¿Cuánto cuesta cambiarle el color a la Generalitat Valenciana?

El paso al denominado Azul Senyera no es solo un ajuste gráfico ni una decisión limitada al logotipo, el cambio podría situarse en decenas de millones de euros repartidos a lo largo de varios años. Una cifra orientativa que ayuda a dimensionar algo que a menudo pasa desapercibido: la enorme cantidad de soportes, físicos y digitales, en los que una identidad institucional está presente.

Las estimaciones parten de un escenario realista y comparativo a otras implementaciones: no todo se cambia y, desde luego, no se cambia a la vez. También es una cifra, muy conservadora ya que se desconoce la inmensidad del alcance del cambio, y que plan de sustitución se desarrollará y durante cuanto tiempo. 

El grueso del gasto se concentrará en los espacios más visibles y representativos, donde el símbolo tiene un peso institucional claro. Hospitales de referencia, grandes complejos sanitarios, edificios administrativos, sedes de consellerías, museos, universidades públicas y soportes directamente vinculados a Presidencia son los primeros ámbitos donde el azul tenderá a imponerse.

En cambio, otros muchos elementos permanecerán intactos durante años. Señalización viaria, instalaciones permanentes en buen estado, rótulos históricos, vehículos o elementos técnicos seguirán activos hasta que una reforma, una ampliación o el simple desgaste justifique su sustitución. Esta lógica escalonada explica por qué los cambios de identidad institucional rara vez se completan y por qué el impacto presupuestario se diluye en el tiempo.

Este patrón no es exclusivo del ámbito público valenciano. En el terreno institucional y corporativo existen precedentes bien documentados que muestran hasta qué punto la implantación de una nueva identidad es lenta y fragmentada. La BBC, por ejemplo, estimó en torno a 7 millones de libras el coste de la actualización de su identidad visual, una cifra que correspondía principalmente al rediseño y a la adaptación inicial de entornos digitales y audiovisuales. La sustitución completa de soportes físicos y señalización se integró, como ocurre habitualmente, en ciclos ordinarios de renovación, prolongando la convivencia de identidades durante años.

En el ámbito privado, donde los procesos suelen ser más ágiles, la escala del coste y del tiempo sigue siendo significativa. Mapfre anunció una inversión de alrededor de 70 millones de euros para la actualización y despliegue de su marca en miles de oficinas y soportes físicos repartidos en más de cuarenta países, con un horizonte de implantación de varios años. De forma similar, la transformación de Cepsa en Moeve implicó una inversión estimada en torno a los 130 millones de euros para adaptar la identidad en una extensa red de estaciones de servicio, instalaciones industriales y comunicación corporativa, un proceso que también se planificó de manera progresiva.

Las grandes consultoras de marca coinciden en este diagnóstico. Estudios y guías metodológicas de Interbrand y Wolff Olins sitúan la implantación completa de un rebranding de gran escala entre el 0,5 % y el 1 % de la facturación anual de una organización, subrayando que el grueso del coste no reside en el diseño del logotipo o del sistema visual, sino en su despliegue territorial: señalización, edificios, vehículos, soportes físicos y adaptación operativa.

Miles de soportes, años de convivencia y un paisaje visual fragmentado

Quizá el aspecto menos evidente para el ciudadano sea la magnitud real del cambio. La identidad de la Generalitat no vive solo en un escudo o en una web. Está presente en miles —probablemente millones— de aplicaciones: placas de edificios, señalización interior y exterior, hospitales, centros de salud, colegios, institutos, universidades, museos, juzgados, oficinas administrativas, parques móviles, campañas públicas, documentos oficiales, formularios, plataformas digitales, fondos de prensa, atriles, uniformidad gráfica y soportes temporales vinculados a obras o programas.

Cada uno de estos elementos tiene su propio ciclo de vida, su propio coste y su propia lógica de sustitución. Cambiarlos todos de forma simultánea sería inviable. Por eso, durante años convivirán distintas versiones de la identidad: el rojo histórico, el nuevo azul preferente y el negro.

El resultado será un paisaje visual heterogéneo, donde el azul se impondrá en los espacios más simbólicos, mientras el rojo y el negro seguirán presentes en muchos otros durante años, incluso décadas.

