El insultante concurso del Ayuntamiento de Alcoi

Guanyar Alcoi, Partido Popular y Vox han unido sus votos para obligar al Gobierno municipal (PSOE y Compromís) a recuperar el concurso popular del cartel de la Cabalgata de Reyes, después de que el Ayuntamiento decidiera sustituirlo por un encargo profesional. El resultado: siete días para presentar hasta tres carteles terminados, un premio de 1.200 euros, inicialmente eran 990. Una decisión política que vuelve a poner de manifiesto el escaso respeto institucional por el trabajo creativo.

El Ayuntamiento de Alcoi había decidido dar un paso adelante. El pasado 13 de octubre anunció que abandonaba el tradicional concurso del cartel de la Cabalgata de Reyes y que, en su lugar, seleccionaría directamente a la persona encargada de diseñarlo. Una decisión que permitía dejar atrás un procedimiento que las organizaciones profesionales llevan años denunciando por su carácter especulativo.

El propio consistorio reconocía en su comunicado oficial el esfuerzo creativo que supone participar en un concurso donde solamente cobra quien gana. Y justificaba el cambio, entre otras razones, por la conveniencia de concentrar los esfuerzos en una única creación.

Parecía una decisión razonable. Pero duró apenas tres semanas.

Guanyar, PP y Vox: una alianza para recuperar el concurso

El 6 de noviembre, el pleno municipal aprobó una moción presentada por Guanyar Alcoi, defendida por su concejala Mari Carmen Paredes, para recuperar el concurso popular. La propuesta recibió el apoyo del Partido Popular y Vox, sumando 13 votos frente a los 11 del Gobierno municipal, formado por PSOE y Compromís, con un concejal ausente.

La explicación de Guanyar era que el concurso constituía una iniciativa cultural abierta a toda la ciudadanía, independientemente de la trayectoria artística de cada persona. Su eliminación, defendían, suponía un retroceso en la participación ciudadana.

El PP también había criticado la eliminación del certamen, mientras que Vox respaldó su recuperación. Durante el pleno se retiró, a petición de Vox, una propuesta de votación popular de los carteles que Guanyar había incluido inicialmente.

Lo más significativo es que Compromís propuso limitar la participación a profesionales del diseño, pero la enmienda fue rechazada. El concurso debía seguir abierto a cualquiera.

El concejal de Fiestas, Jordi Martínez, defendió la decisión inicial recordando las reivindicaciones de los profesionales contra unos concursos donde trabajan muchos y solamente cobra uno. La concejala de Compromís Elisa Guillem también advirtió de la precariedad que generan estos procedimientos. De poco sirvió.

Resulta llamativo que partidos tan alejados políticamente hayan encontrado precisamente en la recuperación de un concurso especulativo un punto de acuerdo. Y resulta todavía más llamativo que se presente como una victoria de la participación ciudadana lo que, desde la perspectiva profesional, supone recuperar un sistema de trabajo sin remuneración garantizada.

Porque fomentar la participación cultural es perfectamente legítimo. Utilizarla como argumento para obtener trabajos profesionales gratuitamente es algo muy diferente.

Una semana para tres carteles y 990 euros que después fueron 1.200

La consecuencia de aquella votación llegó el 10 de noviembre. El Ayuntamiento publicó apresuradamente las bases del concurso, estableciendo un plazo de apenas siete días naturales para entregar obras originales, completamente terminadas, impresas y montadas sobre soporte rígido.

Cada participante puede presentar hasta tres carteles. Tres trabajos completos, si así lo desea, para optar a un único premio.

Inicialmente, la recompensa era de 990 euros, IVA incluido. Una cantidad tan escasa que provocó nuevas críticas, incluidas las de Guanyar Alcoi, el partido que había impulsado la recuperación del certamen.

El 12 de noviembre el Ayuntamiento anunció que elevaba el premio a 1.200 euros, su cuantía tradicional. Según explicó el consistorio, los 990 euros respondían a una solución administrativa que evitaba trámites adicionales de contratación menor. Finalmente, encontró otra fórmula para gestionar el pago mediante una subvención.

