El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un concurso para definir un nuevo sistema visual con el objetivo de mejorar la coherencia y el reconocimiento de su comunicación institucional. La convocatoria busca un estudio, agencia o profesional del diseño para desarrollar un sistema que contemple el uso de logotipos, tipografías, iconografía y otros elementos gráficos aplicables a diferentes soportes y medios.
El proceso de selección consta de dos fases. En la primera, los interesados deben presentar un portafolio anónimo con un mínimo de cinco proyectos de identidad visual y comunicación gráfica, junto con una carta de motivación y un currículum. Un comité asesor seleccionará tres finalistas, quienes en la segunda fase desarrollarán una propuesta creativa. Cada uno recibirá 3.250 € (IVA excluido), mientras que el ganador será adjudicatario del encargo por 36.750 € (IVA excluido).
El concurso está siendo gestionado a través de ADG-FAD, la Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos, encargada de recibir las candidaturas y organizar el proceso de selección.
Toda la información y las bases está detallada en la web de ADG-FAD
Algunas cuestiones llamativas en la convocatoria
A pesar de que el concurso sigue un esquema habitual en este tipo de proyectos, hay ciertos detalles que llaman la atención y pueden generar dudas sobre la estructura del proceso.
Uno de los aspectos más curiosos es la intermediación de ADG-FAD en la gestión del concurso. En lugar de ser tramitado directamente por el Ayuntamiento de Barcelona, es esta asociación la encargada de recibir los portafolios, coordinar la selección y comunicar las decisiones. Aunque en las bases no se detalla el tipo de acuerdo con el Ayuntamiento, parece evidente que ha habido algún tipo de adjudicación o convenio para que la asociación asuma este papel.
Este punto plantea una pregunta legítima: ¿por qué se ha elegido a esta entidad y no a otras, o incluso a varias asociaciones profesionales? Barcelona cuenta con numerosas organizaciones relevantes en el ámbito del diseño, como el Col·legi de Dissenyadors Gràfics de Catalunya, Art Directors Club of Europe, Asociació de Ilustradors o incluso otras asociaciones del resto del territorio la Asociación Española de Branding, o la Asociación de Agencias de España todas ellas con un papel activo en el sector. Sin embargo, el concurso no se ha dado a conocer a través de estos canales, lo que podría limitar la diversidad de participantes.
¿Es adecuada la remuneración para este tipo de encargo?
Otro aspecto que merece atención es la remuneración prevista para el desarrollo del sistema visual. El presupuesto establece que los tres finalistas de la segunda fase recibirán 3.250 € (IVA excluido) por la presentación de su propuesta, mientras que el estudio, agencia o profesional ganador será adjudicatario del encargo por 36.750 € (IVA excluido).
Si bien es positivo que los finalistas reciban una compensación por el trabajo desarrollado —una práctica que no siempre se da en concursos de diseño—, el importe resulta ajustado en comparación con la envergadura del proyecto. Crear un sistema visual completo para una institución como el Ayuntamiento de Barcelona implica un trabajo de conceptualización, diseño y manualización que suele requerir meses de desarrollo.
Además, cabe preguntarse hasta qué punto esta segunda fase se convierte en un concurso especulativo. A los finalistas se les pide desarrollar una propuesta en menos de un mes, sin tiempo ni recursos suficientes para realizar un proyecto con la profundidad y solidez que un encargo de esta magnitud requiere. Esto podría generar un problema de calidad en las propuestas, algo que ya ha ocurrido en otras licitaciones de este tipo y limitar la participación de estudios que, por estructura o carga de trabajo, no puedan permitirse dedicar semanas a un proyecto sin garantías de adjudicación.
Falta de un sistema de evaluación medible y objetivo
Otro punto que llama la atención en las bases del concurso es la ausencia de un sistema de evaluación medible y transparente para la selección de los portafolios y las propuestas finales. Si bien se menciona que el comité asesor valorará aspectos como la calidad conceptual, formal y funcional de los trabajos, en ningún momento se detallan criterios objetivos y puntuaciones específicas que permitan medir y comparar de manera justa las candidaturas.
