El Ayuntamiento de Burjassot ha presentado un concurso para diseñar el logotipo del nuevo Consell Municipal de la Joventut. La convocatoria, aprobada en pleno el pasado mes de julio, se enmarca en los objetivos de la Agenda 2030 y en la Agenda Urbana del municipio, y tiene como finalidad «fomentar la participación juvenil y reforzar la identidad institucional del Consell».
El concurso plantea que los participantes —jóvenes de entre 14 y 30 años— desarrollen una identidad visual completa, con logotipo, tipografía, colores y memoria descriptiva, a cambio de tres premios en especie: un iPad, unos auriculares inalámbricos y un lote de libros.
Las bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, designan a tres personas como miembros del jurado: los artistas urbanos Nacho Mawe, José María González “Xemayo” y la diseñadora Paula Uceda. Sin embargo, tal y como ha podido confirmar Gràffica, ninguno de ellos fue informado previamente por el Ayuntamiento de su inclusión en el documento.
«A mí aún no me ha llegado ninguna noticia por parte del Ayuntamiento para preguntarme nada», explica Paula Uceda. «Por mi parte la decisión es clara: no voy a participar como jurado, porque en ningún momento sabía que lo era y porque no estoy de acuerdo con las bases, las condiciones ni el propósito de este concurso», añade.
Por su parte, Nacho Mawe confirma también su renuncia: «Oficialmente hemos renunciado a ser jurados». Según la información recabada por esta redacción, los tres nombres se habrían propuesto de manera informal por parte del concejal de Juventud, Javier Naharros Lozano, en conversaciones previas, pero sin comunicación formal ni autorización expresa antes de que las bases fueran aprobadas y publicadas.
Desde el Ayuntamiento, el propio Concejal delegado de Cultura y Juventud, Memoria Democrática, Turismo y Patrimonio ha explicado a Gràffica que «todo ha sido un malentendido con los miembros del jurado». Según su versión, «sí se les comentó y aceptaron formar parte», y asegura que le ha sorprendido la reacción de los artistas tras conocer su designación por la prensa. Naharros ha confirmado que el concurso «está abierto», que «ya hay personas interesadas» y que en breve se abrirán las fechas para presentar las obras.
Preguntado sobre el carácter especulativo del certamen, el concejal responde que «es un concurso, que puede presentarse quien quiera y que no ve ningún problema». Asegura que su intención es «incentivar la participación ciudadana», comparándolo con otros concursos municipales «de poesía o de literatura», y añade: «Es legal, y el que no quiera participar, que no lo haga. Es un concurso libre».
Respecto a la publicación de los nombres del jurado sin aviso previo, Naharros minimiza el hecho: «Es un documento que no ha visto tanta gente y que va dirigido a jóvenes; no pasa nada». También considera «justos» los premios en especie ofrecidos.
El modelo de concurso que plantea Burjassot es claramente especulativo: decenas de personas trabajarán en sus propuestas, pero solo una —o en este caso tres— recibirán algo a cambio. El resto, pese al tiempo, los recursos y los materiales invertidos, no recibirán compensación alguna. Una dinámica que, trasladada al ámbito educativo, enseña a los jóvenes que el trabajo creativo no tiene valor económico ni profesional, sino que se premia como una afición.
El desarrollo de una propuesta de identidad visual implica costes reales: licencias de software, tipografías, materiales de impresión, horas de dedicación y conocimientos adquiridos tras años de formación. Nada de eso está contemplado ni valorado. Tampoco se detalla qué ocurriría si las propuestas incluyeran recursos sujetos a derechos de autor —como tipografías comerciales— ni cómo se garantizará la titularidad legal del diseño ganador.
Las bases introducen además varias incongruencias. El preámbulo cita los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 16 y 17) y la Agenda Urbana 2030, que promueven la igualdad y la participación justa, pero no se mencionan medidas que aseguren una participación formativa ni condiciones de equidad para los concursantes. Por otro lado, el concurso se tramita como una subvención cultural, una figura administrativa pensada para apoyar proyectos culturales o asociativos, no para sustituir un encargo profesional de diseño.
La convocatoria está abierta también a menores de 14 a 17 años, que deberán presentar la autorización de sus representantes legales. Implicar a menores en encargos de esta naturaleza no solo genera dudas legales, sino que refuerza una visión distorsionada del diseño: se presenta como una actividad recreativa, ajena a la responsabilidad técnica, a los derechos de autor o a la exigencia de calidad institucional.
Y si el ganador fuera un participante de 25, 28 o 30 años, la situación tampoco mejora. Quien ha invertido años de estudio, equipos y formación profesional, recibe como recompensa un dispositivo electrónico o unos libros. Es una compensación simbólica que reduce una práctica profesional a un pasatiempo, negando de facto el derecho a un trato profesional, aunque se trate de una convocatoria pública financiada con fondos municipales.
El Ayuntamiento sostiene que el objetivo del concurso es “visibilizar el talento joven y reforzar la identidad del Consell”, pero el uso de un procedimiento especulativo para crear una marca institucional resulta difícil de conciliar con la retórica de sostenibilidad, igualdad y participación que impregna el propio texto de las bases.
La convocatoria continúa abierta y, según fuentes municipales, en los próximos días se anunciará el calendario para la presentación de obras.