La Agencia Valenciana Antifraude está investigando a la concejalía de Cultura Festiva por el fraccionamiento de contratos de los carteles de Fallas 2017, un proyecto adjudicado a través de ‘llamada a proyecto’ a Luis Demano y Joan Quirós.
El juzgado de Instrucción número 20 de València ha iniciado diligencias para investigar porqué se adjudicó primero la creatividad del cartel por un importe de 4.000 € para luego facturar 24.319 € en un segundo contrato. El segundo contrato fue cobrado a través de tres facturas por importes de 1.113 €, 8.340 € y 10.700 €, facturas que hacen alusión al «diseño y la gestión de la impresión de invitaciones» y en dos más por «la adaptación de creatividad de Fallas para distintos medios de comunicación», conceptos que ya estaban incluidos en la primera factura y adjudicación del cartel.
Luis Demano en declaraciones para Gràffica nos cuenta que «pedimos al Ayuntamiento hacer un contrato a parte con el resto de adaptaciones que fueran surgiendo y que no estaban en la adjudicación inicial y este aceptó sin problemas».
DOS CONTRATOS DIFERENTES
«Nosotros firmamos el contrato por el que ganamos el premios y posteriormente fue cuando firmamos el contrato de todo lo que iba saliendo. Pero es que el Ayuntamiento no sabía todo lo que necesitaban y lo que iba saliendo», comenta Demano.
El ganador de la edición anterior, el diseñador Ibán Ramón, ya les advirtió a Demano y Quirós de esta práctica y de que se darían esas necesidades extra, que en el caso de Ibán Ramón no fueran satisfechas por el Ayuntamiento como luego sí se ha hecho con los siguientes ganadores.
«Nosotros hicimos casi trescientas adaptaciones. Fue una barbaridad. Nosotros estuvimos trabajando durante casi 5 meses. Incluso después de que terminasen las Fallas, continuamos haciendo algunas adaptaciones de los carteles», puntualiza Luis Demano.
Al parecer el Ayuntamiento no prevé la amplitud del proyecto y solo licita el diseño y un mínimo de adaptaciones y soportes para después ir solicitando pequeños encargos a los ganadores del concurso. Una práctica que no parece lógica cuando las Fallas se desarrollan año tras años desde hace muchísimo tiempo. Sería comprensible en una actividad nueva pero en las Fallas, debería estar datadas todas y cada una de las actuaciones sobre la imagen de las Fallas.
«Todo esto, al final, funciona a salto de mata. Veníamos de una etapa donde el diseñador solo tenía que hacer ‘El Cartel’ de las Fallas. Pero en la actualidad, no es hacer solo un cartel; es generar toda una estrategia de comunicación y de marca donde se vuelca un concepto y todo gira entorno a él. No es un cartel de Fallas, es la imagen de las Fallas. Es muy diferente», comenta Demano en relación a las nuevas necesidades del proyecto.
MALA PRAXIS
El fraccionamiento es una causa muy común en los ayuntamientos y por la que la oposición siempre suele dar batalla al partido que está en el gobierno. El motivo que se aduce siempre es por la agilidad de contratación y por la urgencia de algunas actuaciones que impiden que se saque a concurso.
Consultada esta práctica a la abogada experta en procedimientos administrativos Sandra Bosch, nos comenta que «en el caso del proyecto de la imagen de las Fallas no parece que sea un proyecto de urgencia ni de nueva creación para que exista esa desviación entre lo que se licita y lo que se cobra finalmente».
El motivo aparente es que, de este modo, se facilita la creación de un concurso de méritos en los que no se exige ningún requisito legal ya que estamos ante un contrato de menor cuantía y de ese modo popularizar el concurso entre un sector que parece no ser consciente del juego legal en el que está inmerso.
«Si se tuviera que competir dentro del marco de la legislación vigente de contratación pública, donde se exige solvencia técnica y solvencia económica y financiera –entre otros requisitos–, posiblemente habría profesionales que no podrían ser contratados al no cumplir los requisitos de solvencia exigidos independientemente de su curriculum o portfolio. Es decir, de este modo el Ayuntamiento se asegura poder contratar a quien quiera evitando hacer burocracia interna. Una llamada a proyecto tiene una gestión mucho más rápida, mucho más ágil, porque no hay tramitación ninguna», matiza Bosch.
RESPONSABILIDAD PENAL
Sandra Bosch también nos apunta que «cuando se abre una causa penal, abarcan todo y llaman a todos. Y luego, ya van excluyendo de la causa a unos y otros en función de las declaraciones y diligencias practicadas. El juez puede implicar a actores en delitos de tráfico de influencias, colaboradores necesarios en prevaricación, falsedad de documentos, malversación de fondos públicos… los tipos penales son muy amplios y los diseñadores se podría ver envueltos en estas causas».
Es posible que el juzgado desestime la denuncia después de estudiar el caso pero visto el caso en perspectiva los diseñadores que quieran presentarse a los concursos públicos deberán estar atentos a este tipo de prácticas que pueden llevarles a problemas muy serios. De hecho la nueva ley de contratación ya ha limitado las cantidades y el periodo de tiempo por el cual una empresa solo puede acumular en contratos menores 15.000 € durante un año.