En concursos públicos, este tipo de falta de objetividad puede derivar en problemas legales. Si no existe una puntuación clara para cada apartado de la convocatoria, la selección de los finalistas y del ganador queda sujeta a criterios subjetivos, lo que abre la puerta a posibles impugnaciones por parte de los participantes que no resulten seleccionados. De hecho, este tipo de situaciones ya se han dado en otros concursos públicos en España, donde la falta de transparencia en la valoración ha llevado a procedimientos legales en los que las asociaciones implicadas han tenido que comparecer para justificar decisiones que, al no estar basadas en criterios cuantificables, resultaban difícilmente defendibles.
Para evitar este riesgo, en un concurso público debería establecerse un sistema de puntuación claro, donde cada candidato pueda conocer su valoración en cada apartado y entender en qué aspectos ha destacado o qué áreas necesita mejorar. Esto no solo garantiza la legalidad y equidad del proceso, sino que también protege a los organizadores de posibles litigios y asegura que el concurso se desarrolle bajo los principios de igualdad, transparencia y competencia justa.
¿Qué coste total tiene el concurso?
Otro punto que no queda claro en la convocatoria es el presupuesto total asignado. Se especifica la retribución de los participantes en la segunda fase, pero no se menciona si hay pagos adicionales para ADG-FAD por su labor de gestión, ni si los miembros del jurado reciben una compensación por su participación.
No es habitual que en concursos públicos se omita esta información, ya que forma parte de la transparencia del proceso. Al no especificarse en las bases, queda la duda de si existen otros costes adicionales que no han sido detallados.
Una carta de motivación y un CV en un ámbito profesional
Otro requisito llamativo es la solicitud de una carta de motivación y un currículum junto con el portafolio. En un concurso de estas características, dirigido a agencias y estudios, resulta poco habitual este tipo de documentación, ya que la mejor “motivación” debería reflejarse en el propio trabajo y en la trayectoria del participante.
De hecho, en otras ciudades como Valencia, las cartas de motivación fueron eliminadas en procesos similares precisamente porque su contenido tendía a ser irrelevante: la mayoría de los textos se centraban en destacar la propia valía del candidato sin aportar criterios objetivos de selección.
En cuanto a la solicitud de un CV, su denominación puede generar confusión. Aunque en las bases se especifica que pueden presentarse estudios o agencias, el uso del término “currículum” sugiere que se está pensando en profesionales individuales más que en equipos de trabajo. Esta ambigüedad en la redacción puede dar lugar a interpretaciones erróneas sobre el perfil esperado.
Un jurado con perfiles dispares
La composición del comité asesor también plantea algunas cuestiones interesantes. Aunque incluye a figuras reconocidas del diseño y la publicidad, como Toni Segarra, sorprende la presencia de Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu. Su experiencia en gestión cultural es indiscutible, pero su vinculación con el diseño gráfico y la identidad visual institucional no es tan evidente.
Si el propósito del jurado es garantizar una evaluación especializada, ¿no habría sido más adecuado incluir a expertos en branding institucional, diseño gráfico para administraciones públicas o comunicación digital?
Más allá de las cuestiones que generan dudas, este concurso representa una oportunidad interesante para muchos estudios de diseño en España. La posibilidad de desarrollar el sistema visual de una institución con la relevancia del Ayuntamiento de Barcelona supone un reto creativo significativo y un escaparate para el talento del sector. Para muchos diseñadores y agencias, este tipo de encargos no solo permiten aportar valor a la comunicación institucional, sino que también suponen un reconocimiento a su trayectoria y capacidades.
Si bien hay aspectos que podrían haberse estructurado de manera más abierta y equitativa, el interés que ha despertado el concurso demuestra la necesidad de seguir reflexionando sobre cómo las administraciones pueden colaborar con el sector del diseño de forma efectiva, justa y transparente.