Buena prueba de ello es que hoy siguen presentes numerosos identificadores instalados entre 1985 y 2018, año en que se produjo la última actualización oficial del sistema gráfico. Rótulos, placas y señalizaciones continúan cumpliendo su función sin cuestionamiento alguno porque siguen identificando con claridad a la institución. El caso del Hospital La Fe de València es especialmente ilustrativo: un rótulo de gran formato con el logotipo original de 1985 y su tipografía histórica sigue presidiendo el edificio sin que exista, por ahora, una previsión clara de sustitución. No es una anomalía, sino un reflejo fiel de cómo funcionan estos procesos en la realidad.

El rojo y el negro amortiguarán el cambio

El mantenimiento del rojo histórico y la consolidación del negro como colores corporativos cumplen una función clave en la transición hacia el azul preferente. Ambos permiten que una parte muy significativa de las aplicaciones existentes siga siendo válida sin necesidad de sustitución inmediata. 

El rojo, plenamente identificado con la Generalitat Valenciana desde 1985, preserva la continuidad simbólica de la institución y evita una ruptura visual total. El negro, que durante décadas funcionó como recurso técnico y versión monocromática para situaciones de producción o coste, pasa ahora a desempeñar un papel estabilizador dentro del sistema. 

Esto tiene un efecto inmediato: muchas señales ya existentes en negro seguirán siendo válidas y no se sustituirán. Otras, en rojo, también permanecerán, ya que el rojo continúa recogido como color corporativo. En la práctica, la Generalitat convivirá durante años —probablemente durante décadas— con tres colores considerados oficiales.

Desde el punto de vista administrativo, esta convivencia facilita la gestión y evita un gasto inmediato. Desde el punto de vista de la identidad, introduce una ambigüedad poco habitual en sistemas consolidados, donde la jerarquía cromática suele ser clara y estable. El resultado será un paisaje visual heterogéneo, donde el azul se impondrá en los espacios más simbólicos mientras el rojo y el negro seguirán presentes en muchos otros.

En una reciente rueda de prensa con motivo de la firma de un acuerdo institucional, la Generalitat utilizó el logotipo en negro en el atril, pese a que el nuevo color preferente es el azul. Un gesto que evidencia que el negro se empleará de forma consciente cuando se quiera reforzar una imagen de solemnidad o mayor institucionalidad, incluso a costa de renunciar a la coherencia cromática que implicaría aplicar de manera sistemática el nuevo azul.

El tema fundamental no es únicamente cuánto cuesta cambiar el color de la Generalitat Valenciana, sino qué se obtiene realmente a cambio y qué riesgos se asumen. El proceso será largo, fragmentado y visualmente desigual; el gasto, asumible pero persistente; y el resultado, al menos durante muchos años, una identidad dispersa en la que conviven pasado y presente sin una jerarquía clara. La experiencia demuestra que estos cambios rara vez se completan y que los símbolos institucionales tienden a resistirse a las decisiones coyunturales.

Existe, además, un elemento especialmente delicado: el cambio no ha sido fruto de un acuerdo amplio entre fuerzas políticas, sino de una decisión ejecutiva. Esto abre dos escenarios problemáticos. El primero, relativamente previsible, es que un futuro cambio de gobierno intente revertir la decisión y volver a modificar la identidad, reactivando el ciclo de sustituciones y generando un nuevo coste económico que se sumaría al actual. Un proceso que, lejos de cerrarse, se convertiría en recurrente.

El segundo escenario es aún más preocupante. Si se normaliza que la identidad visual de una institución pueda adaptarse a intereses partidistas coyunturales, se rompe el principio de estabilidad simbólica. Hoy es el azul; mañana podría ser cualquier otro color. Amarillo, verde, naranja o cualquier otro tono asociado a una sigla política concreta. La identidad institucional dejaría de ser un patrimonio común para convertirse en un elemento moldeable según quien gobierne.

Durante más de cuarenta años, la identidad de la Generalitat Valenciana se mantuvo estable, reconocible y ajena a la confrontación política. Esa continuidad generó pertenencia y confianza. Alterarla sin consenso no solo tiene un coste económico, sino que introduce una fragilidad simbólica difícil de corregir. El gasto podrá diluirse en los presupuestos futuros; el precedente, en cambio, quedará instalado durante mucho más tiempo.