La demanda estadounidense contra el gigante tecnológico podría repercutir en sus operaciones en Europa, donde ya enfrenta a un escrutinio regulatorio severo.
En un movimiento sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, respaldado por 15 estados y el Distrito de Columbia, ha lanzado una acusación formal contra Apple, el coloso de la tecnología, por supuesto abuso de su posición dominante en diversos mercados, incluidos la telefonía móvil, el software, y servicios financieros, entre otros. Esta denuncia pone en el foco no solo al icónico iPhone, responsable de casi la mitad de los ingresos de Apple, sino también a su lucrativo segmento de servicios.
Con ventas que ascienden a unos 300.000 millones de dólares para el iPhone y cerca de 10.000 millones para sus servicios, Apple enfrenta acusaciones de restringir la competencia y de crear un “jardín vallado” que limita severamente las opciones de los consumidores y les impide cambiar a la competencia, como Android, fortaleciendo así su monopolio y permitiéndole imponer precios elevados.
La denuncia se centra en restricciones impuestas por Apple a aplicaciones de terceros, incluida la limitada compatibilidad de iMessage con servicios de mensajería de Android, el bloqueo de servicios financieros competidores, y el acceso restringido a servicios en la nube y a la interoperabilidad con dispositivos que no sean de la marca, como los relojes inteligentes no Apple.
Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, ha declarado que Apple ha mantenido su posición monopolística no solo a través de innovaciones tecnológicas sino también infringiendo las leyes de competencia. Por su parte, Apple ha rechazado las acusaciones, alegando que la demanda pone en peligro su identidad y la calidad superior de sus productos en un mercado altamente competitivo.
Esta denuncia en Estados Unidos podría tener importantes repercusiones en Europa, donde Apple ya enfrenta un intenso escrutinio por prácticas similares. La Comisión Europea ha acusado previamente a Apple de prácticas anticompetitivas relacionadas con Apple Pay y ha impuesto sanciones por acuerdos con Amazon, señalando un creciente interés regulador en la conducta de las grandes tecnológicas. La acción legal en Estados Unidos podría reforzar las preocupaciones europeas sobre la competencia y precipitar nuevas investigaciones o medidas reguladoras en el continente.
La comunidad creativa, especialmente los desarrolladores de aplicaciones y servicios digitales, observa atentamente estos desarrollos, ya que podrían abrir nuevas oportunidades en mercados hasta ahora dominados por unas pocas grandes empresas. La decisión final en este caso podría marcar un antes y un después en la manera en que las grandes tecnológicas operan, no solo en Estados Unidos sino también a nivel global.