Cuatro meses después de su nacimiento, Som Grau ha comenzado a trasladar la reclamación de los diseñadores gráficos pre-Bolonia al terreno institucional. La plataforma ha presentado alegaciones al desarrollo reglamentario de la Ley 1/2024, ha llevado el caso al Síndic de Greuges de Cataluña y se acerca a los 300 profesionales adheridos. Son avances relevantes, aunque la cuestión esencial continúa pendiente: conseguir el reconocimiento de unas titulaciones y una experiencia profesional atrapadas entre dos sistemas educativos.
Som Grau nació el pasado 28 de marzo para reclamar una solución para quienes estudiaron Diseño Gráfico antes de la implantación del Plan Bolonia. Profesionales procedentes de los antiguos estudios de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos o de los primeros ciclos formativos de grado superior que, pese a acumular en muchos casos más de veinte años de experiencia, no disponen de una titulación equiparable al actual grado en Diseño.
La consecuencia no es únicamente académica. La falta de esa equivalencia limita el acceso a convocatorias públicas, plazas de la función pública, procesos docentes y licitaciones en las que se exige una titulación de grado. La plataforma también advierte de que esta barrera comienza a aparecer en la empresa privada, donde se suma a la discriminación por edad que afecta a parte del colectivo.
Tras una primera fase centrada en visibilizar el problema, Som Grau ha comenzado a abrir distintas vías administrativas. La más reciente ha sido la presentación de su caso ante el Síndic de Greuges de Cataluña, institución encargada de supervisar la actuación de las administraciones públicas catalanas y proteger los derechos de la ciudadanía.
La intervención del Síndic no implica que la reivindicación haya sido aceptada ni garantiza una resolución favorable. Tampoco supone, por ahora, la apertura de una negociación formal. Sí permite incorporar el conflicto a un cauce institucional y examinar si la actuación de la Administración ha generado una situación de desigualdad o indefensión. Es un avance, pero todavía no una solución.
De las alegaciones al desarrollo de la ley
El primer movimiento administrativo se produjo el 8 de mayo, cuando Som Grau presentó alegaciones durante la tramitación del proyecto de real decreto que desarrollaba la Ley 1/2024, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y las equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.
Las alegaciones no se dirigieron contra la ley, aprobada en 2024, sino al proyecto normativo que debía desarrollarla en el ámbito de las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño. Aquel texto terminó convirtiéndose en el Real Decreto 452/2026, aprobado el 3 de junio.
La norma contempla mecanismos para reconocer competencias adquiridas mediante la experiencia laboral, posibles convalidaciones de módulos y futuras equivalencias entre titulaciones. También abre la puerta a establecer pasarelas dentro del sistema educativo. Sin embargo, no concede una equiparación general con el grado a quienes estudiaron Diseño antes de Bolonia, el núcleo de la reclamación de Som Grau.
La plataforma solicita una habilitación, equivalencia o equiparación para quienes poseen una titulación oficial y pueden acreditar más de veinte años de ejercicio profesional. Para el resto propone soluciones específicas, como cursos complementarios para quienes estudiaron bajo el denominado Plan del 63 y cursos puente para las primeras promociones de los ciclos superiores, con reconocimiento efectivo de sus competencias y experiencia.
En junio, Som Grau también se reunió con representantes de L’Experiència és un Grau, la plataforma que ya planteó este problema en 2010. El encuentro sirvió para conocer las negociaciones que aquel colectivo mantuvo con la Administración, así como los avances y bloqueos encontrados. La conexión entre ambas iniciativas demuestra que el conflicto lleva al menos quince años identificado y continúa sin una respuesta completa.
L’Experiència és un Grau ya advirtió entonces del riesgo de crear dos categorías de profesionales con derechos diferentes según el momento en que hubieran estudiado. Esa desigualdad se mantiene: personas con formaciones y trayectorias comparables tienen posibilidades distintas de acceder a la docencia, al empleo público o a determinadas licitaciones dependiendo de si pudieron adaptar posteriormente su titulación.
Cerca de 300 adhesiones, pero todavía sin una solución
Som Grau también ha ampliado su presencia dentro del sector. La plataforma asegura contar con el respaldo de cerca de 70 profesionales, estudios, empresas y entidades vinculadas al diseño y la cultura visual. Entre ellos aparecen Mario Eskenazi, Óscar Mariné, Alex Trochut, Marta Cerdà, Enric Jardí, Toormix, Bildi Grafiks, ADG-FAD, Barcelona centre de Disseny, APIC, el festival Blanc! y Gràffica.
La reivindicación estuvo presente en la Nit Laus y protagonizó el 16 de junio una sesión informativa en el DHub de Barcelona. También ha circulado mediante newsletters, redes sociales y distintos medios. Esa repercusión ayuda a extender el problema, aunque no debe confundirse con un progreso administrativo: la visibilidad refuerza la reclamación, pero no modifica por sí sola la situación de los afectados.
El dato más significativo es que Som Grau se acerca a los 300 integrantes. Es una cifra apreciable para una plataforma con cuatro meses de recorrido, aunque sus responsables sostienen que el número real de afectados es mucho mayor. Dimensionar el colectivo será importante para demostrar que no se trata de casos aislados y ganar legitimidad ante las administraciones.
El balance, por tanto, debe leerse con cautela. Som Grau ha reunido apoyos, presentado alegaciones y llevado el conflicto ante el Síndic de Greuges. Ha pasado de explicar el problema a intervenir en los espacios donde podrían construirse soluciones. Pero todavía no existe una equivalencia, una habilitación ni un curso puente común, y tampoco se ha anunciado un compromiso concreto de la Administración.
El reto es ahora convertir la atención conseguida en interlocución política y esa interlocución en una medida aplicable. La plataforma reclama, además, que los afectados participen en cualquier negociación futura. Después de décadas de decisiones tomadas sin ellos, una eventual solución difícilmente debería volver a diseñarse desde fuera.
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