El concurso de ilustración del Museo ABC reabre el debate sobre exposiciones sin remuneración y la ambigüedad entre premio y adquisición

La reciente convocatoria del IV Certamen de Ilustración de Prensa Museo ABC, promovida por la Fundación Colección ABC y subvencionada por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, ha vuelto a situar en el centro del debate una cuestión recurrente en el ámbito cultural: qué se entiende exactamente por apoyo a los creadores cuando se organizan concursos, exposiciones y premios desde instituciones con respaldo público.

Uno de los aspectos más controvertidos de la convocatoria reside en la exposición posterior anunciada en las bases. El texto no se limita a mencionar la exhibición de las obras premiadas, sino que habla de “las ilustraciones ganadoras de las dos categorías, así como de la selección de las mejores obras presentadas a criterio del jurado”. Esto abre la puerta a que trabajos no premiados ni reconocidos económicamente formen parte de una muestra pública, sin que exista una compensación explícita por esa exhibición. En la práctica, se trata de trabajo profesional mostrado al público sin remuneración, amparado en el argumento implícito de la visibilidad.

La exposición, además, no se plantea como un derecho del autor ni como un acuerdo específico, sino como una consecuencia automática de la participación en el certamen. Las bases no detallan duración, alcance de los usos de imagen, si habrá catálogo, ni si las obras podrán utilizarse en acciones de comunicación institucional más allá del propio espacio expositivo. Todo queda condensado en una formulación genérica que deja escaso margen de decisión al ilustrador una vez aceptadas las condiciones.

A esta cuestión se suma otra ambigüedad relevante: la naturaleza real de los premios económicos. El certamen establece dos primeros premios de 1.000 euros y dos accésits de 500 euros, pero al mismo tiempo indica que “los trabajos premiados quedarán en posesión de la Fundación Colección ABC y pasarán a formar parte de su colección”. Esta redacción introduce una confusión de fondo: no es lo mismo otorgar 1.000 euros como premio que pagar 1.000 euros por la adquisición de una obra original.

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En el primer caso, el premio reconoce una trayectoria o un trabajo concreto sin implicar necesariamente cesión de derechos ni transferencia de propiedad. En el segundo, estamos ante una compra, que debería ir acompañada de condiciones claras sobre qué se adquiere exactamente: el soporte original, una copia, el archivo digital, y —sobre todo— qué derechos de explotación se ceden, durante cuánto tiempo y para qué usos. Tal y como están formuladas las bases, esta distinción no queda claramente definida, lo que puede generar expectativas distintas entre autores e institución.

El debate adquiere mayor peso si se atiende al contexto institucional del certamen. El Museo ABC de Dibujo e Ilustración está gestionado por la Fundación Colección ABC, entidad privada responsable de una de las mayores colecciones de dibujo e ilustración de España. Sin embargo, el museo comparte espacio desde 2023 con el Centro Cultural Clara del Rey, gestionado por el Ayuntamiento de Madrid, y la propia convocatoria cuenta con financiación municipal con cargo a los presupuestos públicos de 2025. Este marco híbrido, entre lo privado y lo público, refuerza la necesidad de criterios claros y transparentes en la relación con los creadores.

Desde el sector de la ilustración, cada vez son más las voces que cuestionan un modelo cultural basado en la producción gratuita de obra a cambio de visibilidad, especialmente cuando esa obra contribuye a generar programación, discurso cultural y valor simbólico para instituciones consolidadas. La exposición, recuerdan, no es un gesto neutro: implica espacio, recursos, comunicación y legitimación cultural.

Por ahora, la Fundación Colección ABC no ha aclarado públicamente si los premios deben entenderse como adquisiciones de obra ni cómo se regularán en la práctica los derechos de las ilustraciones expuestas. La convocatoria vuelve así a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria: qué significa realmente apoyar a los ilustradores cuando el reconocimiento simbólico no va acompañado de contratos claros y compensaciones acordes al uso de su trabajo.