El Ayuntamiento de Jaén ha publicado las bases de un concurso para crear su nueva marca turística. El documento exige una propuesta completa con logotipo, imagotipo y un manual de aplicación de diez láminas, todo ello en un plazo de veinte días y por un único premio de 3.000 euros. Además, impone la obligación de que el jurado mantenga en secreto sus deliberaciones. Tras consultar con Gràffica, la Asociación Andaluza de Diseñadores (AAD), que aparece en las bases como parte del jurado, niega haber validado estas bases y asegura que no coinciden con el texto que ellos asesoraron.
El Patronato Municipal de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico de Jaén ha convocado un concurso nacional para seleccionar la nueva marca turística de la ciudad. Las bases publicadas describen un proceso que encaja de lleno en la definición de concurso especulativo: los participantes deben elaborar un trabajo profesional completo —diseño, concepto, variantes tipográficas, criterios de uso, adaptaciones digitales, papelería y rotulación— sin ninguna garantía de remuneración salvo para una única propuesta ganadora.
Cada aspirante debe entregar un logotipo o imagotipo original acompañado de un manual de aplicación de diez láminas A4, incluyendo filosofía de marca, versiones cromáticas, normas de uso, escalabilidad, formatos responsive, ejemplos de papelería y aplicaciones digitales. Todo ello debe presentarse en un plazo de 20 días naturales desde la publicación de las bases. Además, los participantes deben firmar una declaración jurada que certifique que la propuesta no ha sido creada con inteligencia artificial.
El único premio previsto es de 3.000 euros, con retención de IRPF incluida. La persona ganadora deberá entregar todos los archivos finales —PDF vectorial, SVG, PNG, JPG en alta calidad, versiones completas del manual y materiales necesarios para la implementación de la marca—. Sin embargo, el planteamiento del concurso no solo es especulativo: también es exploratorio, porque las bases ya anticipan que, si el premio queda desierto, el Patronato podrá encargar directamente la marca a un diseñador de reconocido prestigio, sin concurso ni concurrencia pública. Este punto cuestiona el sentido mismo del proceso competitivo.
Otro aspecto crítico aparece en el funcionamiento del jurado. Las bases establecen que sus integrantes deben “guardar secreto sobre las deliberaciones y resultados de estas, así como de su evolución y fallo”, lo que implica la ausencia de actas públicas y la imposibilidad de conocer cómo se ha tomado la decisión final. Esta opacidad contrasta con los estándares habituales de transparencia exigidos en procesos financiados con dinero público.
El jurado está compuesto por la presidenta del Patronato, dos diseñadores gráficos propuestos por la Asociación Andaluza de Diseñadores (AAD), un arquitecto del Colegio de Arquitectos de Jaén, un representante del sector turístico, un artista plástico y técnicos municipales de Turismo. Sin embargo, la propia AAD ha aclarado a Gràffica que no ha validado estas bases, que no son las condiciones que habían asesorado y que han conocido la versión publicada a través de esta redacción. Su presidente, Gonzalo Galán, junto a miembros de la Junta Directiva, asegura que ya han intentado contactar con el concejal responsable para rectificar la convocatoria, aunque sin éxito por el momento.
El contraste entre el contenido que la AAD afirma haber asesorado y las bases finalmente publicadas abre interrogantes difíciles de ignorar. ¿Por qué se sustituyen unas condiciones consensuadas por un documento que exige trabajo profesional completo, fija un premio insuficiente, elimina la transparencia mediante el secreto de las deliberaciones y, además, contempla desde el inicio la posibilidad de un encargo directo? ¿Qué lógica persigue un concurso que pide tanto a los diseñadores, ofrece tan poco a cambio y mantiene mecanismos que permiten reinterpretar o anular el proceso según convenga?
La desproporción entre el volumen de trabajo exigido y los 3.000 euros del premio, el límite temporal de veinte días, la obligación de silencio del jurado y la previsión explícita de un encargo directo en caso de quedar desierto convierten esta convocatoria en un ejemplo nítido de mala praxis institucional. En su conjunto, las bases describen un procedimiento que trata el diseño como un ejercicio gratuito y sustituible, lejos de los estándares profesionales que deberían regir una identidad turística pública.