Es decir, primero se decidió cómo pagar y después se recuperó la cantidad habitual. No consta, sin embargo, una valoración económica del trabajo profesional necesario para desarrollar el cartel.

Y lo más preocupante: el Ayuntamiento reconoció que la decisión del pleno había obligado a reducir el plazo de participación a una semana.

La urgencia creada por una decisión política termina trasladándose a quienes deben realizar el trabajo.

Una ciudad con escuela de diseño que considera innecesaria la formación

Alcoi cuenta con la Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi (EASDAL), una institución pública que forma profesionales del diseño. También dispone de una Escuela Municipal de Bellas Artes y de estudios relacionados con el diseño en el campus de la Universitat Politècnica de València.

Sin embargo, el Ayuntamiento ha decidido que para desarrollar la imagen institucional de una de las celebraciones más importantes de la ciudad no es necesario acreditar formación ni experiencia alguna.

No se trata de afirmar que solamente una persona titulada pueda diseñar. El talento no pertenece exclusivamente a la universidad ni a las escuelas superiores. Pero resulta contradictorio invertir recursos públicos en formar profesionales mientras se utiliza un concurso popular para cubrir una necesidad de comunicación institucional.

¿Qué mensaje se transmite a quienes estudian diseño y a quienes llevan años ejerciendo profesionalmente?

El problema no es que participe cualquier ciudadano. El problema es confundir una actividad cultural participativa con la adquisición de un servicio profesional.

¿Se permitiría esto en cualquier otra profesión?

El Ayuntamiento necesita un cartel. Necesita una imagen que anuncie su Cabalgata, que cumpla unas especificaciones, que incorpore información institucional y que pueda reproducirse en distintos soportes.

Es una necesidad concreta de comunicación visual.

¿Actuaría igual si necesitara contratar un servicio de arquitectura, asesoramiento jurídico, iluminación navideña o mantenimiento de instalaciones? ¿Convocaría a decenas de profesionales para que realizaran previamente sus trabajos y pagaría solamente al elegido?

La comparación tiene sus límites jurídicos, pero evidencia una diferencia en la consideración económica del trabajo creativo.

La Ley de Contratos del Sector Público exige precios adecuados al mercado y procedimientos proporcionados cuando se contratan servicios. La cuestión que debería examinarse es si una convocatoria como esta, destinada a obtener un cartel institucional terminado, puede tramitarse como un premio cultural sin aplicar las garantías que corresponderían a un encargo profesional.

No existe una resolución que declare ilegal el concurso de Alcoi. Pero hay motivos suficientes para cuestionar su naturaleza jurídica, sus condiciones económicas y la proporcionalidad de sus exigencias.

Además, organizaciones como el International Council of Design y la ADCV llevan años rechazando los concursos especulativos y promoviendo procedimientos de contratación que no obliguen a trabajar gratuitamente para conseguir un encargo.

Alguien debería poner límites

Lo más grave del episodio de Alcoi no son los 1.200 euros. Ni siquiera los siete días de plazo. Es que una Administración había identificado un problema, había decidido corregirlo y una mayoría política ha obligado a recuperar precisamente aquello que se pretendía cambiar.

Y lo ha hecho en nombre de la participación ciudadana.

Los concursos especulativos sobreviven porque impugnarlos cuesta tiempo y dinero. Pocos profesionales están dispuestos a emprender una batalla jurídica contra una Administración por un cartel de 1.200 euros. Pero eso no convierte sus condiciones en correctas ni las hace necesariamente conformes a la legislación.

El Ayuntamiento debería suspender la convocatoria, revisar el procedimiento y recuperar un sistema que permita seleccionar una propuesta profesional sin exigir previamente trabajos terminados y no remunerados.

La participación ciudadana no puede convertirse en la excusa para precarizar el trabajo de los profesionales.

Y si las administraciones públicas no son capaces de comprenderlo por sí mismas, quizá haya llegado el momento de exigirles que lo expliquen ante los órganos encargados de velar por la legalidad de su actuación.

Salir de la versión móvil