El programa “Creadores canarios con el comercio”, impulsado por el Ayuntamiento y cofinanciado por la Unión Europea, promete visibilidad pero no paga honorarios a los creadores.
Lo que debía ser una iniciativa para “dinamizar el comercio local” se ha convertido en una de las convocatorias más controvertidas del año. La Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha lanzado “Creadores canarios con el comercio local”, un proyecto que busca intervenciones artísticas en diez locales vacíos para “visibilizar oportunidades de emprendimiento” en las zonas comerciales de Rambla y Salamanca.
El programa, cofinanciado con fondos europeos FEDER (Canarias 2021–2027) dentro de la convocatoria “Canarias Destino Comercial Inteligente”, forma parte del llamado Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Rambla y Salamanca. Según las bases oficiales, se seleccionarán diez artistas, diseñadores o ilustradores que deberán desarrollar propuestas visuales de al menos dos metros cuadrados, resistentes a la intemperie y legibles a cinco metros. La empresa adjudicataria, OnCampus Training FRT S.L.U. (Laureon), será la encargada de producir e instalar las obras en los locales.
“Visibilidad profesional”, pero sin honorarios
La polémica ha estallado porque, pese a la complejidad técnica de los requisitos, las bases no contemplan ningún tipo de remuneración económica para los creadores seleccionados. Los artistas solo obtendrán “visibilización profesional”, “documentación fotográfica” y la inclusión de su trabajo en una ruta urbana llamada El Camino del Emprendedor Comercial.
El único pago previsto es un premio de 1.000 euros para la mejor propuesta, otorgado por la empresa adjudicataria, no por la administración pública. Ninguno de los otros nueve participantes recibirá compensación alguna.
La artista Gara Nivaria, que difundió el caso desde su perfil de Instagram, lo resume con claridad:
“La Unión Europea da un dinero, el Ayuntamiento adjudica a una empresa privada para dinamizar el comercio, esa empresa cobra, los locales se benefician si se reactivan, pero los artistas, que son quienes aportan el valor visual, no cobran nada. Es surrealista.”
Una carta del sector pide la revisión inmediata de las bases
La denuncia no se ha quedado en redes sociales. El pasado 7 de noviembre, la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Canarias (MSACC) —que agrupa a asociaciones como MAV, ArteMisia, AICAV y el Instituto de Arte Contemporáneo Canarias— remitió una carta oficial al Ayuntamiento y a la Sociedad de Desarrollo solicitando la revisión urgente de las bases de la convocatoria.
En el documento, al que ha tenido acceso Gràffica, la Mesa considera que la iniciativa incumple las buenas prácticas profesionales del sector y advierte de varios puntos críticos:
“Nos consta que la convocatoria solo contempla un único premio de 1.000 € a la mejor propuesta, sin que se especifique una remuneración para el resto de participantes. La ‘visibilización profesional’ no debe sustituir la contraprestación económica por el trabajo artístico.”
El texto también señala que las exigencias técnicas —obras de gran formato, materiales duraderos y exposición de seis meses— no aclaran quién asume los costes de producción, instalación o mantenimiento, lo que podría recaer injustamente en los artistas.
Además, la carta considera “excesivamente amplia” la cláusula que obliga a los autores a ceder los derechos de explotación de sus obras “para ámbito mundial y por todo el tiempo permitido por la ley”, sin contraprestación económica. Según las buenas prácticas sectoriales, la cesión de derechos debe ser siempre proporcional, temporal y limitada.
Otro punto polémico es la cláusula de exención de responsabilidad, que obliga a los participantes a mantener indemne tanto al Ayuntamiento como a la empresa adjudicataria frente a cualquier reclamación derivada del proyecto. Para la MSACC, esta disposición “desequilibra las condiciones en detrimento de los artistas”.
Fondos europeos y empresa privada
El hecho de que la convocatoria esté financiada con dinero europeo y gestionada por una empresa privada añade una capa más de controversia. El proyecto, que se presenta como una medida de reactivación económica del comercio, termina por situar a los creadores en un papel accesorio: aportan contenido, pero no se les reconoce como parte del tejido económico al que supuestamente se quiere fortalecer.
En términos prácticos, el plan público paga la gestión administrativa, la comunicación institucional y la implementación técnica de las obras, pero no el trabajo creativo que las origina.
La carta de la MSACC lo resume así:
“Para que esta iniciativa sea realmente equitativa y respetuosa con la profesionalización del sector, las condiciones deben adaptarse al nivel de exigencia técnica, creativa y de responsabilidad que se pide a los participantes.”
Cultura sin presupuesto
El caso de Santa Cruz no es aislado: forma parte de una tendencia recurrente en la que administraciones locales recurren al trabajo artístico para fines de revitalización urbana o promoción turística sin incluir una compensación económica justa.
El argumento de la “visibilidad” vuelve a sustituir al contrato profesional, pese a que el programa se presenta como una acción de emprendimiento y desarrollo económico.
Mientras la Sociedad de Desarrollo no ha emitido todavía una aclaración pública, la indignación crece entre artistas, ilustradores y diseñadores, que ven en este episodio un nuevo ejemplo de cómo las instituciones instrumentalizan la cultura sin reconocer su valor económico.
En un contexto donde la precariedad creativa es estructural, iniciativas como esta refuerzan la paradoja: el arte se usa para generar atractivo y riqueza, pero sus autores siguen siendo los únicos que no cobran.