La Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana ha lanzado una licitación para la creación de tres logotipos, cuya valoración se basará exclusivamente en el precio más bajo, desconsiderando la calidad técnica y profesional. Las condiciones incluyen un presupuesto insuficiente, plazos irrazonables y una falta total de garantías mínimas. Licitación aquí
La Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana ha enviado a varios estudios de diseño una licitación pública con condiciones completamente inadecuadas y ofensivas para la creación de tres logotipos. El pliego establece que el presupuesto máximo para este proyecto es de 7.260 euros (IVA incluido), una cifra insuficiente para garantizar la calidad esperada en la creación de tres marcas corporativas.
Los logotipos a desarrollar son para la Ley del Tercer Sector de Acción Social de la Comunitat Valenciana, la Estrategia Valenciana de Atención a las Personas Sin Hogar 2024-2031 y el Plan Autonómico de Lucha Contra la Pobreza. Estos proyectos requieren una identidad visual distintiva para su difusión y reconocimiento público, pero las condiciones propuestas son inaceptables.
Para agravar la situación, la licitación exige la presentación de tres variantes de cada logotipo, totalizando nueve propuestas, lo que incrementa desproporcionadamente la carga de trabajo sin una compensación adecuada. Esta solicitud no solo subvalora el esfuerzo y la creatividad necesarios, sino que también demuestra una falta de respeto hacia el trabajo de los diseñadores gráficos.
El plazo para la entrega de los logotipos es igualmente irrazonable: se otorgan cinco días para el primer logotipo y ocho días para los dos restantes, contados desde la adjudicación. Estos tiempos son ridículamente cortos y no permiten una investigación, reflexión y desarrollo adecuados, esenciales para la creación de un diseño efectivo y de calidad.
Lo más alarmante de esta licitación es que el único criterio de adjudicación será el precio más bajo, sin tener en cuenta la calidad técnica o profesional del estudio o diseñador. Este enfoque no solo compromete la finalidad del proyecto, sino que también denigra la profesión del diseño gráfico, fomentando una competencia desleal basada únicamente en el coste económico.
Además, la falta de un briefing claro y la ausencia de un jurado profesional para evaluar las propuestas son otros puntos críticos que reflejan la incompetencia y la falta de seriedad de esta licitación. Estas condiciones no solo afectan negativamente a los diseñadores que participen, sino que también perjudican a la administración pública, que termina obteniendo trabajos de baja calidad que no cumplen con los estándares esperados.
Aceptar estas condiciones significaría comprometer la calidad del trabajo y la reputación de los diseñadores. La administración debe reconsiderar y modificar urgentemente estas condiciones para asegurar que las licitaciones futuras respeten y valoren adecuadamente la profesionalidad y el esfuerzo de los estudios de diseño gráfico.
Será de esperar que los representantes de los profesionales del diseño gráfico no se queden en un simple comunicado, sino que actúen legalmente contra esta licitación totalmente en contra de los intereses de los profesionales. Es fundamental que se establezcan condiciones justas y realistas que permitan a los diseñadores ofrecer trabajos de calidad que beneficien tanto a la administración como a la sociedad en general.
Esta licitación no solo es un insulto a la profesión del diseño gráfico, sino que también pone en peligro la sostenibilidad y la dignidad de los profesionales del sector. Es fundamental que se establezcan condiciones justas y realistas que permitan a los diseñadores ofrecer trabajos de calidad que beneficien tanto a la administración como a la sociedad en general.