El pasado viernes 4 de octubre, la Agencia Espacial Española presentó en Sevilla su nuevo logotipo, en un acto encabezado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Sin embargo, el diseño presentado no fue el esperado por muchos dentro del sector del diseño. Inicialmente, tras un concurso público ampliamente publicitado, se había anunciado que los estudios Rubio&delAmo y CruzmasCruz serían los encargados de desarrollar la identidad visual de la agencia. Este cambio ha generado gran controversia y ha llevado a los estudios a a solicitar legalmente explicaciones a la Agencia Espacial Española.
Requerimiento legal de los estudios afectados
Los estudios Rubio&delAmo y CruzmasCruz han enviado un requerimiento legal (burofax) exigiendo explicaciones sobre lo ocurrido. Aunque el proyecto fue pagado por la Agencia Espacial Española, lo que limita en parte las acciones legales por la propiedad del trabajo, los estudios argumentan que se podrían explorar otras vías legales basadas en los derechos morales de autor. Este concepto legal protege la integridad del creador, otorgándole el derecho a ser reconocido como el autor de su obra y a preservar su integridad ante modificaciones o usos indebidos. En este caso, la omisión del diseño originalmente seleccionado y su sustitución por otro podría entrar en conflicto con esos derechos, al dañar la reputación de los diseñadores.
Además, los especialistas en derecho consultados por Gràffica señalan que la cuestión del uso indebido de dinero público también es relevante. El concurso fue financiado con fondos públicos, y tras realizarse el proceso de selección, el cambio inesperado de diseño y la contratación de una nueva propuesta puede ser interpretado como una gestión inapropiada de los recursos públicos.
Implicaciones legales para READ como intermediario
Otro aspecto crucial del caso es el papel que ha jugado la Red Española de Asociaciones de Diseño (READ). READ no solo fue la entidad responsable de organizar el concurso, sino que también actuó como intermediario financiero. Fue READ quien cobró el dinero del Ministerio para gestionar el pago tanto a los finalistas (1.500 euros cada uno) como a los ganadores (6.000 euros). Ahora, la organización ha adoptado una postura de distanciamiento, argumentando que su rol era puramente intermediario y que cualquier conflicto es un asunto entre el cliente, en este caso la Agencia Espacial Española, y los diseñadores.
Sin embargo, varios expertos consultados consideran que READ podría tener responsabilidades legales directas en la gestión del proyecto. Dado que la organización recibió el dinero y gestionó los pagos, su argumento de ser un simple intermediario sin responsabilidad carece de solidez. La Red jugó un papel activo en la ejecución del concurso y, al no completarse el proceso en su totalidad —es decir, con la aplicación efectiva del diseño ganador—, podría estar incurriendo en un incumplimiento de contrato. Si bien el concurso fue finalizado y los pagos realizados, la no ejecución final del proyecto podría tener consecuencias legales para READ al no cumplir completamente con las condiciones pactadas para la finalización del trabajo.