La Junta introduce en sus ayudas al cine una cláusula que impide financiar obras consideradas «adoctrinamiento ideológico». La convocatoria no define el concepto ni lo incorpora a los criterios de puntuación. Tras la polémica, el consejero Alberto Díaz Pico ha anunciado que funcionarios y expertos evaluarán la «trascendencia ideológica» de los proyectos, mientras el Ministerio de Cultura prepara un recurso ante los tribunales.
La Junta de Castilla y León ha incorporado una condición política a las subvenciones destinadas a la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y pilotos de series de animación y televisión. La convocatoria oficial, publicada el 9 de octubre, establece que el dinero público no podrá destinarse a actuaciones que impliquen «adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas».
La cláusula aparece como un requisito que deben cumplir los beneficiarios. Sin embargo, la convocatoria no define qué entiende por adoctrinamiento, no identifica contenidos incompatibles con la ayuda y tampoco incorpora este examen entre los criterios de valoración. Esa indeterminación deja abierta una cuestión central: cómo se decidirá que una obra ha dejado de ser creación cultural para convertirse en propaganda.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, de Vox, ofreció este miércoles una primera explicación. Según declaró, una comisión formada por técnicos y expertos de la Administración evaluará la «trascendencia ideológica» de los proyectos. Preguntado por el método, apeló al «sentido común» y defendió que los fondos deben generar «una cultura para todos». No concretó ejemplos de películas que pudieran quedar excluidas ni explicó qué garantías tendrán las productoras para conocer, discutir o recurrir esa valoración.
La respuesta añade un órgano evaluador, pero no resuelve el problema del criterio. El «sentido común» no constituye un baremo verificable y puede variar según quién examine cada expediente. Tampoco está claro si la comisión valorará únicamente la documentación presentada o si podrá intervenir cuando la producción ya se encuentre en marcha, una diferencia relevante porque las subvenciones abarcan varias fases del proyecto.
La convocatoria está dotada con 325.000 euros y permanece abierta hasta el 3 de noviembre. Cada ayuda puede alcanzar un máximo de 60.000 euros, sin superar el 50 % del presupuesto de la obra, y la productora debe aportar al menos el 10 % del coste. Además, el anticipo se reduce del 25 % al 20 %, lo que obliga a las empresas beneficiarias a asumir una parte mayor de la financiación durante el proceso.
La cuantía puede parecer limitada, pero resulta significativa para un tejido audiovisual pequeño. En la convocatoria anterior se financiaron diez de los 42 proyectos presentados. Las producciones seleccionadas abordaban asuntos históricos, medioambientales, religiosos y territoriales. Esa diversidad muestra la dificultad de establecer una frontera neutral entre una obra que propone una interpretación del mundo y otra que pretende adoctrinar.
La medida afecta también al trabajo de diseñadores, animadores, ilustradores, montadores, fotógrafos y directores de arte. Una película no expresa ideas únicamente mediante el guion: también lo hace a través del encuadre, la escenografía, el vestuario, los títulos de crédito, la música, el cartel y la campaña de comunicación. Si el límite ideológico no está definido, la incertidumbre puede trasladarse a todas esas decisiones antes incluso de que exista una resolución administrativa.
El riesgo no consiste solamente en que un proyecto sea rechazado. También puede aparecer una autocensura previa: que sus responsables modifiquen temas, personajes o lenguajes visuales para evitar que la financiación quede comprometida por una interpretación posterior.
Díaz Pico ha relacionado la decisión con su defensa de la «neutralidad institucional» y ha sostenido que la Seminci tiene margen para mejorar en ese terreno. También ha reclamado películas sobre episodios vinculados con «el espíritu y la presencia de España en el mundo». La declaración introduce una contradicción: la Administración rechaza financiar determinadas orientaciones mientras su responsable cultural señala otras temáticas que considera insuficientemente representadas.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que recurrirá la orden ante los tribunales. La considera «una forma de censura intolerable» y un ataque a la libertad de expresión. El recurso todavía no se ha formalizado públicamente y, por tanto, la convocatoria continúa vigente.
El debate no consiste en negar que las subvenciones deban tener condiciones. Deben acreditar finalidad, solvencia, ejecución, justificación del gasto y respeto a la legalidad. La diferencia es que esos requisitos pueden documentarse. Determinar el contenido ideológico aceptable de una obra exige interpretar su significado.
Hasta que la Junta publique un protocolo preciso o los tribunales se pronuncien, las productoras tendrán que solicitar una ayuda sin conocer uno de sus límites decisivos. En esa incertidumbre se encuentra el verdadero alcance de la medida: no solo decide qué proyectos reciben dinero público, sino bajo qué marco de libertad empiezan a imaginarse.