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La futura norma amplía el alcance de la publicidad pública a plataformas digitales, refuerza la transparencia y abre un nuevo escenario de competencia para medios y agencias.
El reciente Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público aprobado por el Consejo de Ministros no es una simple actualización normativa. Como señala Marto Egido, docente del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura en UNIE Universidad, se trata de una reforma que “plantea un posible rediseño del ecosistema mediático, publicitario y creativo en el que operan agencias, diseñadores y medios”.
La ley sustituirá a la vigente desde 2005, un marco concebido en un contexto previo a la irrupción masiva del entorno digital. Dos décadas después, el consumo de información, los canales de distribución y las dinámicas publicitarias han cambiado de forma radical, obligando a replantear cómo se gestiona la comunicación institucional.
Del papel a las plataformas: un cambio estructural
Uno de los elementos más significativos del anteproyecto es la incorporación de los prestadores de plataformas en línea dentro del sistema regulado. Es decir, redes sociales, plataformas de vídeo o agregadores pasan a formar parte del circuito de contratación de publicidad pública.
Egido lo sitúa en un cambio estructural del propio medio: “Gran parte de la comunicación pública ya no se articula únicamente a través de prensa, radio o televisión, sino también en entornos digitales donde operan redes sociales, agregadores de contenidos o plataformas de vídeo”.
Desde el punto de vista del diseño, esta ampliación consolida una realidad que ya estaba en marcha: la creatividad institucional se diseña hoy como un sistema adaptable, pensado para múltiples formatos y pantallas, más que como una pieza cerrada.
Sin embargo, este movimiento también introduce nuevas tensiones. La entrada de grandes plataformas tecnológicas puede alterar el reparto de la inversión pública, desviando recursos hacia actores con mayor capacidad de segmentación y alcance global. Como advierte el propio texto, esto podría fragmentar aún más un sistema que ya estaba en transformación.
Transparencia: entre la demanda histórica y la complejidad operativa
Otro de los pilares de la reforma es el refuerzo de la transparencia en la asignación de campañas institucionales. El objetivo es claro: evitar que la publicidad pública funcione como herramienta de presión política o como vía indirecta de financiación de determinados medios.
En palabras de Egido, la medida busca responder a una reivindicación de fondo del sector, estableciendo “criterios objetivos para la contratación, junto con mayores obligaciones de publicación de datos sobre el reparto de la inversión publicitaria institucional”.
No obstante, esta mayor regulación no está exenta de efectos secundarios. La introducción de procedimientos más detallados puede derivar en sistemas de contratación más complejos y menos ágiles, lo que podría afectar a la capacidad de reacción de las administraciones en campañas que requieren rapidez.
Pluralismo y redistribución del mercado
El anteproyecto también introduce límites a la concentración de la inversión publicitaria en determinados medios, con el objetivo de fomentar el pluralismo informativo. La intención es evitar que grandes grupos acumulen la mayor parte de los recursos y facilitar la entrada de medios más pequeños o especializados.
Este punto es especialmente relevante en un contexto en el que la publicidad institucional ha funcionado durante años como una fuente relativamente estable de ingresos para ciertos actores del sector. Su redistribución puede alterar equilibrios consolidados y abrir nuevas oportunidades, pero también generar incertidumbre.
Una ley que afecta directamente al diseño
Más allá de su dimensión jurídica o económica, el anteproyecto incide de lleno en el ámbito de la comunicación visual. Como subraya Egido, la evolución del marco legal refleja que “la creatividad institucional ya no se concibe para un único soporte, sino para un ecosistema de pantallas, formatos dinámicos y lenguajes adaptados al entorno digital”.
Para diseñadores, agencias y estudios, esto implica trabajar en un entorno más complejo, donde la planificación de medios, los datos y los canales condicionan cada vez más la forma final de los proyectos.
La ley aún debe superar su tramitación parlamentaria, pero el debate ya está abierto. Y no es menor: lo que está en juego no es solo cómo se regula la publicidad institucional, sino cómo se redistribuye el poder —y los recursos— dentro del ecosistema mediático y creativo.
