El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha resuelto las diferentes multas que deben asumir la Asociación de Diseñadores Gráficos de Asturias (AGA) y la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) al entender que ambas han llevado a cabo prácticas restrictivas de la competencia contrarias a la ley 15/2007, de julio, de Defensa de la Competencia. La cuantía de la sanción asciende a 6.400 en el caso de AGA y a 24.000 euros en ADCV.
El CNC entiende que ambas asociaciones han inducido a sus asociados a establecer un «tarifario mínimo recomendado» relativo a la prestación de servicios de diseño profesional. Lo chocante de esta resolución es saber que este dictamen negativo se debe básicamente a una cuestión de nomenclatura o «error léxico», tal y como indica la presidenta de AGA, Isabel González. Las tarifas recomendadas objeto de sanción se establecieron después de realizar un estudio y en base a diferentes encuestas que se hicieron online y telefónicamente entre los profesionales del diseño. Esa guía de tarifas se estableció más de cara a los clientes, para que éstos conocieran el valor del diseño, siendo raro que en la práctica diaria el profesional cobrara las tarifas establecidas. De ahí que irrite hasta el extremo saber que si en vez de haber utilizado el término «recomendación» se hubiera utilizado el término «encuesta», esta sanción no hubiera tenido lugar.
El caso no deja de ser grotesco. Sobre todo si pensamos que tanto AGA como ADCV se constituyeron para ayudar a sus miembros, proporcionando herramientas con las que facilitar la tarea de funcionar en el mercado, más aún en estos momentos complicados. A pesar de que el poder de las asociaciones es muy limitado en el sector, ahora la ley se vuelve en su contra. En vez de ayudar a sus miembros, sucede lo contrario, los profesionales se ven sancionados y quedan desprotegidos.
AGA ya hecho efectivo el pago de la multa gracias a la contención en el gasto en la asociación, lo que no ha supuesto un incremento en las aportaciones de sus socios. Por su lado, ADCV va a plantear un recurso a la sentencia, lo que retrasará el pago de la multa, un punto importante si tenemos en cuenta la incontenible situación financiera (en 2012 la deuda rozaba los 100.000 euros) e institucional (la mitad de la junta directiva ha dimitido) a la que se enfrenta la asociación valenciana.