Hace unos meses el Ayuntamiento de Cádiz lanzaba un concurso para diseñar el cartel anunciador del Carnaval de Cádiz de 2019 cuyo pliego de condiciones –más que cuestionable– le hace un flaco favor a la profesionalización del sector del diseño. Lo sorprendente a estas alturas no es este tipo de concursos especulativos en sí –a los que, lamentablemente los creativos ya están acostumbrados–, sino que la Asociación de Diseñadores de Andalucía lo respalda hasta tal punto que forma parte del jurado.
El papel que se le supone a una asociación profesional es el de velar por los intereses de los profesionales. Por lo que, ante una iniciativa que no los respeta al 100 %, esta debe oponerse y no participar en dicha propuesta. En este caso, la Asociación de Diseñadores de Andalucía no solo no está velando por ellos, sino que reafirma su apoyo al concurso participando en él como jurado.
En este concurso, no es nada alentador que todo el mundo que se presente haga un trabajo gratis –a excepción del ganador que sí recibe una remuneración de 6.000 €–, ni que en el apartado de la propiedad intelectual se especifique que el creador del cartel debe ceder de forma gratuita los derechos de explotación.
Despojar al autor de los derechos intelectuales y de explotación de su obra parece, cuanto menos, una práctica abusiva por parte del Ayuntamiento, y más si este considera que dentro de la remuneración del encargo del diseño del cartel ya está incluida la compensación económica por esta cesión.
Cualquier organización o entidad que esté luchando por la dignidad de los diseñadores y la profesionalización del diseño no debería permitirlo.
Siendo estas una de las principales condiciones del pliego, ¿por qué ADD apoya este concurso en el que se trabaja gratis y al que puede presentarse cualquier vecino de Cádiz?
Por las declaraciones de su presidenta, Granada Barrero, la respuesta está en el miedo del Ayuntamiento a perder la simpatía y el favor de su electorado. Dicho de otro modo, se prefiere el populismo a la profesionalización del diseño.
«El concurso del cartel de carnaval de Cádiz es un evento festivo más del carnaval de Cádiz y así lo entiende la sociedad. El concurso existe desde que los carnavales existen. El Ayuntamiento está aceptando constantemente casi todos los cambios que le estamos proponiendo. Lo está haciendo paulatinamente porque entiende que es un concurso que socialmente tiene para ellos una acogida importante, es muy importante a nivel cultural en Cádiz y que siempre ha sido muy participativo y abierto», nos cuenta.
Barrero nos explica que desde el 2015 el Ayuntamiento de Cádiz les ha pedido colaborar en los concursos y que desde la Asociación han estado haciendo cambios y mejoras: «Nuestra postura no es o conmigo o contra mí. Eso implica que nosotros lo que queremos es trabajar con el Ayuntamiento y cada año mejorar las bases. Por un lado, hay una actitud por parte del Ayuntamiento a tenernos en cuenta y, a su vez, nosotros constantemente proponemos cambios y mejoras en las bases que van incluyéndose cada año. Con lo cual, existe una buena relación con el Ayuntamiento. Cada año seguimos insistiendo en algunos puntos en los que no estamos del todo de acuerdo».
Pero, con un vistazo rápido al pliego de condiciones, pueden verse todavía muchos aspectos que desprofesionalizan el trabajo del diseñador gráfico. Ya no solo las irregularidades que comparten con las llamadas a proyecto, sino características propias que definen a un concurso de diseño especulativo.
Al preguntarle a Barrero la razón por la cual la Asociación sigue apoyando esta iniciativa aun habiendo aspectos con los que no están de acuerdo, explica: «Somos diseñadores. Cuando nos llega un encargo de una entidad, o de cualquier empresa, los diseñadores podemos trabajar de dos maneras: o bien hacer un cambio disruptivo –que puede ser aceptado o no por los propios componentes de la organización, y con el que se corre el riesgo de que el público pueda rechazarlo de forma tajante–, o podemos gestionar el proyecto y hacer un cambio escalonado». Es decir, que el público en este caso sería la población gaditana y el cambio disruptivo sería cambiar las bases del concurso de forma radical en pro de la dignidad del profesional.
Debido a esta disyuntiva, la solución que se ha encontrado que contenta tanto al Ayuntamiento como a la Asociación, es la redacción de un pliego de condiciones en el que, a pesar de que se anima a participar todas las «personas físicas o jurídicas, con plena capacidad jurídica y de obrar», una primera criba del jurado solo seleccionará aquellas propuestas que se hayan realizado por una persona que pueda demostrar que es un profesional. En otras palabras, aunque participe toda la ciudadanía entregando su propuesta, en verdad solo estarán participando los profesionales del diseño. Dos realidades paralelas de las cuales solo son conocedores Ayuntamiento y jurado; una suerte de doble consideración que no está bien reflejada en las bases y con la que consiguen no perder la ilusión de la población al mismo tiempo que logran que el resultado del concurso sea un poco más aceptable.
¿Debe una asociación respaldar un concurso especulativo? ¿La asociación debe permitir la participación popular en lugar de exigir la profesionalización? ¿Se debe banalizar las cesiones de derechos de autor de los profesionales y no velar por los intereses de los diseñadores? Es bastante evidente que la respuesta debería ser no.