser un profesional liberal es adoptar las malas prácticas de neoliberalismo. Ya sabéis, desregularización para todo aquello que me pueda beneficiar y en cambio todas las ventajas, incluso las tramposas, para trabajar con el sector público.
Si eso lo visto de la neolengua de moda y uso términos de las economías del bien común que no aplico en mi propio estudio, el resultado son situaciones como las que se están encontrando 10 de los 13 estudios que participan en el Acuerdo Marco de comunicación en Madrid.
Un código de buenas prácticas pondría el bien común en el centro, más allá del lenguaje, tanto para el sector del diseño, como para las administraciones y para los usuarios finales, que son a quienes nos debemos.