Mientras Educación y sindicatos negocian ratios, plantillas y salarios en la enseñanza pública no universitaria, los estudios superiores de música, danza, arte dramático, conservación, cerámica y diseño vuelven a quedar diluidos en un conflicto pensado desde la escuela y el instituto.
La huelga del profesorado valenciano ha situado en el centro del debate público cuestiones esenciales para la educación pública: ratios, salarios, plantillas, infraestructuras, burocracia, inclusión, valenciano y condiciones laborales. La última propuesta de la Conselleria de Educación, valorada por la Generalitat en 3.338 millones de euros hasta 2029, ha introducido nuevos compromisos sobre reducción de alumnado por aula, refuerzo docente e inversión en centros. Sin embargo, en el relato público de la negociación hay un ámbito que sigue apareciendo de forma lateral, casi invisible: las enseñanzas artísticas.
No se trata de una cuestión menor ni de un matiz técnico. Cuando se habla de “enseñanza pública no universitaria” se está nombrando un espacio muy amplio que no solo incluye Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional. También incluye estudios artísticos que forman a músicos, bailarines, intérpretes, diseñadores, ceramistas, restauradores o profesionales de la creación visual. Personas que cursan estudios superiores, con títulos equivalentes al grado universitario, pero que no forman parte del régimen universitario. Esa es una de las grandes contradicciones del sistema: son enseñanzas superiores, pero siguen ocupando una posición institucional periférica.
La propia legislación estatal reconoce las enseñanzas artísticas superiores como parte de la educación superior y las sitúa en el mismo nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior que los títulos universitarios de grado. En la Comunitat Valenciana, el ISEACV agrupa estos estudios en áreas como Arte Dramático, Artes Plásticas, Danza, Diseño y Música, con planes de 240 créditos ECTS. Es decir, no hablamos de actividades complementarias ni de formación cultural secundaria, sino de estudios superiores que requieren pruebas de acceso, especialización técnica, espacios específicos, profesorado cualificado y una relación directa con sectores profesionales estratégicos.
Sin embargo, la negociación de la huelga no está siendo leída desde esa complejidad. Los avances anunciados se explican casi siempre a partir de parámetros escolares: reducción de ratios en Infantil y Primaria, límites en ESO y Bachillerato, refuerzo de plantillas docentes, infraestructuras de centros educativos o condiciones generales del profesorado. Son medidas importantes, pero no agotan el problema. La pregunta que apenas aparece es otra: ¿qué ocurre con las enseñanzas artísticas? ¿Dónde están los compromisos específicos para los conservatorios, las escuelas de arte y diseño, los centros superiores de danza, arte dramático o conservación? ¿Cómo se traducen las promesas generales en aulas taller, laboratorios, platós, estudios de grabación, salas de ensayo, equipamientos técnicos, ratios de práctica, materiales, software, instrumental o acompañamiento profesional?
El diseño, la música o la danza no se enseñan igual que una materia ordinaria de instituto. Requieren metodologías propias, espacios de trabajo adecuados, tiempo de experimentación, seguimiento individual, equipamientos actualizados y una relación constante con la práctica profesional. En una escuela de diseño, la calidad de la enseñanza depende también de talleres, licencias digitales, laboratorios de fabricación, fotografía, impresión, audiovisual, prototipado o espacios de crítica colectiva. En música y danza, las necesidades pasan por cabinas, instrumentos, salas acondicionadas, pianistas acompañantes, horarios compatibles con la práctica intensiva y condiciones físicas que permitan desarrollar una formación de alto rendimiento. Reducir todo ello a una discusión genérica sobre centros no universitarios empobrece el diagnóstico.
La paradoja es especialmente grave porque estas enseñanzas forman parte de sectores que las instituciones suelen reivindicar cuando hablan de cultura, innovación, industrias creativas, diseño, economía del conocimiento o internacionalización. La Comunitat Valenciana presume con frecuencia de diseño, música, artes escénicas, cerámica, patrimonio y creatividad. Pero cuando llega el momento de negociar recursos, plantillas y reconocimiento institucional, esos estudios vuelven a quedar dentro de una categoría administrativa que no expresa su singularidad.
El problema no es solo laboral. También afecta al alumnado. Quien estudia Diseño, Música, Danza o Arte Dramático en el sistema público valenciano no está cursando una formación menor. Está en educación superior, con exigencias académicas y profesionales comparables a otros grados. Pero su realidad administrativa no se corresponde siempre con ese nivel de reconocimiento. No disfruta del mismo marco simbólico que la universidad, ni sus centros aparecen con la misma claridad en el debate político, ni sus necesidades específicas ocupan un lugar proporcional en las negociaciones educativas. La equivalencia del título no basta si no va acompañada de estructura, financiación, autonomía, visibilidad y condiciones materiales.
La huelga docente ha conseguido abrir una discusión necesaria sobre la situación de la enseñanza pública valenciana. Pero también está mostrando los límites de una conversación que sigue pensándose desde las etapas más visibles del sistema. Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato concentran buena parte de la atención pública porque afectan a la mayoría de familias y porque condicionan cuestiones sensibles como la conciliación o el acceso a la universidad. Pero las enseñanzas artísticas también son educación pública. También sostienen futuro profesional. También necesitan ratios razonables, plantillas suficientes, infraestructuras dignas y menos burocracia. Y, sobre todo, necesitan ser nombradas.
En las manifestaciones se habla de educación pública, pero pocas veces se explica que dentro de esa educación pública hay estudios superiores artísticos que llevan años reclamando un lugar más claro. La reivindicación del profesorado no universitario no puede acabar absorbiendo la especificidad de estos centros hasta hacerla desaparecer. Al contrario: debería servir para poner sobre la mesa que el sistema educativo valenciano tiene una deuda particular con las enseñanzas artísticas.
La negociación entre Conselleria y sindicatos puede avanzar en los próximos días. Puede haber acuerdo sobre salarios, ratios o plantillas. Pero si el resultado final no incorpora una lectura específica de las enseñanzas artísticas, el conflicto habrá dejado intacta una de sus zonas más frágiles. La mejora de la educación pública no puede medirse solo en términos de aulas de Primaria o Bachillerato. También debe preguntarse qué lugar ocupan quienes se forman para diseñar, interpretar, componer, restaurar, bailar o construir cultura visual.
Porque el verdadero problema no es que las enseñanzas artísticas estén fuera de la universidad. El problema es que, demasiadas veces, también quedan fuera del relato.